Respira
Por Graciela Ramírez
Vivo en un mundo donde se aspira a la igualdad y a la equidad, pero tratándose de la educación es limitada en mi país y me encuentro enfrentando una injusticia que afecta directamente a mi hijo Diego.
¡Así es! En Morelos, para ser exactos, no le dan la oportunidad de continuar con su educación secundaria a pesar de pedir encarecidamente a las autoridades educativas por todos los medios y hasta contar con un amparo judicial que ordena su inscripción inmediata en una escuela secundaria. Sí, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (@IEBEM) se ha negado a cumplir con esta orden, alegando su edad cronológica como justificación para negarle el acceso a la educación secundaria.
Me acerqué a ellos y su primera respuesta fue: hágale como quiera, pero no se puede, posteriormente acudieron a las escuelas particulares donde Diego había estudiado su primaria, reclamando el por qué le habían permitido estudiar ahí, también lo hicieron con los directivos de la escuela en donde quiero inscribirlo, esto con insinuaciones y amenazas de quitarles la incorporación.
Es crucial reconocer que la edad escolar de Diego es de 12 años, y ha llevado una currícula especial en todas las etapas educativas anteriores y en escuelas que lo han aceptado en medio de un ambiente totalmente inclusivo*. Sin embargo, el sistema educativo actual parece incapaz de adaptarse a las necesidades de estudiantes como él, perpetuando así la exclusión y la discriminación a nivel de la secundaria, y todo porque para ellos Diego es ya un adulto, y claramente, ¡no lo es!
Han sido capaces de hasta mentir en las declaraciones en el juicio de amparo, con tal de no acatarlo, y me hacen dar vueltas y vueltas, sin darme una respuesta.
Mi lucha por la inclusión educativa de Diego no se detendrá, por que constitucionalmente, él tiene los mismos derechos que todos los jóvenes.
He agotado todas las instancias legales disponibles, y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos continúa ignorando sus obligaciones constitucionales, aún cuando ya lleva 2 multas por un incumplimiento a un mandato federal.
Es por eso que recurro a los medios de comunicación y las redes sociales para hacer eco de esta injusticia, en busca de apoyo y solidaridad para garantizar que Diego y todos los niños, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a una educación inclusiva y de calidad de acuerdo a sus capacidades individuales.
Es hora de que las autoridades educativas asuman su responsabilidad y cumplan con los principios de igualdad y equidad que tanto pregonan. El caso de Diego no es solo un problema individual, sino un reflejo de las barreras sistémicas que obstaculizan el acceso a la educación para las personas con capacidades diferentes.
Exijo justicia para Diego y para todos los niños que enfrentan situaciones similares.
La educación inclusiva es un derecho fundamental que no puede ser ignorado ni negado.
*Diego tiene una discapacidad cognitiva y atraso en su aprendizaje debido a una genopatía.
Grupo en Facebook de apoyo para Diego
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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