Respira
Por Isabel Uribe
El grupo mayoritario apostó por el “Plan C” en la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral. El desconcierto que provocó la resolución del ministro Javier Laynez Potisek de suspender la aplicación de la reforma en materia electoral, conocida como Plan B, aceleró la elección de la mayor cantidad posible de perfiles afines a una corriente política: la que se encuentra en el gobierno.
La posibilidad de lograr acuerdos en los nombramientos nunca ha sido la apuesta principal de este gobierno, por el contrario, una y otra vez se mencionó que ésta no sería una designación de “cuotas ni cuates”, como en los tiempos en que la composición de la Cámara de Diputados lo permitía. Así, ante un escenario donde no se consiga la votación requerida de dos terceras partes para la designación de los consejeros y consejera presidenta del INE, la apuesta ha sido clara: asegurar el mayor número de lugares posibles en el Consejo General para Morena, sin poner en riesgo ningún asiento en juego, mucho menos en la insaculación.
De veinte finalistas, al menos doce tienen cercanía con personajes en el gobierno, ya sea en el plano laboral, partidario o de parentesco. Además de Bertha María Alcalde Luján, conocida por ser la hija de Bertha Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena y hermana de la actual secretaria del Trabajo, está Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador por Morena, José Antonio Álvarez Lima, ambas se encuentran en la “quinteta dorada” para presidir el órgano que organizará las elecciones los próximos nueve años.
Está también el caso de Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la ex secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval o de Guadalupe Taddei Zavala, quien también aspira a la presidencia órgano electoral, actual presidenta del Instituto de Transparencia en Sonora, prima de Jorge Luis Taddei, superdelegado del gobierno federal en el estado de Sonora y tía de Daniel Taddei, designado como director de la empresa LitioMX. A los ya mencionados, se sumarían aquellos que han sido señalados por María Esther Azuela en su voto particular y quienes tienen cercanía con algún gobernador de la llamada 4T.
Si la convocatoria estableció que en la revisión de expedientes se aplicarían criterios de autonomía e independencia, trayectoria profesional, logros y participación en materia democrática, entre otros, es necesario preguntarse qué ocurrió al interior del Comité. Además de la secrecía con la que trabajó, sesionó y concluyó su encargo, el Comité aplicó un diseño “peculiar”, cuestionado incluso por la misma Azuela Gómez, quien consideró que la razón de ser del Comité, no “descansaba únicamente en la suma de criterios cuantitativos, sino también en las valoraciones cualitativas que tuvieran que ver con el impacto de la presencia pública de las personas aspirantes”.
El viernes 24 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a unas horas de que concluyera el plazo establecido para dar a conocer la lista de finalistas, integrantes del comité evaluador entraban y salían del salón donde se encontraban reunidos, hablaban por teléfono y regresaban al cónclave. La explanada parecía desierta, una tensa calma arropaba la espera política que se rompió al filo de las veinte horas, cuando el círculo político se cimbró, al conocerse la resolución del ministro Laynez, la reforma electoral no se aplicaría, y con ello la pregunta obligada, qué tanto esta decisión aceleró la sobrerreacción del partido gobernante de contar con el mayor número de aspirantes afines a su corriente partidista.
La parte técnica ha concluido, la decisión se encuentra ahora en el terreno meramente político, la Junta de Coordinación Política realizará una propuesta por cada una de las listas presentadas, a más tardar el 29 de marzo deberá someterlas a votación de los coordinadores parlamentarios y notificará a la Mesa Directiva, para que el Pleno pueda votar cada una de las propuestas. En caso de que la votación no alcance la mayoría calificada requerida, serán devueltas a la Jucopo, a fin de que logre los consensos necesarios.
Si para el 30 de marzo no se alcanzan las dos terceras partes necesarias para su aprobación, la Mesa Directiva convocará a sesión de Pleno el viernes 31 de marzo para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE por insaculación o lo que es lo mismo, a través de una tómbola de sorteo. De no realizarse la insaculación, la decisión estaría en el terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La pregunta obligada es qué partidos de oposición le darían el sí a Morena para aprobar su “Plan C”, aunque la realidad es que con el PRI le bastaría…
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