Respira
Por Ana Cecilia Pérez
La reciente creación de la Dirección General de Ciberseguridad dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en México representa un paso significativo en la protección de los activos digitales del Estado y en la respuesta a las crecientes amenazas cibernéticas. Sin embargo, su éxito no depende solo del gobierno, sino también de la capacidad del sector privado para integrarse en su estructura y operación.
México ha experimentado un aumento importante en ciberataques. En 2024, el país registró más de 42 millones de intentos de ataques de malware contra empresas e instituciones gubernamentales. A pesar de estos riesgos, la estrategia de ciberseguridad nacional ha carecido de una estructura clara y coordinada. La nueva Dirección General de Ciberseguridad tiene la oportunidad de llenar este vacío, pero su éxito dependerá de qué tan bien se logre articular con la iniciativa privada.
Para que la Dirección General de Ciberseguridad sea efectiva, es crucial responder a varias preguntas:
- ¿Cómo se coordinará con otras entidades existentes? Actualmente, la Guardia Nacional, la SEDENA y la SSPC también manejan aspectos de ciberseguridad. ¿Cómo se evitarán duplicidades y conflictos de jurisdicción?
- ¿Cuál será su autonomía y autoridad real? ¿Podrá emitir regulaciones vinculantes o solo tendrá un rol de asesoría y supervisión?
- ¿Qué mecanismos de colaboración establecerá con el sector privado? ¿Habrá un canal oficial de comunicación y respuesta ante incidentes?
- ¿Cómo se garantizará su financiamiento y continuidad? Sin un presupuesto adecuado y una planeación de largo plazo, podría convertirse en un organismo ineficaz.
- ¿Cómo se asegurará la transparencia y el respeto a los derechos digitales? Existen preocupaciones sobre el posible uso de esta dirección con fines de vigilancia en lugar de protección efectiva.
Si bien la creación de la Dirección General de Ciberseguridad es un avance importante, su impacto real dependerá de su capacidad para ejecutar una estrategia efectiva y coordinarse con el sector privado. Sin recursos suficientes, sin una regulación clara y sin la inclusión del sector empresarial en la toma de decisiones, existe el riesgo de que esta dirección se convierta en un organismo simbólico sin impacto real.
Las organizaciones privadas tienen en sus manos la oportunidad de establecer un acuerdo de colaboración que ayude a moldear esta iniciativa para que beneficie a todos los actores del ecosistema digital. Es el momento de actuar y sentarse a la mesa de negociaciones para garantizar que la seguridad digital en México sea una prioridad efectiva y sostenible.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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