Respira
Por Fátima Masse
Vivimos en un país en el que menos de la mitad de las mujeres en edad productiva tienen autonomía económica, entendida como la capacidad para generar ingresos propios que sean suficientes para tomar decisiones de forma autónoma. Esta situación es producto de una serie de desigualdades que empiezan en los hogares y continúan hasta los centros de trabajo.
Ante este contexto, me pregunto cómo sería una presidencia comprometida con cerrar las brechas de género en el mercado laboral. Se me vienen a la mente tres características:
1. Prioriza la oferta de cuidados alternativos.
Los roles de género están muy arraigados a nuestras dinámicas sociales y económicas, por lo que las mujeres fungen como las cuidadoras principales. Esto limita el tiempo que tienen para conseguir un empleo. Solo para dimensionar el desbalance, por cada hombre que está fuera de la economía remunerada por quehaceres domésticos hay 14 mujeres (datos ENOE, 4T 2022).
Actualmente, las trabajadoras formales pueden aprovechar los centros de atención infantil del sistema de seguridad social al que están afiliadas. Sin embargo, sólo 46% de las trabajadoras totales tienen esta posibilidad. ¿Y las mujeres en la informalidad? Además, ¿qué pasa con quienes cuidan a niños de más de seis años, adultos mayores, personas con alguna discapacidad o personas con alguna enfermedad? Prácticamente, no hay opciones públicas para ellas.
Una presidencia a favor de las trabajadoras está consciente de esta situación y prioriza soluciones. Diseña e implementa políticas como las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo para aportar a un sistema de cuidados integral. También, hace un llamado para agilizar la discusión de las iniciativas legislativas para construir un Sistema Nacional de Cuidados, que es el primer paso para formalizar este sistema y se refiere a las reglas para articular la oferta de estos servicios a nivel federal y estatal.
2. Ofrece condiciones laborales inclusivas para sus funcionarias.
La presidencia es la cabeza de la Administración Pública Federal (APF), un sector en el que cada vez más mujeres rompen el techo de cristal y ocupan el puesto de secretarias de Estado. A pesar de este logro, la presencia de mujeres al interior de estas instituciones disminuye conforme se eleva el puesto. Según un estudio del IMCO, mientras 44% de las secretarías de Estado están encabezadas por una mujer, solo 28% de las subsecretarías y de las jefaturas de unidad están ocupadas por una mujer. Esto sugiere que el crecimiento profesional de las mujeres no se da de manera orgánica.
El Gobierno Federal como empleador de casi un millón y medio de personas puede poner un ejemplo para ofrecer condiciones laborales más inclusivas. Una presidencia comprometida con sus funcionarias puede establecer reglas claras sobre horarios y jornadas de trabajo, aprovechar el detalle de su nómina para monitorear cambios en las brechas de género, institucionalizar las Unidades de Igualdad de Género en la APF e implementar acciones –como capacitaciones y mentorías de liderazgo– para que más mujeres puedan llegar a puestos más altos.
3. Cuida la inversión privada y fomenta que los nuevos empleos sean inclusivos.
La inversión privada es fundamental para la creación de nuevos empleos de calidad. Para que esta aumente se necesita certidumbre jurídica. Sin embargo, en los últimos años dicha certidumbre se ha visto amenazada ante la cancelación de grandes inversiones (como el NAICM o la planta de Constellation Brands en Mexicali), así como amenazas sin fundamento desde el discurso presidencial (como lo sucedido con Tesla antes de que se confirmara su llegada a Nuevo León). En ese sentido, una presidencia a favor de las trabajadoras –y de la competitividad– reconoce que el sector privado es fundamental para generar empleos de mejor calidad, lo que se refleja en las narrativas y decisiones diarias.
Además, destina presupuesto y voluntad para promover que dichos empleos sean más inclusivos para que más mujeres puedan acceder a ellos. Una vía para lograrlo es a través de la certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-025-SCFI-2015). Para que sea más atractiva para las empresas, se necesita difundir sus beneficios, simplificar los procesos de aplicación y reducir sus costos, eliminar del padrón a quienes no tienen el certificado vigente e incrementar el valor social para las empresas que alcanzan la certificación.
No basta con políticas públicas para alcanzar la igualdad de género en el mercado laboral mexicano. Sin embargo, un compromiso que se refleje en el presupuesto y las decisiones del Gobierno Federal podrían agilizar los cambios necesarios para lograr este objetivo. ¡Ojalá esto sea tema de conversación en las próximas elecciones presidenciales!
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