Heidi Osuna

México y su diversidad sexual

En relación con la distribución por entidad federativa, descubrimos que poco más del 50% de la población que se identifica LGBTI+ se concentra en nueve estados.

Por primera vez en la historia de nuestro país, y tras varios años de lucha de diversas organizaciones, se cuenta con datos oficiales que visibilizan las condiciones sociales y laborales a las que se enfrentan los 5 millones de personas que se asumen como integrantes de la comunidad LGBTI+.

Estas cifras, obtenidas de la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelaron que 909 mil miembros dijeron tener una identidad de género distinta a la asignada al nacer y 35% se identificó como transgénero o transexual, mientras que 65% dijo ser no binario, género fluido, agénero, entre otros.

Por otra parte, el estudio arrojó que el 82% de esta población se adscribe a ella por su orientación sexual, mientras que tan solo el 8% por su identidad de género y el 11% por ambas razones.

En relación con la distribución por entidad federativa, descubrimos que poco más del 50% de la población que se identifica LGBTI+ se concentra en nueve estados: Estado de México con el 10%, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León con 6% cada una, y Puebla, Guanajuato, Chiapas y Oaxaca con 5%, respectivamente.

Al analizar sus características sociodemográficas notamos que la diversidad sexual y de género se presenta de manera diferenciada en las distintas generaciones. Del total de la población LGBTI+ en nuestro país el 28% se encuentra en el rango de 30 a 44 años, en tanto que 24% de 18 a 29 años y el mismo porcentaje entre 45 a 59 años.

Y aunque la homosexualidad nunca fue considerada un delito en México el estigma y la discriminación que sufre la comunidad es un motivo de violencia y exclusión en los diferentes ámbitos de su vida.

La Endiseg muestra también un lado oscuro de nuestro país y de las familias que lo componen, ya que dos de cada 10 encuestados reportaron que su familia manifestó molestia o rechazo en el momento en que les revelaron su orientación sexual y que a una de cada 10 personas se les obligó a asistir con algún especialista de tipo médico, psicológico u otra entidad o institución, con la finalidad de modificar o “corregir” su orientación y preferencias.

Mientras tanto, en la población económicamente activa los datos revelaron que en el último año 28% de las personas fueron discriminadas y violentadas en su trabajo actual. Dichas acciones van desde comentarios ofensivos, mobbing laboral y hasta desigualdad de beneficios laborales.

El estudio reflejó también una brecha de género de acceso a puestos de liderazgo, pues sólo 5% de las y los entrevistados dijo ser funcionario, director o jefe en su trabajo.

Cada acto de discriminación hacia las personas de la comunidad impacta en su salud emocional, pues, siguiendo con dicho estudio, 26% de las y los encuestados manifestó haber pensado en suicidarse y 14% haberlo intentado en alguna ocasión. Se debe precisar que estas cifras triplican el porcentaje que se reporta por las personas no adscritas a la comunidad LGBTI+.

En suma, los resultados del programa estadístico realizado por el Inegi en cerca de 44 mil viviendas en todo el país nos invitan a ser conscientes sobre lo retrasado que está nuestro país. Es increíble que se discrimine en el seno de una familia a una persona por su preferencia sexual.

Defender la diversidad sexual implica defender la vida democrática de nuestras sociedades desde cualquiera de los ámbitos: cultural, político o social. Las autoridades deben impulsar las condiciones para que, mediante el cumplimiento y garantía de los derechos humanos se fomenten los valores de respeto para aquello que en general es diverso, diferente: todes nosotres.