Respira
Por Gabriela Sotomayor
Lilia Alejandra García Andrade nació el 31 de agosto de 1983 en Ciudad Juárez, hija de Norma Esther Andrade y José García Pineda. Tenía una hija Jade Tikva, de 1 año 8 meses y un hijo José Kaleb de 5 meses 15 días de nacido.
El 14 de febrero del 2001, Lilia Alejandra desapareció después de salir de su trabajo cuando se dirigía a su domicilio. Durante 7 días no se tuvo información hasta el 21 de febrero cuando su cuerpo fue encontrado en un lote baldío con señales de tortura física y sexual. El día 22 de febrero las autoridades iniciaron la investigación del caso. En 2003 su padre murió de cáncer y Norma se ha hecho cargo de los niños de Alejandra y de buscar justicia para su hija.
Durante 23 años, sí , leyó usted bien, 23 años, las autoridades mexicanas se han dedicado a retrasar injustificadamente la investigación para esclarecer este crimen, mismo que está relacionado con otros feminicidios de niñas cometidos en Ciudad Juárez, lo cual ha sido identificado debido a los perfiles genéticos obtenidos del análisis de los restos biológicos recuperados del cuerpo de Alejandra.
De acuerdo con lo anterior, se determinó́ que el perfil genético de cuando menos uno de los agresores de Alejandra era coincidente con el perfil genético del agresor de 3 niñas más ocurridos en 1995, 1996 y 2005, así como el de otra niña, que por coincidencia en cuanto al modus operandi, ocurrió en 1994.
A lo largo de estos años, las autoridades abrieron 8 líneas de investigación; sin embargo, la falta de actuación con la debida diligencia no permitió que las mismas se cerraran a partir de criterios objetivos. En 2008, luego de revisar nuevamente algunas evidencias encontradas en el lugar del hallazgo, se logró relacionar a partir de una muestra genética, a un hombre pariente del policía adscrito al área de homicidios de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como uno de los agresores de Lilia Alejandra. A pesar de ello y ante la falta de justicia, los abogados de Norma recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En estos 23 años, Norma se ha hecho responsable por completo de sus nietos Jade y José Kaleb, y a la vez ha emprendido una lucha incansable para buscar justicia y verdad para su hija. En este camino y a partir de su experiencia dolorosa, se ha convertido en una activista por la defensa de los derechos humanos de las mujeres en México, acompañando a varias familias que buscan a sus hijas desaparecidas o que reclaman justicia por sus hijas asesinadas.
La denuncia permanente de la impunidad en los casos de feminicidio y la corrupción de las autoridades que no investigaron el caso ha tenido como consecuencia que Norma, así como su abogada y abogado hayan sufrido desde hace tiempo actos de hostigamiento y amenazas.
En particular, en el caso de Norma, ha sufrido dos atentados en contra de su vida y ha sido víctima de desplazamiento forzado: El 2 de diciembre de 2011 un sujeto le disparó en seis ocasiones afuera de su casa, frente a su nieta; después de este grave atentado, se desplazó con Jade y Kaleb a la Ciudad de México, por considerar que ahí estaría segura. Sin embargo, el 3 de febrero de 2012, un sujeto la apuñaló en el cuello cuando estaba en la puerta de su nuevo domicilio, luego de ir a dejar a su nieto a la escuela.
En ninguna de las investigaciones que se iniciaron por ambos atentados, las autoridades lograron identificar a los responsables. Qué raro.
El caso de Lilia Alejandra ante la CIDH implica primero, a las múltiples omisiones, negligencias e irregularidades que iniciaron desde el momento de la desaparición de Lilia Alejandra y que se han prolongado ante la falta de una investigación con la debida diligencia, lo que ha llevado a que el caso permanezca en la impunidad por más de 23 años. Lo mismo que un 99% de los feminicidios en los que los perpetradores no son llevados ante la justicia en México.
Asimismo, en segundo lugar, el Estado mexicano no ha implementado las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida e integridad de Norma; en tercero, a la falta de investigación y sanción del atentado, amenazas y actos de hostigamiento que ha padecido Norma; cuarto, a la ausencia de medidas de protección con enfoque diferencial para la hija e hijo de Alejandra, quienes además de enfrentar la pérdida de su madre, también han sufrido graves afectaciones psicológicas luego de los atentados de los cuales fue víctima su abuela, así como por el desplazamiento forzado a la Ciudad de México.
El 14 de noviembre Norma Andrade presentó su caso en el Graduate Institute (Maison de la Paix) en Ginebra, Suiza en donde se proyectó el documental dirigido por Brigitte Leoni, sobre su búsqueda incansable de justicia. Habrá que recordar que en México, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas hasta el 8 de agosto de 2024 (desde 1950), hay 116, 386 personas “desaparecidas y no localizadas”, de las cuales, 89 121 son hombres; 26 749, son mujeres muchas de ellas niñas y adolescentes y 516 víctimas no tienen sexo definido. Además se calcula que al menos cada año, en la última década, tres mil niños, niñas y adolescentes se quedan huérfanos por feminicidios. Pero sólo 238 menores cuentan con el apoyo del Estado mexicano.
Ante esta situación lo que es absolutamente incomprensible es por qué el caso de los feminicidios y la violencia contra la mujer en México no forme parte de la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es una deuda moral que el Consejo, y sobre todo la ONU, tiene con las víctimas de este crimen inhumano.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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