Respira
Por Georgina de la Fuente
Una vez más, en 5 de febrero, el Ejecutivo aprovechó el aniversario de la Constitución para anunciar reformas que se promueven como democratizadoras pero que buscan concentrar poder en las manos de siempre. En 2024, López Obrador anunció, entre otras reformas, la transformación del Poder Judicial a través de la elección de jueces, magistrados y ministros. Ello, para que “se haga realidad la democracia y que nunca más el gobierno esté al servicio de las leyes de una minoría”. Este año, Claudia Sheinbaum aprovechó la ocasión para anunciar reformas para prohibir la reelección y el nepotismo en cargos de elección popular. “Nuestra lucha por la democracia y contra cualquier forma de corrupción son un asunto de principios”, anunció la presidenta en un acto en el que, por primera vez, se excluyó a la titular de uno de los poderes del Estado.
En las últimas semanas se han evidenciado el desaseo y la improvisación en la organización de la elección judicial. Quienes quisieron participar en el proceso debieron pasar por el tamiz político de los Comités de Evaluación, los cuales decidieron de manera arbitraria y opaca quiénes tenían el visto bueno de la Presidencia y el Congreso para aparecer en la boleta. Así, el Senado se ungió como organizador de elecciones sin las certezas jurídicas requeridas para ello. Por su parte, las autoridades encargadas de realizar estas funciones han debido recurrir a la manipulación de los principios constitucionales que deben orientar la función electoral para ajustarse a las prisas impuestas por el poder. De este modo, lo que se ha propuesto como un triunfo democratizador en realidad ha supuesto regresiones significativas en la manera en que se realizan las elecciones, con afectaciones a derechos políticos conquistados y aquellos por conquistar, como el acceso a la justicia.
En un nuevo episodio de simulación democrática, Sheinbaum propuso eliminar la reelección como un mecanismo para combatir la corrupción y hacer efectiva la democracia. Lo cierto es que, desde su incorporación a nuestro sistema electoral en 2014 y el inicio de su operación en 2018, el Congreso omitió dotar a la figura del suficiente contenido para que cumpla con los objetivos que se propuso. Con su aprobación, ésta buscó la profesionalización de la labor legislativa, el establecimiento de vínculos más estrechos entre la ciudadanía y sus representantes y una rendición de cuentas más efectiva. Pero la falta de regulación resultó en una aplicación tibia que, en los hechos, ha mantenido el control de las candidaturas en manos de los partidos.
La ley no estableció reglas con respecto a la necesidad de separarse del cargo para la realización de campañas y la fiscalización para asegurar que no se utilicen recursos públicos para ese fin. El Instituto Nacional Electoral aterrizó la figura en un derecho de las y los políticos y no en un derecho de la ciudadanía, permitiendo que alguien se pudiera reelegir por un partido político distinto al que lo postuló originalmente e inclusive por otro distrito distinto al que ganó. También se permitió que una persona electa por el principio de mayoría pudiera ser reelecta por el principio de representación proporcional, a falta de una prohibición expresa en la ley. De este modo no se empoderó a la ciudadanía para premiar o castigar mediante su voto, sino a los políticos que quedaran bien con las dirigencias para postularles nuevamente.
Nuestra experiencia con la reelección estuvo condenada por una omisión legislativa de origen. Por ello, la propuesta de eliminar de una vez por todas la reelección después de apenas seis años en operación no nos brinda más garantías democráticas, sino que asegura a los partidos la prerrogativa de mantener en sus manos el poder de postular candidaturas y de definir el futuro político de sus cuadros.
Por su parte, la iniciativa que prohíbe el nepotismo en cargos de elección popular, aunque positiva en principio, no incorporó otros cargos en la Administración Pública Federal en los que el nepotismo es generalizado. Peor aún, la reserva aprobada en el Senado que haría efectiva la prohibición hasta el 2030 aseguraría candidaturas a familiares directos de gobernantes actuales en Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas en las elecciones de 2027.
