Respira
Por Liliana Alvarado, Directora General de Ethos Innovación en Políticas Públicas.
Durante los años ochenta crecí en un hogar en el que tanto mi madre como mi padre trabajaban. Mi madre es originaria de Oxtotitlán, una localidad del municipio de Teloloapan, Guerrero, que cuenta con alrededor de 3,000 habitantes. Mi padre nació en la Ciudad de México, dentro de una familia que salió adelante gracias al negocio de mi abuelo, un taller en donde se le daba mantenimiento a máquinas de escribir, el cual eventualmente fue la herencia de mi padre y principal fuente de ingreso de mi familia. A pesar de su origen modesto, tanto mi hermana como yo crecimos en un entorno de oportunidades, generado por el trabajo incansable de ambos.
La dedicación de mis padres a sus tareas les dejaba poco tiempo para involucrarse en actividades paralelas, ocasionalmente asistían a las reuniones vecinales, a los comités escolares y poco les entusiasmaba la vida política. Recuerdo que su principal preocupación era la economía del país, pues para ellos tenía una relación directa con el desempeño del negocio.
Actualmente dirijo un think tank o centro de pensamiento, en un país en donde, si bien las preocupaciones que tenían mis padres siguen vigentes, a ellas se suman otras como el avance territorial del crimen organizado y el consecuente aumento de la violencia; la poca disponibilidad de empleo de calidad y la precariedad de los salarios; el incremento de tareas y presencia de las fuerzas armadas en la vida nacional; los feminicidios y agresiones de diversa índole hacia las mujeres; el riesgo latente de una próxima pandemia; entre otras.
No obstante, a pesar de la gravedad de todos estos problemas, uno de los que más preocupa es la estabilidad del régimen democrático, ya que durante los últimos años los focos rojos se han encendido. Y de ello hay ejemplos cuantiosos, variados y reiterados. Estos incluyen ataques, mediante distintas modalidades, a todos los organismos autónomos que buscan operar conforme a sus estatutos y de manera independiente a los caprichos del Ejecutivo Federal (la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y más recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Cabe mencionar que en ocasiones los ataques se han dirigido a las instituciones y, en otras, a miembros que forman o formaban parte de ellas (Norma Lucía Piña Hernández, Lorenzo Córdova Vianello, entre otros).
Desafortunadamente, esta estrategia de acoso e intimidación también ha sumado a otras víctimas, grupos que en los regímenes democráticos tradicionalmente actúan como contrapesos. Me refiero a organizaciones de sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, intelectuales y empresarios. La gran mayoría han sido sujetos de un señalamiento puntual desde el púlpito presidencial denominado como “la mañanera”. Lo anterior ha llevado a sectores de la sociedad a debatir en diferentes espacios si estamos transitando hacia una autocracia, si estas acciones son propias de un autoritarismo o si se están minando nuestros derechos y libertades.
Estoy consciente de que mi interés sobre el estado o rumbo que está tomando la democracia en México está íntimamente relacionado con mi profesión, sin embargo, también es cierto que hay señales claras que como mexicanas y mexicanos sería irresponsable ignorar. Se aproximan las elecciones presidenciales del 2024 y es ahí donde sabremos hasta dónde estará dispuesto a llegar el partido en el poder para asegurar un resultado que le favorezca. No soy ingenua para mirar con nostalgia las preocupaciones de los años ochenta, pero tampoco niego que el 2024 seguramente presentará retos que pudieran definir nuestro futuro en lo individual y como país.
Liliana Alvarado cuenta con una maestría en Políticas Públicas y Administración por la London School of Economics and Political Science (LSE), gracias a la beca Chevening que otorga el gobierno británico. Estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde adquirió una amplia experiencia en materia de política fiscal y se especializó en temas relacionados con la competitividad del esquema tributario mexicano y el análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. Asimismo, trabajó en FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, en el Área de Presupuestos Públicos, en temas relacionados con transparencia presupuestaria.
En Ethos se desempeña como Directora General, donde ha coordinado diversos proyectos en materia de transparencia y rendición de cuentas, anticorrupción, gasto público y política fiscal. Finalmente, es comentarista para Grupo Fórmula en el noticiero de Eduardo Ruiz Healy y columnista invitada en el periódico El Economista.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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