Respira
Por Cristina Gutiérrez
El jueves 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, convirtiéndose en los primeros dirigentes de un país democrático apoyado por Occidente con órdenes de arresto por este tribunal. Esta decisión se basa en la existencia de evidencia razonable para creer que ambos son responsables de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población palestina desde el conflicto desatado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Dentro de los crímenes imputados a los mandatarios israelíes se incluyen el matar de hambre a la población civil como método de guerra y el asesinato y persecución sistemática y generalizada de la población de la Franja de Gaza. A la fecha los ataques indiscriminados del ejército israelí han dejado más de 43,000 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños.
La orden de arresto a Netanyahu ha dividido la opinión de los líderes mundiales. Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha rechazado contundentemente la decisión de la Corte Penal Internacional, al igual que Hungría, Paraguay y Argentina. Por su parte, la Unión Europea, Turquía y Sudáfrica, entre otros gobiernos y grupos de derechos humanos, se han manifestado públicamente en favor de la medida. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha declarado que la orden de arresto emitida por la CPI debe ser “respetada y aplicada” y los gobiernos de Italia y Países Bajos han manifestado su intención de arrestar al primer ministro israelí en caso de pisar sus respectivos territorios. La Corte Penal Internacional no cuenta con una Policía propia por lo que para llevar a cabo la orden de arresto se necesitaría la ayuda de las autoridades de alguno de los 124 países miembros de este organismo, del cual ni Israel ni Estados Unidos forman parte.
Más allá de que Netanyahu no podrá viajar a ninguno de los países miembros de la CPI por el riesgo a ser arrestado, la orden de la Corte tiene un fuerte impacto social y moral en la imagen del mandatario y representa un desastre diplomático para Israel. En los últimos meses el aislamiento de Israel como estado dentro de la comunidad internacional ha sido cada vez más evidente, y las protestas y manifestaciones que se llevan a cabo todas las semanas en cientos de ciudades del mundo pidiendo un alto al fuego en Gaza son prueba de esto. El 20 de noviembre, un día antes de que la CPI emitiera su orden de arresto, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, siendo el único de los 15 miembros del Consejo de Seguridad que votó en contra de la resolución.
Como era de esperarse, el primer ministro israelí calificó de antisemita la decisión de la CPI diciendo que los jueces están “motivados por sentimientos antisemitas contra el único estado judío”. Y aunque esa narrativa de víctima que ha manejado el estado de Israel para justificar sus atrocidades en los territorios palestinos le ha funcionado en muchas ocasiones, la orden de arresto a Netanyahu contribuye al desmoronamiento de un discurso que ha perdido su credibilidad desde hace meses. Los hechos van más allá de la propaganda; Israel lleva casi 14 meses asesinando sistemáticamente a la población civil en Gaza, denunciar y criticar esto no tiene nada que ver con antisemitismo. No se puede perpetuar una narrativa de victimismo perenne mientras se comete un genocidio contra el pueblo palestino. En esta ocasión la víctima se ha convertido en victimario, el mundo lo sabe y alguien los tiene que parar.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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