Respira
Por Ana Cecilia Pérez
Esta semana la Cámara de Diputados aprobó una reforma que podría cambiar drásticamente la forma en que se maneja nuestra información personal en México. En esencia, se otorgaría a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceso total e ilimitado a nuestros datos personales bajo el argumento de combatir el crimen. Pero, ¿realmente esto nos hace más seguros o simplemente nos deja más expuestos?
¿Qué significa esto para ti, para mi y para todos?
Imagina que el gobierno puede acceder sin restricciones a tu nombre, dirección, huellas digitales, llamadas, mensajes, historial fiscal, registros vehiculares e incluso datos biométricos. No necesitas estar involucrado en un delito; solo por existir, tu información estaría disponible para ser utilizada, sin que necesariamente medie una orden judicial.
Algunas personas podrían preguntarse: "Pero el gobierno ya tiene mis datos, como mi acta de nacimiento o de matrimonio, ¿por qué debería preocuparme más ahora?" La diferencia radica en el nivel de acceso y uso de la información. Tus documentos oficiales están en registros específicos con acceso limitado a ciertos trámites. Sin embargo, esta reforma permitiría que todas las dependencias de seguridad accedan a todos tus datos de manera centralizada, sin restricciones y sin necesidad de una justificación clara. Esto abre la puerta a abusos, mal manejo de información y vigilancia masiva sin control.
Piénsalo así: que el gobierno tenga tu acta de nacimiento es como si un banco tuviera tu número de cuenta. Pero que la SSPC tenga acceso sin restricciones es como si alguien pudiera entrar a tu cuenta, ver cada transacción y usar tu dinero sin avisarte. ¿Te sentirías seguro con eso?
Cuando la seguridad se convierte en control
Ahora reflexiona sobre tu día a día. Si hablas por teléfono con un amigo sobre un problema legal, si envías un mensaje solicitando información médica, si compras un boleto de autobús a otra ciudad o simplemente si participas en una protesta pacífica, toda esa información podría ser recopilada, analizada y utilizada sin que lo sepas. No tienes que ser delincuente para que el gobierno vigile tus movimientos.
Además, no hay garantías de que esta información no sea utilizada con otros fines. ¿Quién evitará que un funcionario con malas intenciones venda estos datos? En el pasado, bases de datos gubernamentales han terminado en el mercado negro, donde cualquiera puede comprar información personal por unos cuantos pesos.
Y no es una teoría de conspiración. Casos como el uso del software espía Pegasus para vigilar a periodistas y activistas en México demuestran que, cuando el gobierno tiene el poder de espiar, muchas veces lo utiliza en contra de quienes piensan distinto, no solo en contra de los criminales.
Si ya vivimos en un país donde se hackean bases de datos y se filtra información personal constantemente, ¿realmente queremos que una base de datos con toda nuestra vida esté en manos de un sistema sin controles claros?
Los sistemas gubernamentales han sido vulnerados una y otra vez. Ejemplos como el hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2022, donde se filtraron 6 terabytes de información sensible, demuestran que ni siquiera los organismos más protegidos están a salvo de ciberataques. Si esta reforma se aprueba, millones de datos de ciudadanos estarán en un solo lugar, convirtiéndose en el blanco perfecto para hackers, tanto nacionales como internacionales.
Hoy en día, delincuentes pueden comprar bases de datos filtradas en la dark web y usarlas para fraudes, robos de identidad o incluso extorsión. Con esta reforma, estaríamos entregando toda nuestra vida en bandeja de plata.
Un gobierno que no protege nuestros datos
Antes de que el gobierno solicite aún más acceso a nuestra información, debería rendir cuentas por su historial de negligencia en ciberseguridad. El sexenio pasado demostró un total desinterés en la implementación de controles de ciberseguridad, privacidad y protección de datos. Instituciones como la Lotería Nacional, Pemex y la Secretaría de Comunicaciones han sido objeto de ataques cibernéticos en los que el Gobierno ha perdido información sensible.
Desde filtraciones masivas en instituciones públicas hasta la falta de estrategias efectivas para la protección de la información de los ciudadanos, el gobierno tiene una deuda pendiente con todos nosotros. ¿Por qué deberíamos confiar en que esta vez sí protegerán nuestros datos, cuando han fallado una y otra vez en hacerlo?
¿Qué hacen otros países para proteger la privacidad?
Mientras en México se busca otorgar acceso ilimitado al gobierno, en países como Alemania e Inglaterra, la protección de datos personales es una prioridad. En Alemania, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) establece que la recopilación y uso de información personal debe estar justificada y supervisada, con sanciones severas por mal uso. Ningún organismo gubernamental puede acceder a datos sin una justificación clara y sin supervisión judicial.
En el Reino Unido, la Ley de Protección de Datos de 2018 refuerza estos principios y limita el uso de información por parte del gobierno. Las agencias de seguridad tienen acceso restringido y solo pueden solicitar datos cuando hay evidencia clara de una amenaza específica. Además, existen auditorías constantes para evitar abusos.
¿Por qué en México nos dirigimos en la dirección opuesta? ¿Por qué permitir que el gobierno tenga acceso sin restricciones cuando en otros países democráticos se imponen controles estrictos para evitar abusos?
¿A quién protege realmente esta reforma?
El argumento oficial es que esta medida ayudará a combatir el crimen organizado, pero la realidad es que los delincuentes tienen formas sofisticadas de operar fuera del radar del gobierno. En cambio, los ciudadanos comunes seremos los más vulnerables. Con bases de datos centralizadas y sin una supervisión efectiva, los riesgos de hackeos, robo de identidad y uso indebido de información aumentan drásticamente.
En un país donde los datos personales ya han sido expuestos en filtraciones como la de Guacamaya Leaks, confiar ciegamente en que el gobierno manejará esta información con responsabilidad es, cuando menos, ingenuo.
¿Cómo nos afecta en la vida diaria?
- Robo de identidad: Si tu información cae en manos equivocadas, podría ser utilizada para cometer fraudes o incluso involucrarte en delitos que no cometiste.
- Menos libertad de expresión: Si sabes que todo lo que haces en línea está siendo vigilado, ¿seguirías opinando con libertad en redes sociales o protestando contra decisiones injustas?
- Discriminación y persecución: La información sensible podría ser utilizada para perfilar a personas por sus ideas políticas, religiosas o por su trabajo en derechos humanos.
- Fugas de información: Si un hacker accede a estos datos, cualquiera podría saber tu dirección, con quién hablas y hasta qué lugares frecuentas.
- Uso con fines políticos y electorales: Con acceso a tu información personal, podrían perfilar a la población y manipular campañas políticas de manera más efectiva.
¿Qué podemos hacer?
Esto no es un tema de partidos políticos, es un tema de derechos fundamentales. Cada día que pasa sin alzar la voz es un día más cerca de perder nuestra privacidad. No esperemos a que sea demasiado tarde.
- Comparte esta información en redes sociales.
- Exige a los legisladores que voten en contra de la reforma.
- Pregunta: ¿Quién supervisará el uso de estos datos? ¿Quién responderá si hay abusos?
- Infórmate sobre ciberseguridad y protege tus datos personales.
Si hoy permitimos que nuestra privacidad se convierta en un lujo, mañana será demasiado tarde para recuperarla.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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