Respira
Por Beatriz García Nice, recibió una licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP) y la Universidad Jean Moulin Lyon III, Francia, y una maestría en Seguridad de la Universidad George Washington en Washington, DC. Se especializa en temas de migración, gobernanza democrática y género. Actualmente es la líder del proyecto de la iniciativa del Center sobre violencia de género.
Las nuevas tecnologías nos han traído beneficios en múltiples aspectos. El acceso a la información y las comunicaciones han dado un gran salto en las últimas dos décadas y se aceleraron con la pandemia del COVID-19. Sin duda, el incremento que se ha dado en accesibilidad y digitalización de procesos ha coadyuvado a disminuir la brecha digital.
Este acceso acelerado al ciberespacio nos ha hecho más vulnerables, especialmente a las mujeres, generando un escenario adicional donde experimentan violencia.
La violencia en línea no es nueva, pero en estos últimos años se ha convertido en uno de los temas actuales de mayor complejidad en lo que se refiere a derechos humanos. El uso indiscriminado de las tecnologías de la información ha disipado la división entre lo que es considerado como “online/offline”. Esto ha hecho que como individuos desarrollemos una segunda identidad: aquella que se lleva a cabo en el ciberespacio y que está intrínsecamente relacionada con nuestro entorno.
Esta dualidad ha hecho a las mujeres más propensas a vivir situaciones de violencia en línea. Los gobiernos de la región, en el mejor de los casos, han empezando a compaginar el carácter multi-jurisdiccional y transnacional de dicha dualidad. Pero en su gran mayoría existe un rezago importante y notorio en materia legislativa y judicial. Esto se debe a que muchos de los actos de abuso se cometen fuera de lo que es considerado la jurisdicción de los Estados – el ciberespacio.
La forma en que las tecnologías digitales son utilizadas y adoptada por los autores de la violencia en línea hacen más difícil su detección y dificulta como las autoridades atienden, sancionan y previenen este tipo de violencia en contra de las mujeres.
El “doxeo” es una de las formas más comunes de violencia en línea. Lo que busca es el acceso y publicación no autorizada de información personal el cual revela la identidad de la víctima o su ubicación física. Esto se hace con el objetivo de dañar su reputación, humillarla, amenazarla o intimidarla, creando una situación violenta para la víctima en su entorno personal, profesional y público.
América Latina es una de las regiones más violentas para las mujeres. Si bien sólo el 60% de los más de 600 millones de latinoamericanos tienen acceso a internet, en promedio, las mujeres entre los 18 y 24 años enfrentan niveles más elevados de violencia en línea y tienen 27% más probabilidades de ser víctimas de este tipo de violencia que los hombres.
Aunado a esto, aproximadamente el 40% de las víctimas conocen a sus agresores. Ello es lo que le da un nivel adicional de complejidad a este tipo de violencia en línea ya que, en estos casos, no es el espacio físico donde toma lugar el hecho violento, sino las relaciones de poder que se producen y el vínculo cercano entre víctima y agresor.
El resultado para muchas mujeres es de humillación, pérdidas laborales y personales y en casos extremos, la muerte.
Esta dualidad de espacios “online/offline” continúa expandiéndose y más aún con el surgimiento de la inteligencia artificial, incrementando la necesidad de que los Estados legislen al respecto y desarrollen mecanismos de control. Para esto es necesario que se defina y tipifique este tipo de violencia y se establezcan causales claras y la jurisdicción en la que este tipo de violencia recae.
A su vez, se necesitan mecanismos de recolección de datos que contribuyan a generar políticas públicas que brinden justicia y protección a las víctimas. En nuestra región, Uruguay es el único país que recopila información estadística oficial sobre la violencia digital a nivel nacional. Por su parte, en Brasil, existen muy pocos datos que permitan realizar un diagnóstico sobre la violencia en línea debido a las pocas denuncias que se presentan ante las autoridades. En países como Bolivia, Ecuador y Colombia, los únicos datos disponibles son recolectados por organizaciones de la sociedad civil y no por el Estado.
Finalmente, es importante generar campañas de higiene cibernética para mujeres y niñas sobre el uso consciente y seguro del internet. Esto es fundamental ya que los ataques en línea más comunes incluyen agresiones a los derechos sexuales y la percepción de la mujer como objeto sexual. En Argentina, por ejemplo, el 93% de los agresores son ex parejas quienes en su gran mayoría tienen acceso al espacio en línea de sus parejas.
México está avanzando en este tema. Desde el 2015 existe la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las TICs en Hogares (ENDUTIH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que incluye un Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA). La Ley Olimpia, impulsada por la activista Olimpia Corral Melo, es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal que buscan reconocer la violencia digital y sancionarla. Si bien solo 28 entidades federativas son las que han aprobado normas en este sentido, lo que se busca es que la violencia en línea sea un delito sancionable en todo el país.
*Beatriz se unió al Programa Latinoamericano en septiembre de 2019. Trabajó para la Organización de los Estados Americanos - Comité Interamericano contra el Terrorismo (OAS/CICTE) y en el Departamento de Estado en las Embajadas en Santiago, Chile y Quito, Ecuador. Previo a unirse al Wilson Center, vivió en Beijing, China, donde trabajó para avanzar las oportunidades en educación de niñas en provincias rurales del país asiático y estudiar el sistema político chino.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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