Respira
Por Ami Sosa Vera y Concepción Peralta Silverio
En el año 2021 todo cambió para Silvano Aureoles Conejo, el ex gobernador de Michoacán (2015-2021) y ex presidente de la Cámara de Diputados (2014-2015) en la era del presidente Enrique Peña Nieto, su candidato a sucederlo en la gubernatura del estado perdió en las elecciones de junio ante el candidato de Morena, concluyendo así su ascenso en la vida pública del país.
Silvano Aureoles, el último gobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), inició entonces su “Gira por la Democracia”, de la que solo se recuerda su foto afuera de Palacio Nacional, sentado en su banquito verde, sin ser recibido por el presidente Andrés López Obrador; fue a Washington y se denunció ante el titular de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la presunta intervención del narcotráfico en las elecciones de México. En 2023 quiso ser el candidato a la Presidencia de la República por el Frente Opositor y perdió ante Xóchitl Gálvez. Fue nombrado responsable de Desarrollo Urbano Sustentable de ese proyecto, pero renunció días después por no ser tomado en cuenta como él esperaba.
En 2024 la dirigencia del PRD no lo colocó en las listas plurinominales para asegurarle un lugar como legislador, y fuero que lo protegiera de futuras investigaciones; compitió por una diputación federal y perdió; su partido perdió el registro nacional y lo que queda de él ha iniciado el proceso para expulsarlo de sus filas.
Finalmente, el 1 de marzo de 2025, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez ordenó su captura por delitos de corrupción como son el peculado (apropiación indebida de bienes o fondos públicos), operaciones con recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta y asociación delictuosa por el fraude cometido en la construcción de 7 cuarteles de la Guardia Civil que resultaron inservibles, hechos con paredes de plástico.
El periodismo hizo su trabajo
En 2021, auspiciadas por la beca de Apoyo al Periodismo de Unesco, la embajada Británica en México y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI), fuimos a Michoacán a investigar la gestión de Aureoles Conejo. Las fuentes nos relataron infinidad de casos de corrupción en áreas de salud, educación, seguridad y medio ambiente. Los maestros estaban en paro por falta de pagos y la Federación evitaba enviar recursos para rescatarlos por miedo a que estos fueran desviados a solventar otras deudas del estado; el sector Salud padecía la falta de insumos y el Sindicato de Salud había denunciado el saqueo y robo de medicinas a gran escala sin que pasara nada; los grupos criminales crecían y se enfrentaban sangrientamente, arriesgando a la población, y la deforestación de los bosques para convertirlos en huertas de aguacates era vertiginosa.
Al mismo tiempo, el gobernador y los suyos derrochaban el dinero público con frivolidad. Eran públicos y constantes sus viajes en helicópteros, su aparatoso convoy de camionetas blindadas, dejó sin obras a infinidad de constructoras locales, subarrendaba con sobreprecio maquinaria de construcción y vehículos al servicio del estado. Trascendió a su círculo cercano sus fiestas, su gusto por los caballos y las mujeres. En abril de 2021 un video lo captó bajando de su camioneta para ir a empujar a un manifestante, en el violento municipio de Aguililla. Silvano sufría de paranoia, nos dijo un ex colaborador, todo el tiempo sentía que lo perseguían por eso sus bunkers y su pasadizo secreto en la Casa de Gobierno, revelado en noviembre de 2021 por el nuevo gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.
Ex compañeros del partido dijeron que Silvano había traicionado los ideales de la izquierda desde años atrás, cuando sirvió a los intereses del gobierno de Enrique Peña Nieto para ayudar a lograr y sostener el Pacto por México, pero lo más grave fue que claudicó a su papel de hombre de Estado y se alió con todos los grupos criminales de Michoacán. A todos les recibía dinero, dijeron.
De los cuarteles de la Guardia Civil no había rastro de sus irregularidades en las auditorías locales ni federales, tampoco existían denuncias con las que pudiéramos abundar y demostrar su corrupción. De hecho, si hoy conocemos el fraude de más de 5 mil millones de pesos de los “cuarteles de plástico”, no es por la revisión e intervención de la ASF, sino a pesar de ésta. Pese a que se construyeron con dinero federal sus auditores no detectaron ni informaron de las irregularidades cometidas en esos años. En todo caso, el mérito es del gobierno de Ramírez Bedolla, que cuadró el esquema de desvío de recursos con los contratos de construcción y arrendamiento, la calidad de las obras, los sobrecostos, los tiempos y la legalidad de los convenios, y presentó las denuncias ante la FGR en 2022.
En julio de 2023 la ASF interpuso ante la FGR dos denuncias de hechos en contra del Gobierno de Michoacán por no solventar las observaciones de la auditoría 964 DEGF, del año 2020, que contenía tres pliegos de observaciones por 348; 1,221; y 13.5 millones de pesos. Las auditorías no citan las obras, las empresas ni quién, cuándo, cómo ni en dónde se incurrió en el desvío de estos recursos. Convenientemente para Silvano Aureoles, los auditores decidieron omitir esos mecanismos de corrupción en el estado.
Entre tantos rumores e indicios, decidimos investigar su mayor obra pública, el nuevo Hospital General y el nuevo un Hospital Infantil, que sustituyeron a los viejos hospitales que atendían a la población sin seguridad social, cuyo costo superó los 3 mil millones de pesos y que contaban con muchas observaciones de la ASF. Documentamos y publicamos la simulación de competencia para la construcción y el equipamiento de ambos hospitales, cuyos contratos terminaron en poder de las empresas de Carlos Herrera Tello y Alexis Nickin Gaxiola, aliados políticos y amigos de Silvano; hallamos sobrecostos de los aparatos médicos, compras injustificadas por su enorme cantidad, convenios ilegales y problemas estructurales en la construcción. Equipar el Hospital General, de 250 camas, costó 653 millones de pesos, el equipo médico del Hospital Infantil, de 100 camas, costo de 624 millones de pesos.
Se compraron más de tres mil equipos para el Hospital General que en la práctica se usaron en el Hospital Infantil. Esto fue posible gracias a la “ayuda” administrativa que facturó el mismo bien dos veces, aceptó equipos sin número de serie, se recibieron actas de entrega con bienes faltantes. Médicos y enfermeras del Hospital Infantil nos revelaron que cuando llegaban inspecciones les “prestaban” bienes del Hospital General y al día siguiente los regresaban. En este esquema estarían implicadas al menos cinco empresas y funcionarios de los Servicios de Salud de Michoacán, como la ex secretaria Diana Celia Carpio Ríos.
Sin embargo, no logramos saber a dónde fue a parar el dinero desviado. En el Registro Público de Propiedad y Comercio (RPPC) de Michoacán aparecieron tres propiedades a nombre de Silvano Aureoles Conejo: dos en Morelia y una en Zitácuaro, esta última en copropiedad con sus hijas Elizabeth y Sofía Aureoles Geymonat. Las tres propiedades estaban valuadas en poco más de cuatro millones de pesos, compradas en 2007 y 2009.
Previamente, como candidato al gobierno de Michoacán había reportado tener un departamento en la Ciudad de México.
Su hermano Juan Luis García Conejo tenía una propiedad en Zitácuaro de 2,025 metros cuadrados, que compró en 2017, valuada en diez centavos. El otro hermano Antonio García Conejo compró en 2018 una propiedad de casi dos millones de pesos en Morelia y otra en Huetamo, en 2017, que obtuvo por diez centavos.
Suscríbete para leer la columna completa...
Identificamos cuatro propiedades en Zitácuaro a nombre de Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas, hoy encarcelado por el fraude de los cuarteles, pero no hubo información del costo o el año en que las compró.
En el Catastral de Michoacán pedimos los nombres de los propietarios de los ranchos que Aureoles presumía como suyos durante sus fiestas. De nueve propiedades consultadas, cinco no tenían propietario, aparecían como “No Encontrado”, uno estaba a nombre de su madre, Conejo Cornejo Álvara, en el municipio de Huetamo, y los otros tres estaban a nombre de otros particulares. Cabe señalar que Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), vinculada a proceso por el caso de los cuarteles, fue directora del Catastro de Michoacán de octubre de 2017 a diciembre de 2018.
La orden de aprehensión en contra del ex gobernador supone que la FGR halló lo que nosotras no pudimos con las herramientas a nuestro alcance: demostrar que el dinero desviado, al menos el de los cuarteles, terminó en poder de Silvano Aureoles y sus colaboradores en el área de Seguridad, un tema por demás sensible para el estado. También sabremos si Silvano marcará un antes y un después en la rendición de cuentas de los gobernadores, al ser el primero en caer por delitos de corrupción en la era 4T. Los ex gobernadores de Nayarit, Coahuila y Nuevo León fueron detenidos en el sexenio de López Obrador, pero a solicitud de gobiernos pasados. El juicio de Silvano sí será 100 por ciento hechura de Morena, sus antiguos compañeros de la izquierda perredista.
* Ami Gabriela Sosa Vera es periodista independiente, distinguida del Programa Piloto de Apoyo al Periodismo de Investigación (PPAPI) de la UNESCO en 2021. Es Maestra en Periodismo sobre Políticas Públicas del CIDE, fue becaria Legorreta en 2019 y obtuvo una licenciatura en Español y Culturas Latinoamericanas de Barnard College of Columbia University en 2018.
* Concepción Peralta Silverio es periodista de investigación enfocada en temas de Justicia Social, Derechos Humanos y anti Corrupción, egresada de la carrera de Periodismo por la UNAM y de la maestría en Periodismo y Políticas Públicas por el CIDE. Pone sus talentos al servicio de los más vulnerables. Twitter: @CPeraltaS
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Comments ()