Respira
Por Daniela Balbino
¿Cómo es posible que en un país propenso a fuertes fenómenos naturales no tengamos una planeación eficiente y recursos para hacer frente a posibles desastres? Las noticias hablan de inundaciones devastadoras, incendios forestales descontrolados y tormentas cada vez más intensas. No podemos negar que los efectos del cambio climático se han acentuado en nuestro mundo, dejando un rastro de desastres naturales que nos recuerdan, de manera brutal, que la naturaleza es una fuerza inquebrantable. Nuestras políticas están desconectadas de las necesidades reales de las personas.
En un mundo donde los fenómenos naturales son inevitables, la forma en que una sociedad responde y se recupera de estos eventos está ligada a las decisiones políticas tomadas en tiempos de calma que deben priorizar la protección y seguridad de las poblaciones más vulnerables. Invertir en la prevención para desastres y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.
En México, esas decisiones han tenido consecuencias perjudiciales, un ejemplo de ello, es la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Este fondo, creado en 1996, tenía como objetivo proporcionar apoyo a los estados y entidades de la administración pública federal en tiempos de catástrofes naturales. El FONDEN desempeñaba un papel vital para la población afectada, al suministrar auxilio y asistencia, con su activación mediante declaratorias de emergencia o desastre.
A pesar de su importancia, en 2020, con la justificación de obtener más recursos públicos frente a la crisis derivada de la pandemia y a la disminución de los ingresos del Sector Público, el Congreso de la Unión aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el FONDEN, que formaba parte de la Ley General de Protección Civil. Así, sin dejar garantías sólidas para su funcionamiento, en 2021 comenzó a vaciarse este fideicomiso que reportó una bolsa de recursos de 35 mil 140 millones de pesos al cierre de 2020.
En 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) oficializó la desaparición del FONDEN como fideicomiso, y eliminó sus normativas de funcionamiento. A partir de 2021, el presupuesto incluye solo un programa con ese nombre que, por su naturaleza, está sujeto a la transferencia directa de recursos de la SHCP y no es posible que se usen de forma plurianual. Además, en 2021 y 2022, aún con un presupuesto promedio de 10 mil 161 mdp y 645 declaratorias de desastres y emergencias, ese dinero no se utilizó.
Para 2023, se aprobó un presupuesto de 17 mil 980 millones de pesos -con un recorte de 21% al primer semestre del año, equivalente a 3 mil 761 mdp- y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 se proyecta un total de 17 mil 985 millones de pesos. Con la extinción del FONDEN como fideicomiso, los recursos ahora dependen de la aprobación de fondos presupuestales anuales que, como este año, pueden estar sometidos a disminuciones.
Además, como si de un mal preludio se tratara con respecto a las terribles noticias que se tienen sobre el estado de Guerrero, el Presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados el pasado 3 de octubre para expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, que propone, entre otras cosas, regular los donativos y requiere que los estados y municipios asignen fondos anuales para emergencias y desastres en sus regiones, además de indicar la responsabilidad que tienen en la contratación de seguros para la cobertura de daños por desastres naturales.
La extinción del fideicomiso ha marcado un cambio significativo en la gestión del dinero destinado a la respuesta ante desastres naturales en México y las medidas propuestas parecen indicar una falta de comprensión fundamental sobre la urgencia de proteger a la población y prepararnos adecuadamente para enfrentar los desafíos de los eventos catastróficos, que en su mayoría son inesperados.
La protección de los mexicanos no debería ser una opción, sino una obligación.
Daniela Balbino es investigadora de Finanzas Públicas en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Antes fue analista en proyectos IPC Oil & Gas, investigadora de gasto público y asesora en el Senado de la República. Estudió Economía en la Facultad de Economía de la UNAM y la Especialización en Teoría Económica en la misma institución.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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