Respira
Por Raquel López-Portillo Maltos
La politización de la justicia parece ser un mal que aqueja a más países de lo deseable. El caso de Israel no es la excepción. En esta democracia, considerada una de las mejor consolidadas de Medio Oriente, se ha evidenciado la intención de limitar el poder del máximo tribunal de justicia con fines político-ideológicos. Conscientes de ello, cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas israelíes han inundado las calles, logrando así paralizar al país como manifestación de su descontento.
El principal objetivo de las reformas propuestas por el primer ministro Benjamin Netanyahu es lograr cambios trascendentales tanto en la elección de jueces como en sus competencias. Por un lado, al no contar con una Constitución formal sino con una serie de leyes básicas, recae en gran medida en la Suprema Corte la interpretación de éstas. Ante ello, la actual administración, la cual cuenta con una fuerte orientación a la derecha y una mayoría en el parlamento (Knesset), pretende realizar cambios para que las decisiones tomadas por la Corte puedan ser revocadas por una mayoría simple del legislativo.
Por otra parte, contrario a lo que ocurre en gran parte de los sistemas democráticos, la elección de jueces recae en un comité integrado por miembros del poder ejecutivo, legislativo, judicial e integrantes de la barra de abogados israelí. En este sentido, la reforma pretende brindar mayor peso a los miembros del parlamento en la elección de dichos cargos.
El pasado lunes, Netanyahu afirmó que pausaría la votación de dichas iniciativas y buscaría el diálogo para evitar “una guerra civil”. Aunque la batalla ciudadana no ha sido ganada en su totalidad, lo ocurrido en Israel presenta importantes lecciones para la defensa de instituciones democráticas en México.
Por un lado, este suceso refleja el riesgo latente que conllevan las mayorías legislativas bajo liderazgos capaces de menoscabar los contrapesos necesarios en una democracia sana. Cabe destacar que en años previos, Netanyahu defendió la independencia del sistema judicial. Esto cambió rápidamente tras ser acusado de soborno, fraude y abuso de confianza. Al estar sujeto a un juicio por dichas acusaciones y contar con una mayoría absoluta en la Knesset, no asombra hilar esto con la intención de tener cierta influencia en la elección de jueces que en dado momento definirían su culpabilidad o inocencia.
En el caso de México, aunque Morena perdió la mayoría absoluta necesaria para lograr reformas constitucionales, la forma en la que se gestionó el llamado “Plan B” de la reforma electoral evidencia los riesgos que enfrentan otras instituciones que la Cuarta Transformación tiene en la mira. Además de ello, las constantes arremetidas del presidente López Obrador contra el Poder Judicial y varios integrantes de la Suprema Corte preocupa enormemente, especialmente si se considera que de este órgano y de su independencia depende la garantía de imparcialidad en la impartición de justicia para las y los mexicanos.
Por otro lado, las fuerzas armadas de Israel fungieron como una pieza clave en la pausa temporal de la reforma. Decenas de reservistas del ejército se unieron a la protesta, negándose a asistir a sus respectivos entrenamientos. Este gesto, inicialmente simbólico, fue uno de los principales argumentos de las voces opositoras a la reforma al citar que esto eventualmente podría desembocar en un riesgo de seguridad nacional para el país.
En las condiciones actuales, difícilmente podría verse un escenario similar con las Fuerzas Armadas mexicanas. Más allá de las diferencias diametrales que pueda tener esta institución con su contraparte israelí, la cercana relación que ha consolidado el presidente con la cúpula militar y con instituciones de seguridad como la Guardia Nacional mediante recursos y ampliación de competencias, levanta cuestionamientos sobre qué lado tomarían éstas en un caso similar.
Finalmente, la ciudadanía israelí demostró el poder indiscutible que tiene la sociedad civil unida. A través de manifestaciones multitudinarias, huelgas y la paralización de puertos y aeropuertos, diversos sectores de la población hicieron temblar a las mayorías políticas. Esto bajo la firme creencia de que la independencia de las instituciones es un componente indisociable de cualquier democracia, por lo que un poder judicial a modo simplemente no es una opción.
En los últimos meses, México ha presenciado muestras significativas de descontento social ante el menoscabo de la institución que hace posible la vida democrática del país. Ante ello, vale la pena preguntarse si, más allá de las elecciones, las y los mexicanos estaríamos dispuestos a defender a capa y espada la independencia de las instituciones, como si de ello dependiera la supervivencia misma de nuestro país.
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