Respira
Por Dino Cantú Pedraza y Beth Simone Noveck
“La justicia es una pesadilla”, nos repiten una y otra vez mexicanas y mexicanos decepcionados y frustrados con el sistema de justicia a lo largo y ancho de nuestro país.
Lo dicen todas las personas: desde las víctimas que exigen justicia, hasta los jueces y fiscales encargados de impartirla, pero que ven su labor coartada por la falta de recursos.
Lo piensa el agente del Ministerio Público que hace guardia, lo vive la trabajadora social que atiende a las víctimas de violencia y lo experimentan el abogado y la abogada que defienden asuntos familiares y los derechos de las mujeres.
Todos ellos cansados de un sistema de justicia que, lejos de resolver, frecuentemente les supone más problemas.
Es innegable que urge una reforma al Poder Judicial de la Federación, en eso no se equivoca el Presidente. Es un paso importante que debemos dar como país; pero ese paso debe ser hacia delante, no hacia atrás.
La reforma que plantea el Presidente Andres Manuel López Obrador se centra en las y los jueces como los principales culpables de los males en el sistema de justicia en México.
Pero la complejidad del problema que afecta a nuestro país no se resuelve reformando solo una de las tantas piezas que interactúan en el sistema de seguridad y justicia.
Una reforma de esta magnitud y envergadura no puede ser fruto de un capricho, sino que debe ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real, en donde se escuche y dialogue con las y los operadores y actores involucrados.
Es por eso que desde el Poder Judicial de la Federación se tomó la decisión de llevar a cabo el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, un ejercicio inédito, plural y transparente.
De febrero a la fecha, hemos recorrido todo el país con el objetivo de revisar el funcionamiento del sistema de seguridad y justicia desde la óptica y la experiencia de las personas que lo necesitan.
A la fecha, hemos escuchado y trabajado por más de tres horas con 2,850 personas provenientes de todos los sectores - público en general, usuarios del sistema, litigantes, representantes de barras y colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil, policías, fiscales, jueces y otros funcionarios públicos - y estimamos concluir con al menos 3,200 participaciones, apoyadas por más de 600 personas moderadoras y relatoras.
Winston Churchill dijo que la crítica cumple la misma función que el dolor en el cuerpo humano: llama la atención sobre un mal estado de las cosas. Y esto es lo que nos propusimos. Para hacer un diagnóstico correcto, es preciso primero escuchar los síntomas, identificar dónde duele y qué está causando este dolor.
En otras palabras, escuchar para entender y entender para enmendar.
Algunas de las conclusiones a las que se han llegado a partir de dicho Encuentro es que: (i) a las personas el derecho y acceso a la Justicia les parece muy formal, distante y complejo; (ii) el contacto con las autoridades erosiona particularmente a las víctimas quienes deben narrar una y otra vez su historia; (iii) policías, fiscales y jueces enfrentan maltrato institucional y desprecio ciudadano; (iv) la capacidad de investigación criminal está rebasada; (v) tenemos un sistema basado en la desconfianza.
El problema, entonces, no son solamente las y los jueces (como alega el presidente). Es la falta de recursos humanos y económicos para apoyarlos en su tarea, es la falta de uso de nuevas tecnologías, es la falta de voluntad y sobre todo la falta de generar una visión en común desde todos los distintos actores que tienen una parte de la solución pero que no tienen espacio para dialogar.
López Obrador acusa a los órganos de justicia de privilegiar “los intereses de los grupos de poder”. Pero, ¿qué cree que va a pasar si esos mismos “grupos de poder” son los encargados de nombrar y elegir a los jueces?
Será el fin de la carrera judicial, de la meritocracia y de la independencia del Poder Judicial.
Porque si bien todos somos iguales ante la ley, no necesariamente lo somos ante los encargados de aplicarla. Por eso es fundamental preservar la independencia judicial, algo que no cabe duda se perderá en caso de aprobarse la reforma tal y como la plantea el presidente.
Defender la independencia del Poder Judicial implica defender que los jueces no sean políticos, que no sean nombrados por amiguismos con legisladores, que el crimen organizado no los imponga y que las empresas no financien sus campañas.
Lo más preocupante es que la propuesta desconoce el significado de la palabra justicia para las víctimas. Y que con ella no se soluciona ninguna de sus principales preocupaciones. Seguirán sin respuesta, seguirán tocando una infinidad de puertas sin obtener resultados, seguirán sin su derecho a la verdad.
Entonces, si la justicia en nuestro país es una pesadilla, ¿que necesitamos? Que México despierte.
* Dino Cantú Pedraza es la coordinadora general del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia organizado por el Poder Judicial de la Federación.
Beth Simone Noveck es profesora en la Universidad Northeastern, directora del Burnes Center for Social Change y The Governance Lab, y experta en el uso de IA para mejorar la democracia participativa y la gobernanza.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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