Respira
Por Cristina Gutiérrez
En los últimos días una serie de acciones del gobierno de Estados Unidos parecen indicar que se está llevando a cabo en ese país una cruzada de persecución y penalización contra todo aquello que, a ojos del gobierno de Donald Trump, es considerado antisemita. Las acusaciones han afectado a individuos e instituciones de educación superior y están alcanzando un nivel tal que pareciera que cualquier crítica a las acciones y políticas de Israel en Gaza es susceptible de recibir una fuerte represalia por parte del gobierno.
Hace una semana, un juez de inmigración en Estados Unidos autorizó la deportación del activista palestino Mahmoud Khalil, quien fue arrestado hace poco más de un mes debido a su participación en las protestas que se llevaron a cabo el año pasado en la Universidad de Columbia en contra de la guerra en Gaza. El juez dictaminó que la presencia de Khalil en el país era potencialmente grave para la política exterior estadounidense, en la misma línea de las declaraciones del secretario de estado, Marco Rubio, quien lo acusó de “socavar la política estadounidense para combatir el antisemitismo”. Poco más de un mes después del arresto de Khalil, Mohsen Mahdawi, estudiante palestino que también destacó como organizador de protestas pro palestinas en Columbia, fue detenido en Vermont mientras asistía a su última entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense. Aún cuando no han sido acusados de realizar ninguna actividad criminal, Khalil y Mahdawi son parte de un cada vez más grande grupo de activistas que, contando con un estatus de residencia legal o visas de estudiante, han sido detenidos y podrían ser deportados como parte de lo que el gobierno de Estados Unidos afirma es un intento para reprimir el antisemitismo y las protestas pro palestinas en el país.
Más allá de los casos individuales, el gobierno de Donald Trump ha iniciado una dura ofensiva contra algunas de las universidades más importantes de Estados Unidos. La Universidad de Columbia, sede de las principales manifestaciones estudiantiles en contra de la guerra de Israel en Gaza el año pasado, enfrentó la congelación de 400 millones de dólares en fondos federales por acusaciones de no haber combatido el antisemitismo en el campus de forma adecuada. Mientras que Columbia terminó accediendo a las exigencias del gobierno federal para recuperar su financiamiento, la prestigiosa Universidad de Harvard no ha cedido a la presión de Trump que exige se implementen una serie de cambios en sus prácticas de contratación, admisión y docencia con miras a combatir el antisemitismo en el campus. El rechazo a las exigencias de la Casa Blanca por parte de Harvard se ha castigado con la congelación de más de 2,000 millones de dólares en fondos federales y la pérdida de la exención fiscal de la institución.
La realidad es que en Estados Unidos, bajo la actual administración del presidente Trump, se pretende reprimir y castigar todo lo que sea considerado un acto antisemita. Sin embargo, el problema radica en la interpretación que se da a lo que es considerado como “antisemita”. La definición de antisemitismo hace referencia a “la discriminación, hostilidad y odio hacia los judíos, basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico”. Esta es la definición real, odiar y agredir a alguien por su origen judío es un acto antisemita, de eso no cabe duda. Por otra parte, denunciar los abusos de Israel en Palestina, pedir un alto al fuego en Gaza y que se detengan las masacres contra la población civil, incluyendo mujeres y niños, nada tiene que ver con antisemitismo. Alzar la voz y ejercer el derecho a la libertad de expresión para pedir el fin de una guerra que ha costado más de 50,000 vidas es un acto de humanidad, no una manifestación de odio hacia los judíos.
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