Respira
Por Mtra. Ariadna Camacho Contreras
En México, a pesar de los avances normativos, persisten prácticas judiciales que ignoran el contexto de discriminación estructural que enfrentan mujeres y grupos vulnerables. La perspectiva de género es una herramienta que nos permite analizar y entender las diferencias sociales, culturales, políticas y económicas entre mujeres y hombres. Su uso y desarrollo ha sido progresivo y responde a las demandas de diversos movimientos sociales y organizaciones feministas, así como al fortalecimiento de los estudios de género en el ámbito académico.
En el contexto mexicano, hablamos de una herramienta que nos ha ayudado a cuestionar los estereotipos y los roles tradicionales, así como a visibilizar las desigualdades entre los géneros, permitiéndonos avanzar hacia la igualdad sustantiva en el país. De esta forma, su incorporación se ha extendido a las políticas públicas y al discurso institucional, con el objetivo de atender las profundas desigualdades de género que persisten en la sociedad.
Además, podemos observar que su uso atiende a dos cuestiones: primero al aumento de casos de violencia de género y feminicidios en el país; y segundo a las recomendaciones de organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México. Por ello, continuar impulsando la perspectiva de género en todos los ámbitos es una tarea y una obligación de toda la sociedad, máxime cuando hablamos de justicia.
Debe quedar claro que aplicar la perspectiva de género, especialmente en el ámbito judicial, no implica favorecer o privilegiar a las mujeres por encima de los hombres. Se trata, más bien de nivelar el terreno para que todas las personas reciban un trato justo, tomando en cuenta su realidad y contexto. Se trata de aplicar las leyes tomando en cuenta las desigualdades históricas y sociales que han afectado especialmente a las mujeres y a otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para impartir justicia con equidad.
Promover la perspectiva de género es una responsabilidad colectiva. En tiempos en los que la desigualdad aún persiste, contar con un enfoque que nos permita entender y transformar esas realidades es un paso esencial hacia una sociedad verdaderamente justa e incluyente.
Hoy, México cuenta con un “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, mismo que se emitió por primera vez en 2013, y que tiene por objetivo garantizar que las resoluciones judiciales reconozcan contextos de desigualdad estructural; evitar el uso de estereotipos de género; y que aplicar las normas nacionales e internacionales para favorecer a grupos históricamente discriminados. Este documento se ha ido modificando y actualizando para incluir problemáticas, asociadas a garantizar los derechos de personas LGBTTIQ+, así como de las mujeres indígenas, migrantes, niñas y adolescentes.
Desafortunadamente, muchas personas juzgadoras desconocen cómo aplicarlo correctamente. Muestra de ello es que prevalecen resoluciones judiciales donde se juzga con base en prejuicios o roles tradicionales, en donde se culpa a las víctimas por su ropa o conducta, sin analizar el contexto.
Debido a lo anterior, uno de los grandes retos del Nuevo Poder Judicial de la Federación se encuentra en capacitar a jueces y operadores de justicia en materia de perspectiva de género, interseccionalidad, derechos humanos y no revictimización. Es urgente aplicar el principio de imparcialidad, pero con sensibilidad a las desigualdades estructurales. Cada persona tiene una historia, y no puede ser vista solo como un expediente más.
Es prioritario contar con mecanismos de evaluación, rendición de cuentas y transparencia para asegurarse de que se está juzgando con perspectiva de género en nuestro país. Solo así hablaremos de justicia.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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