Respira
Por Ana Francisca Velasco Sodi
La Alemania Nazi nos mostró las consecuencias, graves, de lo que es tener un país con una justicia que se pliega ante los deseos de aquellos que detentan el poder. Lo que estamos viviendo en México no es innovador, ni siquiera es único. Históricamente lo hemos visto ya, así que podemos previsualizar lo que significa esta reforma judicial.
Han sido seis años durante los cuales el Ejecutivo ha trabajado minuciosamente, desde su comunicación diaria, la designación de titulares, el dinero dilapidado en becas, pensiones y obras insignia pero inútiles, con el objetivo de desmantelar las instituciones del Estado y eliminar cualquier obstáculo para hacer lo que mejor le plazca.
Nos encontramos en la última línea de defensa y hemos de reconocer que son muchas causas de fondo las que nos han llevado a estar aquí. Hizo falta la construcción de un diálogo democrático, sin el cual los principales actores políticos no lograron acuerdos; entonces, varios asuntos de alto contenido político fueron orillados a remitirse a la Suprema Corte. Influyeron también la rabieta del presidente ante una supuesta falta por parte de la ministra presidenta Norma Piña al no levantarse desde el principio para hacerle los honores, más a la persona que a lo que representa, el fallido albazo para prolongar la Presidencia del ministro Arturo Zaldivar, así como otros reveses que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio al presidente, no por capricho, sino porque no se respetaban los procesos, las normas y/o la Constitución.
Ha sido un sexenio en el que aún contamos con una Suprema Corte de Justicia que no se dejó intimidar ni doblegar, y no contemporizó con la idea del presidente de tener un sistema jurídico sometido a su poder. Lo que frustra y asusta es el camino tan pavimentado por el que avanza la llamada reforma judicial. Pavimentado, sí, por los que Ingo Müller señala como juristas del terror, los que se plegaron al poder nazi construyendo argumentos jurídicos y dictando sentencias que justificaran la voluntad del mandamás. Son juristas y politólogos del horror que están en el INE, los que avalaron una sobrerrepresentación fraudulenta, eliminando cualquier atisbo de diálogo democrático, lo que condena a las minorías al destierro. Juristas del horror que encontramos posteriormente en el Tribunal electoral, el cual confirma la absurda hiper representación, otorgándole al presidente una afilada espada para que acabe de tajo con el Poder Judicial. También están estos juristas del horror en el Legislativo, simulando parlamentos abiertos para después dictaminar al vapor una iniciativa que tiene como único objeto ser el regalo de despedida del presidente de México. Están en la academia, cuando supuestos maestros de derecho constitucional trastocan los principios básicos del Estado Constitucional moderno. Todos estos juristas del horror deben ser señalados públicamente, porque no están construyendo una democracia, ni una república, ni un país que ve por el bien común de sus ciudadanos. Estos juristas del horror están construyendo un estado totalitario bajo la visión de un solo hombre, que lo último en lo que piensa es en la población.
En su contraportada, el libro de Los juristas del horror, de Ingo Müller, dice: “es un libro que todo ser humano debería leer, para que nunca más la justicia se politice y se coloque en una situación de servilismo ante un poder ejecutivo intransigente y antidemocrático”. Aún no tenemos en México una justicia politizada, sin embargo, se están construyendo todas las herramientas necesarias para que la justicia se vuelva un apéndice del Ejecutivo, del crimen organizado y de los intereses económicos que pueden pagar jueces. Si bien requiere de actualizaciones, mejoras y ajustes, al Poder Judicial lo quieren desaparecer porque hasta hoy ha sido fuerte, ha luchado sin doblegarse, ejerciendo su función como intérprete y garante último de la Constitución. Un Poder que no se ha sometido a los intereses personales de López Obrador, lo que ha sido suficiente para que el enojo del presidente exija a sus subordinados hagan lo necesario para destruirlo.
*Directora Jurídica — González Fernández Abogados.
Abogada por la Escuela Libre de Derecho con Maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana.
Ha cursado dos diplomados uno en Régimen Jurídico de los Negocios Internacionales en la
Escuela Libre de Derecho y otro en Participación Privada en Proyectos de Infraestructura en la Universidad Anáhuac del Norte.
Ha trabajado en despachos especializados en litigio.
En el ámbito penal se desempeñó en diversas áreas dentro de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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