Respira
Por Cristina Reyes
El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado que busca honrar y dignificar a todas las personas que por diversas cuestiones han tenido que migrar o han sido desplazadas de sus lugares de origen. En países como México, la movilidad humana ha representado diversos retos que se han configurado en una crisis migratoria, sobre todo, por el enfoque militarista de las políticas públicas dirigidas a contener el flujo migratorio.
La gestión migratoria en México se caracteriza por priorizar su seguridad nacional sobre la protección y respeto a los derechos humanos, gracias a la influencia de la política migratoria estadounidense. Esta perspectiva es conocida como securitización, y sustenta que la migración internacional indocumentada es un problema de seguridad nacional, como si se tratara de terrorismo o invasión extrajera, por lo tanto, alimenta la narrativa de que se trata de una “amenaza” y refuerza la aplicación de medidas más restrictivas y arbitrarias en contra de personas migrantes.
Así, ante un discurso que es admitido y replicado en la población de un país, las personas que ocupan cargos públicos optan por implementar políticas basadas en el modelo securitario, con el fin de contener y controlar el supuesto “peligro” que implica la migración. Esta ha sido la justificación para que la política de gestión migratoria en México incluya cada vez más a las Fuerzas Armadas, con el objetivo de contener y disuadir la movilidad de las personas.
La militarización de la migración en México ha traído como consecuencia el aumento a las violaciones a los derechos humanos de las personas en tránsito por el territorio nacional. Diversas organizaciones de la sociedad civil, así como mecanismos internacionales de derechos humanos, han documentado que las personas migrantes y solicitantes de asilo son víctimas de malos tratos, detenciones arbitrarias, privación de la libertad, extorsión, secuestro y hasta desaparición forzada. En específico, las mujeres y niñas en situación de movilidad son sistemáticamente víctimas de violencia sexual y trata de personas[1].
En muchas ocasiones las autoridades militares son las que perpetran o se encuentran involucradas en actos en contra de la libertad, la integridad y la dignidad de las personas en situación de movilidad. Uno de los casos más mediáticos fue el incendio de una Estación Migratoria en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, en el que no se les permitió la salida a las personas migrantes que estaban privadas de la libertad durante el incendio, y que en dicho acontecimiento se privó de la vida a 40 migrantes y produjo lesiones a 28 personas más. El entonces delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua era un contralmirante que se había retirado de la Armada de México y fue procesado por ser considerado como uno de los responsables de lo que ocurrió en la estación. Fue acusado de homicidio y lesiones dolosas, así como de ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre las principales autoridades que se relacionan con las violaciones de derechos humanos de personas migrantes están el INM, la Guardia Nacional -una corporación de seguridad que debería ser civil pero en cuya composición 8 de cada 10 integrantes son militares-, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e incluso la Secretaría de Marina (Semar). La magnitud del uso de la fuerza por parte de estas autoridades es desmedida, incluso pueden atacar letalmente a personas que no representen riesgos o amenazas, por simplemente ser migrantes.
La militarización es una tendencia que no sólo se ve reflejada en la gestión migratoria, también es una de las causas a nivel mundial de la violencia que orilla a las personas a salir de sus lugares de origen y que han agravado la crisis de personas refugiadas, como lo podemos observar con el genocidio en Gaza o en la guerra en Ucrania. Este no es un fenómeno nuevo y, tristemente, ha ido en aumento y se ha fortalecido a nivel global. En México, la llamada guerra contra las drogas ha tenido como consecuencia el desplazamiento forzado de personas en diversos municipios. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 (CENSO 2020) del INEGI, 262.411 personas, de las cuales, en su mayoría fueron mujeres (53%), reportaron haberse visto obligadas a migrar internamente a causa de la inseguridad y la violencia. Esta violencia no ha cesado a pesar de que el despliegue militar ha sido justificado por el gobierno federal, precisamente, para erradicarla y, al contrario, la violencia se ha complejizado y agravado.
En el Día Mundial del Refugiado es importante también hacer conciencia sobre las causas de la movilización forzada por la violencia y la necesidad de poner en el centro los derechos humanos de las personas. La militarización de la seguridad y la gestión migratoria no sólo ha agravado la crisis de derechos humanos de las personas en situación de movilidad, también ha sido una respuesta insuficiente para el fenómeno de la migración. Es por eso que en México debemos exigir una limitación importante a las funciones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas en tareas de control migratorio y, en su lugar, que el gobierno federal formule políticas públicas encaminadas a asegurar el tránsito seguro y el refugio efectivo para las personas que lo solicitan. Sobre todo, porque en México la migración no es un delito, es un derecho humano.
Sobre la autora
Directora de Litigio estratégico en México Unido Contra la Delincuencia A.C. (@MUCDOficial). Licenciada en Derecho por el CIDE y especialista en Sistema Acusatorio en México por la Escuela Libre de Derecho. Defensora de los derechos de la infancia y las mujeres. Trabajó en la implementación del sistema penal acusatorio en México. En MUCD ha litigado casos contra la militarización y la criminalización de personas usuarias de cannabis.
Referencias
[1] McAuliffe, M. y A. Triandafyllidou (eds.), 2021. Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra, p. 277.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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