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Por Ana Cecilia Perez

El documento que establece la Iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad y Confianza Digital que presentó la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz representa un esfuerzo ambicioso y necesario para abordar las crecientes amenazas cibernéticas en México. Sin embargo, es importante contextualizar este esfuerzo dentro del estado actual de la ciberseguridad en el país, especialmente tras un periodo de notable retroceso debido a las políticas de austeridad implementadas por el gobierno actual.

Puntos favorables de la iniciativa

  • Protección de infraestructura crítica: La ley reconoce la vulnerabilidad de sectores estratégicos como energía, finanzas y telecomunicaciones ante posibles ciberataques. Propone medidas específicas para la protección de estos sectores, esenciales para la seguridad nacional y la economía.
  • Fortalecimiento del marco regulatorio: La legislación busca consolidar y actualizar las normas existentes, eliminando vacíos legales y proporcionando claridad en la definición de ciberdelitos y sus sanciones. Esto incluye la tipificación de nuevas formas de delitos digitales y la promoción de una cultura de ciberseguridad en la sociedad.
  • Cooperación internacional y privada: Reconociendo la naturaleza global del cibercrimen, la ley enfatiza la importancia de la cooperación internacional y la colaboración público-privada para enfrentar eficazmente estas amenazas. La creación de un sistema nacional para la ciberseguridad y confianza digital, compuesto por un consejo nacional, una comisión consultiva y un Instituto Nacional de Innovación y Formación en Tecnologías Digitales y Ciberseguridad, es un paso clave hacia una estrategia nacional coherente.
  • Promoción de la confianza digital: La iniciativa no solo se enfoca en la seguridad técnica, sino también en fomentar la confianza digital a través de la protección de derechos humanos en línea, la prevención de desinformación, y el uso ético de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

  1. Protección integral: La iniciativa reconoce la necesidad de proteger no solo la infraestructura crítica, sino también a los ciudadanos, PyMEs, escuelas y organismos públicos. Esto es esencial, dado que las amenazas cibernéticas no discriminan entre grandes corporaciones y pequeños usuarios.

Áreas de oportunidad y retos

  1. Estado actual de la ciberseguridad en México:
    • Retroceso por políticas de austeridad: Durante el gobierno actual, las políticas de austeridad han llevado a una reducción drástica en la inversión en ciberseguridad. Muchos organismos públicos operan con sistemas obsoletos y licenciamiento vencido, lo que los deja altamente vulnerables a ciberataques. Esto no solo pone en riesgo la información y operaciones de estas entidades, sino que también debilita la confianza en la infraestructura digital del país.
    • Falta de actualización y mantenimiento: La falta de recursos ha resultado en una ausencia de actualizaciones críticas y mantenimiento preventivo de sistemas, lo que aumenta el riesgo de fallas y vulnerabilidades explotables por actores maliciosos.
  2. Impacto de la inacción: Si no se toma acción inmediata y decidida, el país podría enfrentar graves consecuencias, incluyendo:
    • Aumento de ciberdelitos: La vulnerabilidad creciente podría llevar a un incremento significativo en la cantidad y gravedad de los ciberdelitos, afectando tanto a instituciones públicas como privadas.
    • Daño a la economía digital: La falta de confianza en la seguridad cibernética podría frenar el desarrollo de la economía digital, limitando la competitividad del país en un mercado global cada vez más digitalizado.
    • Pérdida de información crítica: Los ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas podrían resultar en la pérdida o compromisos de datos sensibles, con efectos devastadores para la seguridad nacional y la economía.
  3. Grandes retos para el nuevo gobierno:
    • Inversión urgente en ciberseguridad: El nuevo gobierno deberá revertir la tendencia de austeridad en este sector, destinando recursos significativos a la modernización de sistemas, actualización de licencias y fortalecimiento de la infraestructura cibernética.
    • Desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad: Es crucial la creación y ejecución de una estrategia integral que involucre a todos los sectores, desde el gobierno hasta la iniciativa privada, en un esfuerzo coordinado para mejorar la seguridad digital.
    • Formación y capacitación: La capacitación de personal especializado y la educación de la ciudadanía en ciberseguridad serán esenciales para mitigar riesgos y fortalecer la resiliencia del país ante ataques cibernéticos.

Implicaciones futuras si no se actúa

La inacción frente a estos desafíos no solo mantendrá al país en una posición de vulnerabilidad, sino que también podría tener consecuencias a largo plazo, como:

  • Erosión de la confianza en el gobierno y las instituciones públicas: La incapacidad para proteger los datos y la infraestructura digital puede erosionar la confianza pública y llevar a un debilitamiento de la legitimidad gubernamental.
  • Aislamiento internacional: México podría quedar rezagado en los esfuerzos globales para combatir el cibercrimen, lo que podría limitar la colaboración internacional y la capacidad de responder efectivamente a amenazas transnacionales.
  • Desaceleración del progreso tecnológico: Sin una infraestructura digital segura y confiable, el país podría enfrentar barreras significativas en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la atracción de inversiones extranjeras en sectores tecnológicos.

La Iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad y Confianza Digital es un paso en la dirección correcta, pero debe ir acompañada de un cambio de enfoque por parte del gobierno entrante. Sin una acción inmediata y contundente, el país corre el riesgo de quedar rezagado en un área crítica para su desarrollo futuro. Es imperativo que se reconozca la ciberseguridad como una prioridad nacional, y que se tomen medidas concretas para garantizar un entorno digital seguro para todos los mexicanos.

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