Respira
Por Casiopea Ramírez Melgar
Las temperaturas extremas que estamos viviendo en el país han ocasionado las demandas de energía más altas en la historia de nuestro sistema eléctrico, lo cual amerita revisar qué está pasando para que todos podamos entender si nos encontramos ante un riesgo de desabasto o no.
Empecemos por explicar cómo está la situación: en tan solo 1 año, nuestra demanda máxima de energía creció un 10%, pero nuestra capacidad de producción tan sólo 1%. Esta enorme diferencia se debe a, por un lado, algo que no podemos controlar, y eso es una ola de calor extremo que está haciendo que todo México consuma más energía, y por otro lado, algo que sí pudimos prever y gestionar, que es la inversión en nuevas centrales de generación e infraestructura de transmisión.
La ecuación es sencilla: cada año de crecimiento económico es igual a un año de crecimiento en la demanda eléctrica, por lo cual cada año requerimos más infraestructura para atender ese crecimiento y mantener un margen de reserva mínimo que nos permita gestionar eventualidades ¿Y entonces qué pasó?
El último año añadimos una tercera parte de la nueva capacidad de generación mínima necesaria para atender el crecimiento de demanda (1,500 MW en 2021 vs ~4,500 MW de los últimos 3 años). Tomemos estos 4,500 MW como nuestro límite inferior, ya que no incluyen guardaditos para eventualidades ni reemplazo de plantas obsoletas que ya tendríamos que jubilar, ni mucho menos incremento de consumos por situaciones más sofisticadas como el nearshoring o la electromovilidad.
Estas condiciones de subinversión son resultado de la política energética del país, ya que en este sexenio se ha buscado fortalecer a la CFE casi a cualquier costo. CFE planea añadir una parte de esa capacidad de generación mínima anual necesaria, pero hasta el 2025, año en el cual tendremos un déficit acumulado de más de 12,000 MW por no haber hecho las inversiones en generación requeridas en cada año. Mientras tanto, hay más de 4,000 MW solicitando nuevos permisos de generación (en su mayoría con inversión privada), esperando incluso desde 2019 en la bandeja de la Comisión Reguladora de Energía, sin fecha próxima de resolución.
Por otro lado, están las redes que utilizamos para transportar la energía desde donde se produce hasta donde se consume, cuya inversión ha estado en la congeladora desde hace casi 10 años, y por lo tanto, sólo han crecido 0.1% al año, es decir, muy por debajo del crecimiento de demanda promedio de los últimos años e incluso del que se prevé para los siguientes 5 años (~3% anual).
La inversión en redes es todavía más complicada. CFE es la única empresa autorizada a construir y operar líneas de transmisión en el país. Es su mandato constitucional. Pero resulta que de los 192 proyectos de expansión y modernización de las redes que la Secretaría de Energía le ha instruido hasta la fecha CFE solo ha terminado 9 proyectos y con unos 4 años promedio de retraso. Lo preocupante de este desempeño son las consecuencias para el sistema y por lo tanto para el suministro de energía en el país: tan solo el año pasado, el 86% de las alertas de emergencia del sistema fueron ocasionadas por fallas en las redes de transmisión y distribución y los 2 apagones más grandes de los últimos años tuvieron su origen en fallas en la red.
Además, CFE ha encontrado la manera de trasladar sus obligaciones de inversión en la red a consumidores y generadores, haciendo que éstos desarrollen la nueva infraestructura necesaria para acceder a la red, para después cederla a título gratuito a CFE, sin recibir ningún beneficio a cambio ya que además tendrán que pagar por usar lo que construyeron, cada vez que consuman o inyecten energía. Con este mecanismo, los costos de acceso a la red se han multiplicado por 12 en los últimos 10 años, encareciendo así el acceso y uso de la energía eléctrica en todo el país.La relevancia del sector eléctrico excede las afiliaciones políticas, las preferencias sobre modelos productivos o cualquier ocurrencia para discutir con un café. El desempeño del sector eléctrico condiciona nuestro desarrollo como país, nuestra seguridad como ciudadanos e incluso nuestro derecho a una vida digna. Por eso, más que una política pública que condicione quién, cómo y con qué recursos generamos energía el país, debemos priorizar que el sector eléctrico provea las condiciones para asegurar las inversiones necesarias enfocadas a atender nuestras necesidades actuales y futuras, independientemente de si es CFE, la iniciativa privada o ambos. Como ciudadanos y consumidores, queremos energía suficiente, asequible y que no contribuya a tener climas extremos como los que cada día son y serán más frecuentes.
* Experta en regulación y análisis de mercado con 18 años de experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos de transición energética. A lo largo de su trayectoria profesional, ha colaborado con empresas multinacionales de energía como Naturgy y Enel Green Power, así como consultoras dedicadas a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, en México, Centro América y el Sudeste Asiático.
Actualmente es socia de Fresh Energy Consulting, donde lidera los análisis de impacto regulatorio, estudios de inteligencia de mercado y diseño de estrategias de comercialización, además de participar como perita experta en procesos legales del sector electricidad a nivel internacional.
Casiopea es Internacionalista y cuenta con una Maestría en Geopolítica, así como una especialización en Regulación de Utilities, por el Public Utility Reserach Center de la Universidad de Florida, y es Consejera Fundadora de Voz Experta.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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