Respira
Feminicidio se ha convertido en una palabra de lectura frecuente y de primeras planas en los principales diarios de circulación nacional. Resulta indignante tener como lectura obligada un término que tiene como trasfondo odio, misoginia y amenazas en contra de las mujeres que culminan en su asesinato.
Durante esta semana se dieron a conocer dos casos que ponen de manifiesto el peligro que enfrentan las mujeres incluso en su mismo hogar. Cecilia Monzón y Beatriz Guadalupe son dos jóvenes que comparten una misma historia: ser presuntamente asesinadas por quienes fueron sus parejas sentimentales.
Datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla indicaron que hay evidencias suficientes para señalar que la expareja de Cecilia Monzón fue el autor intelectual del homicidio de quien también fuera activista a favor de los derechos de las mujeres. Las investigaciones apuntan a que su expareja, con quien mantenía una pelea judicial por la custodia de un hijo, fue quien ordenó a otros individuos la ejecución de Monzón.
Si el feminicidio de la activista resulta indignante por sí mismo, a ello hay que agregarle que el presunto feminicida es Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla en 2010 y quien quedara en el segundo lugar de las votaciones en el estado. De comprobarse su culpabilidad, habría que realizar un análisis profundo acerca de quiénes se están proponiendo como posibles dirigentes de un estado.
El caso de Beatriz Guadalupe que se suscitó en Morelos no resulta menor. La indiferencia de las autoridades al presentar denuncias sobre violencia y amenazas de muerte determinaron el destino de la joven. El día que Beatriz Guadalupe decidió denunciar a su expareja por años de violencia el ministerio público le pidió regresar otro día para firmar su declaración. Después de dos denuncias interpuestas por la víctima, ella y su familia recibieron amenazas y acoso, hasta que un día su cuerpo fue localizado en la carretera Yecapixtla-Achichipico, Morelos. Sin embargo, pese a la plena identificación del homicida y sus cómplices por parte del padre de la víctima, aún no hay acción penal en su contra.
Si analizamos los datos, los casos de feminicidio en México han incrementado a un ritmo alarmante. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2015 a 2021 los feminicidios incrementaron en 566 casos, y tan sólo de enero a abril de este año se han registrado 310 casos, casi la cantidad de registros que hubo durante todo el 2015 (412).
Las estimaciones del SESNSP indican que el Estado de México continúa siendo la entidad con el mayor número de feminicidios con 51, seguido por Nuevo León con 34, Veracruz con 31, CDMX con 19 y Morelos y Oaxaca con 15 registros cada uno; resulta alarmante que tan sólo estos seis estados del país registren el 53% de los feminicidios cometidos en lo que va del año.
Los feminicidios a manos de parejas o exparejas son hechos que en muchas ocasiones son precedidos por maltrato, amenazas, misoginia y una escalada de violencia que, en su mayoría, comienzan en el hogar. Por ello, no sorprende que, de acuerdo con el SESNSP, las llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar registradas sean elevadas, puesto que, tan sólo en lo que va de este año, se han registrado 201 mil 069, de las cuales 58 mil 951 son del mes de abril.
Asimismo, es necesario recordar la medición realizada por Enkoll en colaboración con Opinión 51 en el mes de marzo sobre violencia de género, donde las cifras estiman que el 65% de las mujeres que mencionaron haber sufrido algún tipo de agresión o violencia en su hogar dijeron que fue a manos de su pareja.
Las historias de Cecilia Monzón y Beatriz Guadalupe no son hechos aislados. Lamentablemente las historias de violencia por parte de parejas o exparejas son una constante en nuestro país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Inegi 2016), 43.9% de mujeres de 15 años y más han sufrido violencia por parte de su pareja actual o última, donde predomina la violencia emocional con 40.1%, seguida de la económica o patrimonial con 20.9%, la física con 17.9% y la sexual con 6.5%.
Los datos son alarmantes y representan un llamado al que las autoridades deben responder para fortalecer la protección y procuración de justicia hacia las mujeres, así como otorgar seguimiento a cada una de las denuncias impuestas por víctimas de violencia que representan una bandera roja para sus vidas. Un buen seguimiento a las denuncias por parte de las fiscalías significa la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer.
@heidiosuna
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Más de 150 opiniones a través de 100 columnistas te esperan por menos de un libro al mes. Suscríbete y sé parte de Opinión 51.
Comments ()