Respira
Por Graciela Rock, directora de La Cadera de Eva.
Este año, en México se renovarán alrededor de 20 mil cargos públicos, son las elecciones más grandes de nuestro país. No es el único motivo por el que este proceso electoral es histórico, también porque dos de las principales candidatas a la presidencia son mujeres, y porque por solicitud del Instituto Nacional Electoral, al menos 63 candidaturas a diputaciones federales y senadurías deberían corresponder a grupos vulnerables sistemáticamente subrepresentados y discriminados: poblaciones indígenas, comunidades afromexicanas, personas migrantes y comunidad LGBTIQ+.
No es la primera vez que el INE implementa medidas de inclusión, o de acción afirmativa de cara a elecciones, ya desde 2017 se incluyeron en las candidaturas a la Cámara de Diputados. En los últimos años, la participación en la política institucional de personas representantes de estos grupos ha ido en aumento, no únicamente por medidas como la señalada sino porque la arena pública se ha tenido que abrir a nuevos debates, a nuevas figuras de interés y líderes de opinión.
A pesar de ésto, los partidos políticos nacionales no han tenido voluntad política de alcanzar las metas de representación presentadas por la autoridad electoral. De acuerdo con un análisis que hizo el portal de periodismo feminista La Cadera de Eva, a partir de los datos presentados por el mismo INE en su plataforma de candidaturas, únicamente dos partidos lograron cumplir.
Quien haya estado siguiendo el proceso de candidaturas no le sorprenderá que Movimiento Ciudadano es el partido con mayor número de candidaturas registradas bajo el parámetro de grupos vulnerables, seguido del Partido Verde Ecologista de México que, de alguna manera, sigue manteniendo registro. En el análisis realizado por La Cadera de Eva, la única categoría en la que todos los partidos cumplieron con el parámetro indicado fue en el de candidaturas a personas migrantes. No existe, en realidad, una obligación por parte de los partidos políticos de cumplir con acciones que verdaderamente permitan a grupos vulnerables alcanzar representación política; y por lo tanto, tampoco hay sanciones.
A pesar de que se cumplan las métricas en cuanto al número de candidaturas, las medidas propuestas por el INE no consideran elementos de verdadera representatividad. En su mayoría, las candidaturas asignadas son o bien como suplentes o en lugares muy abajo de las listas plurinominales, es decir, las personas que alcanzan estos espacios en realidad tienen muy pocas probabilidades de llegar al puesto. Éste es el caso del candidato Tuss Fernández, un hombre trans que fue registrado por su partido, Morena, en el listado de mujeres y asignado el lugar 22 de las listas plurinominales, a pesar de haber sido el primer nombre del sorteo, de acuerdo con la normativa interna del grupo político.
La asignación de Fernández a las listas femeninas provocó indignación tanto de la comunidad LGBTIQ+ como de las compañeras; y desencadenó una serie de ataques, incluídas amenazas contra su vida. De acuerdo a Tuss, el INE no ha logrado aplicar ningún protocolo de protección ya que no existe ninguno enfocado a la comunidad trans masculina.
Más allá de las llamadas “cuotas”, es urgente por un lado, la creación de modelos y normas electorales que garanticen la participación plena de todas las personas y la representación adecuada de todos los grupos y colectivos, y por otro la voluntad política que fortalezca las instituciones democráticas.
Estas elecciones pasarán a la historia también por haber sido una oportunidad perdida para ser un proceso inclusivo, plural, antidiscriminatorio y democrático.
Puedes leer el análisis completo, así como la entrevista a Tuss Fernández en www.lacaderadeeva.com
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Comments ()