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Por Ana Cecilia Pérez

En menos de cinco meses, al menos seis fiscalías estatales en México han sido víctimas de ciberataques. Lo que podría parecer una noticia lejana, técnica o de especialistas, en realidad debería alarmarnos a todos. Porque cuando se vulnera una fiscalía, se vulnera también la confianza, la privacidad y la seguridad de millones de ciudadanos.

Este fin de semana, las fiscalías de Michoacán y Querétaro fueron atacadas con pocas horas de diferencia. En el caso de Michoacán, al menos 13 sitios oficiales fueron alterados, incluyendo áreas sensibles como inteligencia, adquisiciones y asuntos internos. Estos no son simples portales; contienen información clave sobre investigaciones, personas involucradas en procesos judiciales y datos estratégicos.

¿Te imaginas qué puede pasar si esa información cae en las manos equivocadas? No es ciencia ficción. Es la realidad.

Y mientras esto ocurre, hay iniciativas gubernamentales que buscan concentrar aún más datos sensibles en bases de datos centralizadas, como la que se propone para el registro de población y datos biométricos. Ya hemos manifestado nuestra preocupación sobre la seguridad de esa base de datos, que de por sí sería un blanco sumamente atractivo para cualquier cibercriminal. Si hoy no se puede garantizar la protección de los sistemas actuales, ¿cómo confiar en que una nueva base no será vulnerada?

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