Respira
Por Natalia Calero*
Cada vez más se habla del tema de los cuidados de las personas. Un ejemplo de ello es que las tres candidaturas presidenciales tienen una propuesta de campaña a este respecto, lo que no había pasado en elecciones anteriores. La importancia de visibilizar los cuidados es total porque ellos sostienen la vida misma y garantizan la existencia de las sociedades.
Las labores de cuidados han sido históricamente realizadas por mujeres y no consideradas como actividades económicamente productivas. Esto ha tenido múltiples consecuencias negativas, pero me enfocaré en dos de ellas: estas labores, socialmente, se han invisibilizado y menospreciado y, se les han impuesto a las mujeres sin remuneración alguna.
El que las labores de cuidados sean menospreciadas e invisibilizadas, implica que no se invierten recursos públicos para atenderlas, sino que se asume que las familias -y específicamente las mujeres dentro de ellas- lo resolverán de manera privada. Esto implica, entre otras cosas, que los cuidados no se profesionalizan y que las personas que los requieren (niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad, entre otras) no reciben los óptimos. Las labores de cuidados deben ser reconocidas y valoradas porque permiten el desarrollo de una vida digna y establecen el piso mínimo para que las personas puedan ejercer sus derechos. Además, debemos dimensionar el valor económico que tienen; en México, según INEGI, fue de 7.2 billones de pesos en 2022, lo que equivale a 24.3% del PIB nacional, más de lo que representa la industria del petróleo.
El segundo punto es que estas labores han sido realizadas en su mayoría por mujeres sin remuneración alguna. Esto ha significado un obstáculo estructural que perpetúa la desigualdad de género y que impide que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos. Cuando las mujeres se ven forzadas socialmente a asumir las labores de cuidado descansan menos (lo que afecta directamente su salud física y mental), interrumpen sus estudios, abandonan o disminuyen su participación en la fuerza laboral -lo que a su vez obstaculiza su empoderamiento económico, su acceso a los derechos de la seguridad social (vivienda, salud, etc.), y se les impide tener un proyecto de vida propio (lo que viola su derecho al libre desarrollo de su personalidad).
El cuidado es un derecho y ha sido reconocido así por diversos instrumentos tanto internacionales como nacionales. La importancia de considerarlo como tal radica en que a partir de ello, el Estado debe garantizar las condiciones para hacerlo realidad. Esto, a su vez, permite visibilizar su valor e importancia en la sociedad y le quita el peso a las mujeres de realizarlo de forma exclusiva, lo que, además, permite que ellas puedan ejercer sus otros derechos con plenitud.
Al momento de reconocer al cuidado como un derecho, el Estado debe implementar políticas públicas para su promoción, respeto, protección y garantía. Y es aquí cuando hablamos de la necesidad de un sistema nacional de cuidados. Como señalan Cynthia Michel, Guillermo Cejudo y Adriana Oseguera en su texto “¿Qué no es un sistema de cuidado?” (Nexos, 2024), no cualquier programa que incide en los cuidados es un sistema de cuidados. Un sistema de cuidados debe articular de forma integral acciones para la atención de distintas poblaciones (niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores, al menos), debe ser de calidad y progresivo (es decir, que cada vez se garantice en mayor medida este derecho).
Para construir esta política, y esto va dirigido especialmente para todas las candidaturas que lo han propuesto, en todos los niveles, es indispensable que: a) se diseñe de forma participativa y con pertinencia territorial, esto quiere decir que hay que tomar en cuenta las particularidades de cada territorio, si es rural, urbano y los servicios existentes; b) que tenga perspectiva de género; c) que tenga un enfoque interseccional, es decir, que tome en consideración las distintas situaciones que atraviesan a las personas que requieren cuidados y que cuidan; d) que promueva la autonomía de las personas, es decir, que no se construya bajo una idea paternalista sino de reconocimiento de la autonomía e independencia de las personas y; e) que reconozca la corresponsabilidad de los cuidados, o sea, que se admita que si bien es una obligación estatal, esta responsabilidad no es exclusiva de éste, sino compartida por otros sectores, como el privado.
Las mujeres no solo han hecho realidad los cuidados y han hecho sostenible la vida, sino que han subsidiado durante siglos este trabajo para que el resto de la población (mayoritariamente hombres) desarrolle todas sus habilidades. Las labores de cuidados deben ser dignificadas y reconocidas porque gracias a ellas se sostiene la vida, y las mujeres no deben ser forzadas a resolver un problema público de tal magnitud a expensas del ejercicio de sus derechos. El cuidado debe ser plenamente reconocido como un derecho humano y el Estado, junto con los otros sectores de la sociedad, deben asumir ya su corresponsabilidad en ello.
*Natalia Calero es especialista en igualdad de género, inclusión y desarrollo profesional. Natalia ha prestado sus servicios de consultoría a empresas en México y Estados Unidos para implementar acciones y programas en materia de igualdad de género y políticas de inclusión.
Tiene más de 18 años de experiencia en organismos nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, igualdad de género e inclusión. Trabajó en ONU Mujeres México, donde tuvo a su cargo los temas de liderazgo y participación política de las mujeres y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas. También trabajó como Asesora en la Suprema Corte de Justicia, donde supervisó la capacitación sobre igualdad y eliminación de estereotipos, y condujo el programa “Tus Derechos” en el Canal Judicial. Natalia tiene una licenciatura en Derecho del ITAM y dos maestrías: en Negociaciones Estratégicas de la Universidad Paris-Saclay y en Gestión Pública del CIDE. Ha publicado diversos artículos en materia de igualdad de género y es Directora del programa de Derecho del Tec de Monterrey en Campus Santa Fe.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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