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Por Mtra. Ariadna Camacho Contreras

Como todos los días 25 de cada mes nos vestimos de naranja y  destinamos éste para generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Un acto que, sin duda, debería estar presente en todos y en cada uno de nosotros de forma permanente debido a que la violencia es un fenómeno que permea en todas las latitudes y esferas de la sociedad. 

 

La ONU calcula que en todo el mundo, 736 millones de mujeres –casi una de cada tres– han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja; de violencia sexual fuera de la pareja, o de ambas, al menos una vez en su vida, esto significa que el 30 por ciento de las mujeres de 15 años o más ha sido violentada, mientras que cerca de 140 mujeres o niñas fueron asesinadas cada día por alguien de su propia familia.

 

México, no es la excepción. Las mujeres continúan enfrentando múltiples obstáculos para ejercer sus derechos, pues están expuestas a situaciones de violencia, abusos y un trato desigual por el solo hecho de ser mujeres, mismos que derivan de una cultura predominantemente machista, donde las creencias, valores y conductas posicionan a los hombres por encima de las mujeres, creando roles y estereotipos de género que propician la discriminación. Con ello, las mujeres enfrentan desventajas en todos los sentidos, situación que se acentúa cuando hablamos de mujeres indígenas, con discapacidad, y mujeres privadas de la libertad. 

 

Si bien tenemos un avance significativo en materia legislativa para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, aún se tiene mucho trabajo por hacer para alcanzar la igualdad sustantiva, porque todavía existe una brecha entre lo que está estipulado en leyes, programas y presupuestos, con respecto al grado de cumplimiento que se tiene en la práctica. Solo la igualdad sustantiva nos permitirá ejercer nuestros derechos de forma plena, sin obstáculos ni barreras políticas, culturales, económicas y sociales.

 

Por lo anterior, las instituciones del orden federal, estatal y municipal deben trabajar de forma conjunta con la sociedad, con el sector académico y con el sector privado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es un asunto que nos compete a todas las personas. No podemos permitir la normalización de casos de violencia, ni continuar con la impunidad que prevalece en nuestro país. Es indispensable trabajar de forma conjunta para consolidar la igualdad sustantiva en el acceso a derechos y oportunidades, y para garantizar que mujeres, adolescentes, niñas y niños vivan una vida libre de violencia. 

 

Necesitamos un sistema de justicia humano y eficiente al alcance de toda la población. Es urgente que exista coordinación y diálogo permanente entre las áreas de Seguridad Pública, las Fiscalías Generales de Justicia y los Poderes Judiciales, en los distintos órdenes de gobierno, para atender de forma oportuna y digna, así como con perspectiva de género, a todas y cada una de las mujeres y niñas que son víctimas de cualquier tipo de violencia. 

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