Respira
Por Ana Saiz
Y va de nuevo, tres migrantes asesinados en Baja California después de una agresión letal por elementos de la Guardia Nacional ahora parte de la SEDENA. La historia que manchó el primer día de gobierno de la presidenta de México con la muerte de diez migrantes asesinados en Chiapas se repite dolorosamente.
No es sencillo entender estas tragedias y menos reconocer que son evitables, pero por lo menos puedo compartir un par de reflexiones: La primera es tratar de entender por qué viajaron hasta aquí las personas extranjeras y la segunda cuál es la política migratoria de nuestro país.
En este caso se trata de tres víctimas mortales de nacionalidad colombiana, por ello, sin conocer el caso particular, podemos considerar que cerca de 121,000 personas en Colombia fueron víctimas de desplazamiento forzoso durante 2023. Esta situación, según la Defensoría del Pueblo, es una tendencia que continúa incrementando a causa del control territorial que buscan grupos armados ilegales.
Situaciones como estas provocan que las personas se conviertan en refugiadas al cruzar una frontera internacional en busca de seguridad y protección por causas de violencia generalizada, falta de acceso a servicios básicos de salud, violencia familiar o amenazas del crimen organizado. México tiene la obligación de dar acceso al asilo a personas extranjeras que lleguen a territorio mexicano y teman por su vida, su libertad o su seguridad en su país de origen. Lo anterior agrava el hecho ya que bien se pudo haber tratado de personas refugiadas que lejos de ser asesinadas, necesitan protección.
Miles de personas refugiadas o migrantes que buscan mejores oportunidades se ven orilladas a estar en México sin documentos ya que la política migratoria que se aplica, violando la ley y la Constitución, es no emitir los documentos migratorios o visados por razones humanitarias. Esta situación de clandestinidad orilla a las personas a esconderse de las autoridades y ponerse en manos de traficantes de personas que han hecho de la desesperación de las personas un negocio millonario.
Las situaciones descritas afectan de manera diferenciada a mujeres y niñas que, huyendo de la violencia, se tropiezan con más violencias en estos viajes ya que frecuentemente son víctimas de violaciones, abuso sexual y la trata de personas. Por lo anterior, si se busca evitar la violación de derechos humanos, cambiar la política migratoria es un viaje impostergable para la nueva presidenta.
La esperanza de quienes participamos en Tiempo de Mujeres, obra coordinada por Karina Vaquera que reúne a diez mujeres comprometidas con un objetivo común a partir de nuestras agendas personales y profesionales, es que haya una visión diferente de gobernar y que la perspectiva de género permee las políticas públicas de México.
*Ana Mercedes Saiz Valenzuela es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en Derecho Público por el University College London de la Universidad de Londres, Reino Unido. Fue asesora en el Consejo General del INE en los temas de discriminación y derechos humanos (2014-2017). Trabajó en el Conapred como directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, y tuvo a su cargo la realización y divulgación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2010). Ha sido profesora de asignatura de Derechos Humanos en el Curso Superior de Especialización en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue directora general de Sin Fronteras iap de 2019 a 2023. Es integrante del Consejo Asesor del Instituto Mexicano de la Radio (imer) y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred). Actualmente es titular de la Unidad de Asesoría Jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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