Respira
Por Isabel Mercado
Bolivia tiene más productos de exportación de los que se cree; pero ni al más furibundo patriota se le ocurriría ofrecer nuestra justicia a ningún postor. Tan devaluada está, que no hay prácticamente un resquicio por dónde pintarle un rostro seductor.
Sin embargo, el amor es ciego. Sobre todo ese amor cultivado en las hermandades ideológicas, esas que no reconocen fronteras –y al parecer tampoco revisan datos-, y es así que ahora resulta que nada más ni nada menos que la virtual presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, la primera mujer en dirigir esa enorme nación con quien tenemos tantas afinidades (buenas y no tanto), quiere emular el ejemplo boliviano para remediar su también podrida justicia y convocar a elecciones judiciales por voto popular.
Es entendible la preocupación de la recién elegida mandataria mexicana: si algo tiene que promover ese gigante país es una reforma de una justicia que, como la boliviana, está hace décadas secuestrada por el poder, no solo el político, sino también el del crimen organizado, que le cuesta a esa sociedad miles de muertos y niveles de inseguridad jurídica alarmantes.
La inseguridad es uno de los problemas que más preocupan en México. La difusión de ciertos delitos en los medios de comunicación es apenas una fracción de lo que sucede a diario. A ese clima de incertidumbre y miedo constante hace falta agregarle el costo de la violencia, al punto de considerarse el último sexenio como el más violento de la historia mexicana.
A ello se añade que México es el país con más alto nivel de impunidad de las Américas (siendo el cuarto de todo el mundo), con un promedio, 91% de los delitos cometidos en la impunidad.
Entonces uno se pregunta, ¿no hay mejores ideas que plagiarpara tamaño desafío? Es probable que el cariño (entre el MAS de Arce y el Morena de AMLO y Sheinbaum) ensombrezca la sensatez; si ese fuera el caso, es conveniente recordar/precisar algunas cifras que son de conocimiento público.
La reforma constitucional boliviana de 2009 incluyó entre sus principales reformas la elección judicial por voto popular. Para entonces (hace 15 años), la idea de entregarle al pueblo esta responsabilidad, después de haber atestiguado décadas de inoperancia judicial y sometimiento de los administradores de justicia al poder de turno, no pareció tan mala, pero con dos elecciones judiciales realizadas en el país (2011 y 2017) y una tercera que no se termina de concretar, hay varias lecciones que compartir.
Primero, que aunque popular, la elección terminó siendo de los menos; es decir, primó el ausentismo y el desinterés de la gente por elegir a estos representantes. Veamos: en 2011 se registró un 60% y en 2017 un 66% de votos blancos y nulos, lo que representa un claro mensaje en un país donde el voto es obligatorio.
Otro de los propósitos de la elección popular era distanciar a los representantes de todos los órganos de justicia de los partidos políticos, que los manipulan como práctica institucionalizada. Pues bien, la elección judicial solo ha profundizado y evidenciado esta dependencia. Al ser la Asamblea Legislativa quien elige por dos tercios de los votos a los candidatos, estos han pasado a ser lacayos del poder antes siquiera de ser elegidos, porque solo para entrar en la votación necesitan de los favores de los legisladores, que generalmente benefician a quienes saben que se someterán luego a sus designios. Es más, la militancia partidaria se ha naturalizado de tal manera que no ha faltado autoridad elegida o por elegir que haya posado luciendo oronda los colores de los partidos que la apadrinan.
Peor es que, con ello, todo vestigio de experiencia o mérito para alcanzar cargos de jerarquía en la administración de justicia desapareció casi por completo, llegando a despreciarse la trayectoria y el conocimiento versus la participación o pertenencia a ciertas organizaciones sociales, político o sindicales.
Todo ello llevó a una profundización de la crisis de la justicia en Bolivia, al punto que su propio gestor, el expresidente Evo Morales, reconoció en 2014 que fue uno de los grandes errores de sus años de gestión. Ahora, aunque la tercera versión de estas elecciones debió realizarse el 2022, aún no hay acuerdos políticos (si, ¡políticos!) para viabilizar estos comicios. El oficialismo (el MAS en su ala arcista) ha decidido prorrogar a las autoridades electorales actuales, contraviniendo lo esencial de su propia norma; mientras que éstas, le han retribuido el favor negándole al expresidente Evo Morales (del ala opositora del mismo MAS), la posibilidad de participar nuevamente como candidato en las elecciones generales de 2025.
Es difícil entender los entresijos de la política boliviana, pero no debería ser peliagudo deducir que ha tenido algunos estruendosos fracasos. Quizás el peor, o el más doloroso para la gente, haya sido hacernos creer que podríamos tener una mejor justicia con nuestro concurso, cuando bien se sabe que no se puede ser juez y parte, y los que se hicieron con los cargos, antes que jueces, fueron parte (del mismo sistema político que los corrompe).
*Isabel Mercado es periodista boliviana con experiencia en periodismo de investigación y dirección de medios de comunicación bolivianos.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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