Respira
Por Adela Navarro Bello
No hay cártel que se pueda formar, desarrollar y crecer, sin la ayuda del Estado. Los criminales requieren de impunidad para subsistir y empoderarse, y esa la compran billetes, la logran con amenazas o la disfrutan por complicidad de la autoridad, cuando el Estado decide no investigar los delitos que comenten, no perseguir a los autores, no juzgar a los asesinos y hasta proteger a los hampones.
El más claro ejemplo de este terrible círculo vicioso de la autoridad que sostiene a los cárteles de la droga lo están observando los mexicanos con el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, descubierto por madres buscadoras de desaparecidos apenas el 5 de marzo, pero que ya había sido localizado y presuntamente asegurado por la autoridad local en septiembre de 2024.
A pesar de los videos que los colectivos de buscadores de desaparecidos tomaron cuando descubrieron el horror en el llamado rancho del exterminio, de los cientos de objetos que pertenecieron a personas con paradero desconocido, entre pares de zapatos, mochilas, ropas, artículos personales, de las imágenes de las mujeres excavando huesos, restos humanos, de las fotografías de las áreas de adiestramiento, confinamiento y muerte, tanto la Fiscalía General de la República como la Presidencia de la República y su Secretaría de Seguridad Ciudadana, prácticamente están negando lo que la evidencia tomada por los colectivos mostró.
Hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó, al estilo amloísta, una campaña de ataque de sus adversarios para minimizar ante la población los horrores ahí descubiertos por los civiles. En este ambiente, los más tranquilos son los criminales que utilizaron el rancho Izaguirre para adiestrar, retener contra su voluntad, privar de la libertad y de la vida a personas, a jóvenes, a hombres y mujeres de acuerdo a los vestigios localizados en la superficie y bajo la misma en el rancho del exterminio.
Son tan cómplices, tan ineficientes y corruptibles en las corporaciones policiacas que, hasta los mismos criminales, generalmente de los cárteles adversarios, los señalan de ello. En los últimos días, en Baja California, en la Capital del Estado, seis narcomantas fueron colgadas en diversos y muy públicos espacios; en los mensajes amenazantes, los miembros de células del narcotráfico, particularmente del Cártel de Sinaloa, señalan con nombre y apellidos a mandos de corporaciones policiacas de servir a intereses mafiosos.
En Ensenada, Baja California, 15 policías fueron investigados por tomar parte en una pugna criminal entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. 11 de ellos fueron detenidos y están siendo procesados, y 4 más se encuentran en calidad de prófugos.
Una vez designado el teniente Julián Leyzaola Pérez como director de Seguridad Pública de Mexicali, municipio al que llegó luego que le incumplieron en Morena la promesa de que lo designarían como secretario de Seguridad Ciudadana de Tijuana, cuando esta ciudad entró en los intereses y la estrategia de control centralista del secretario federal, Omar García Harfuch, los narcotraficantes que impunemente delinquen en la Capital de Baja California, le mandaron mensajes en narcomantas, no sólo amenazándole, sino retándole a que en esa demarcación el teniente no tendrá el poder, como sí lo tuvo cuando confrontó al Cártel de Sinaloa y al de los Arellano en Tijuana en el segundo lustro de la década de los dos mil.
Es decir, los criminales tienen tanta impunidad, que controlan a una parte de las corporaciones policiacas del Estado, acusan la complicidad de otro tanto con sus adversarios, y amenazan a quien, desde un alto mando, no tiene compromiso con alguno y quiere combatir la inseguridad como lo es el teniente Leyzaola.
Ese poder del narco para juzgar, asesinar, amenazar, mantener centros de adiestramiento y muerte, crematorios y fosas clandestinas, al amparo de corporaciones policiacas, sean de corte municipal, estatal o federal, o debido a la incapacidad en la procuración de justicia, sea por falta de preparación, de complicidad o por justificar la política pública del Gobierno de la República, es el inicio del narcoestado: el estado al servicio no de la justicia, ni de la investigación, ni de la verdad ante la contundente evidencia, sino de la opacidad, el ocultamiento de pruebas, la distracción sobre una realidad atroz.
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