Bárbara Anderson

Una estática veleta

Por Bárbara Anderson

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), es uno de los documentos más esperados porque da señales claras de las expectativas macroeconómicas para el siguiente año por parte del gobierno, así como sus prioridades y conocer cuáles son los temas relevantes y cuáles no.

Es como una veleta, un marcador del norte que el Poder Ejecutivo pone a sus planes anuales.

Para el último presupuesto de este sexenio, el gobierno de la 4T dejó claro que apuesta a más entrega de planes sociales, a menor inversión en salud pública y a fortalecer a las Fuerzas Armadas y su compromiso edilicio y financiero en las obras sexenales para la posteridad.

Si bien los grandes números (los ingresos y los egresos propuestos) tienen un cuidado aumento de 4.2% y 4.3% respectivamente, a la hora de hilar fino en las cuentas, hay claros beneficiados y perjudicados de cara al 2024.

Mientras la secretaría más beneficiada en casi todo el sexenio, como es la de Bienestar, tiene un ajuste al alza de su gasto de 25%, la secretaría más errática, como es la de Salud, presenta un ajuste a la baja de 55.8%. En un gobierno que ha demostrado desde 2018 ser militarista y petrolero, se vuela los números con un aumento en los presupuestos de la secretaría de la Defensa Nacional (121%) y de la secretaría de Energía (273%), sobre todo aquí por el nuevo programa de “Coordinación de la política energética en hidrocarburos”, que son transferencias directas a Pemex.

Hay tantos ítems y rubros dentro del Presupuesto de Egresos como maneras de analizar cuáles son los pilares donde se asentará el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Pero sin dudas uno de los que no está en su lista de prioridades es el de las telecomunicaciones, la conectividad y vinculada a ellas, la competencia económica.

Para el siguiente año, el gobierno tiene un presupuesto para todas las instancias gubernamentales (reguladores y de política pública del sector) de 15,432.65 mdp, mismo que se divide en fondos para financiar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Estrategia Digital Nacional (EDN), el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), encargado de vigilar la Red Compartida y la Comisión Federal de Electricidad y Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT). Excepto esta última, que muestra un aumento de 24%, el resto de las instancias están casi tablas versus 2023.

Lo cierto es que esta paraestatal sola representa 87.8% del presupuesto total de este rubro, de las cuatro instancias, casi 9 de cada 10 pesos asignados.

Pero, incluso esta alza en el presupuesto para CFE TEIT no es tal, y hay en realidad una pérdida de inversión por parte del gobierno en su plan por extender las redes de telecomunicaciones a las áreas más desatendidas y menos desarrolladas del país. En su Quinto Informe de Gobierno, el Presidente anunció hace unos días un presupuesto de 20,790 mdp para CFE TEIT versus los 13,453.90 mpd apuntados en el PPEF 2024. Basta con comparar ambos documentos del Poder Ejecutivo para ver cómo en una semana nada más se redujo a más la mitad su presupuesto (53.39%) para el año próximo del proyecto de expansión nacional de la rama de telecomunicaciones de la CFE. El presupuesto de esta rama de la paraestatal es para el despliegue de infraestructura y antenas en zonas sin acceso a telefonía ni internet móvil.

Un regulador cada vez más flaco

Si se analiza el PPEF 2024, el IFT es el único de los ocho órganos autónomos del gobierno que queda con un presupuesto idéntico al año actual (1,680 mdp), un monto que no ha tenido ni siquiera un ajuste por inflación.
Visto en perspectiva, el Instituto está viviendo un proceso de achicamiento. Sistemáticamente ha venido perdiendo presupuesto de manera constante, pasando de 1,780 mdp en 2019, 1,730 mdp en 2020, 1,510 mdp en 2021 y 1,560 mdp en 2022.

Dicen que hay dos maneras de acallar organismos que el gobierno no considera relevantes: uno es quitándoles presupuesto y otra es volverlos inoperantes por falta de nombramientos de su personal estratégico (como los comisionados para completar sus Plenos).

El IFT ha sido víctima de ambas estrategias. Por un lado el recorte de recursos y por el otro de personal, ya que actualmente el regulador opera con sólo cuatro de los siete funcionarios que requiere su Pleno. El IFT opera incompleto desde el año 2020. La falta de comisionados afecta a las funciones del Instituto y limita la discusión y resolución de temas centrales en cuestiones de competencia. Una de ellas es precisamente la emisión de las medidas asimétricas de América Móvil para el primer trimestre de 2024, mismas que se podrían retrasar si no se suman los tres comisionados pendientes de nombrar.

¿Qué pasó con el espectro?

Desde hace varios años, los operadores privados de telefonía móvil han reclamado un ajuste en el pago anual de derechos por el uso del espectro radioeléctrico mexicano (uno de los más costosos del mundo). Quienes ofrecen telecomunicaciones móviles (América Móvil, Telefónica, AT&T México) han buscado convencer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de analizar con base en contexto y los precios de referencia internacional el costo de este insumo básico y que es ni más ni menos que un patrimonio estatal (es decir que su cobro forma parte de los Ingresos de la federación). Nunca se ha logrado un ajuste del costo desde que se determinó su explotación en 1996. Según el propio IFT, el espectro tiene un sobreprecio de 60% versus los promedios de costos internacionales y equivalen a 90% de los costos fijos de las operadoras móviles.
Debido al alto costo, hace dos años Telefónica devolvió todo el espectro donde operaba y AT&T también devolvió parte del suyo.

El espectro radioeléctrico forma parte de los ingresos de la federación, es un activo que la SHCP no ha querido tocar nunca y por el cual espera este año recaudar 16,817.28 mdp. La única sorpresa en el PPEF 2024 es que el costo del espectro se mantiene en el mismo monto que en 2023, sin ajuste siquiera por inflación (un detalle a las empresas operadoras que Hacienda también tuvo en 2022).

En diciembre del año pasado, el gobierno presentó en el Diario Oficial de la Federación su Plan Nacional de Desarrollo y el Espectro 2022-2024. “Para el gobierno de México, el acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, forma parte de los objetivos para lograr la equidad y la justicia social”, donde “los principios siguientes tienen una relación directa con el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico: economía para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado, por el bien de todos, primero los pobres y no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.” Pero curiosamente, 10 meses más tarde este Programa no tiene un solo ítem dentro del Presupuesto de la Federación.

Las telecomunicaciones no han sido una prioridad para esta administración.

Ni siquiera el inminente Dorado que promete la relocalización industrial en el país (el cacareado nearshoring) y su potente aporte de inversión extranjera directa han sido suficientes para que el gobierno invierta en más infraestructura en este sector ni siquiera en sus programas sociales de cobertura digital universal.

El rescate de Altán demostró ser un movimiento político más que una oportunidad para aumentar el acceso a las TIC para grupos vulnerables y distantes y, según lo que asigna para 2024 a CFE TEIT, tampoco hay un poderoso impulso a dar acceso a telefonía e internet social a través de una empresa paraestatal.

Incluso, con la falta de recursos y funcionarios al IFT se está solamente manteniendo el status quo en un sector con la presencia cuasi monopólica de una empresa que detenta 70% del mercado (América Móvil) lo que deja pocas oportunidades a aumentar la competencia por un lado y desincentiva la inversión de las empresas de telefonía para aumentar desde el flanco privado, la cobertura geográfica y poblacional.

La veleta del gasto en telecomunicaciones estuvo, está y estará inmóvil.