Respira
Por Rebeca de Gortari Rabiela, académica Instituto de Investigaciones Sociales - UNAM. Interesada en tópicos sobre transferencia y apropiación social de conocimientos y tecnologías.
La ciencia, la tecnología y la innovación han aumentado su relevancia de manera creciente en los últimos años y se han transformado en un determinante fundamental para coadyuvar al bienestar social y de salud de la población, al mismo tiempo que para crecer y desarrollarse. Es por ello, que el fomento al desarrollo de un sistema nacional de innovación en el mundo ha sido fundamental concebido como un modelo interactivo y de creación y aplicación del conocimiento en el que intervienen los diversos actores ligados con el desarrollo tecnológico y con la vinculación a la producción, dentro de un proceso permanente de búsqueda de una competitividad sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida de la población; a través de relaciones dinámicas de cooperación entre los integrantes de dichos sistemas, orientados a la generación, difusión y aplicación del conocimiento. Que, en el caso mexicano, lleva ya varios años en proceso, armazón que ha permitido desarrollar las capacidades científico-tecnológicas con las que contamos en la actualidad.
No obstante lo anterior, a diferencia de la mayoría de los países del mundo donde se hicieron enormes esfuerzos y desarrollos frente al Covid-19 en el caso de México a pesar de las capacidades de Investigación y desarrollo (I+D) existentes, no fueron utilizadas a cabalidad, dando por resultado el fallecimiento de millones de personas y de la falta de medidas de prevención. Si bien el país ha hecho importantes avances en materia de inversión en ciencia y tecnología, aún se encuentra muy por debajo de los países de la frontera tecnológica. Es por ello, que la promulgación de una nueva ley además de tomar en consideración al sistema nacional de innovación para fortalecerlo, debe establecer un nuevo patrón de largo plazo en que la ciencia y la inversión apoyada por la tecnología e innovación externas y cuando sea posible nacionales -no olvidar que somos seguidores tecnológicos, impulsen un crecimiento económico incluyente que vaya paulatinamente alcanzando tasas de crecimiento anual importantes, continuas y estables, apoyada en la formación de científicos e investigadores, la creación de nuevas instituciones e instrumentos de política científica y tecnológica tendremos un crecimiento cada vez más mediocre y en una situación de creciente dependencia.
En ese sentido, una primera crítica a la ley es la idea de “progresividad” planteada en los presupuestos destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación, considerando que en este gobierno ha habido continuas disminuciones y uso de recursos para fines distintos. Un ejemplo son la desaparición de los fideicomisos, instrumentos financieros multianuales cuyo presupuestos no solamente provenían del gobierno federal, sino que también estaban conformados por financiamientos internos y externos de diverso origen, los cuales fueron “cancelados por corrupción”, pero cuyos montos han sido utilizados para otros fines, sin ninguna regulación y reglamentación. De ahí la necesidad de que en la ley se establezcan los mecanismos y compromisos necesarios para promover su crecimiento y desarrollo, de manera que no quede sujeta la disposición de los recursos por parte de los gobiernos en turno.
Un segundo elemento del que carece la ley es que a pesar de que contamos con una amplia y especializada infraestructura integrada en instituciones nacionales y locales públicas y privadas con recursos humanos capacitados, que pueden promover el alto nivel de su actividad científica, no está establecido que deben atender el carácter experimental y utilitario que requiere el desarrollo tecnológico y la innovación para ponerlo al servicio de la sociedad, de manera paralela a la profundización en las relaciones que universidades y centros de investigación debieran tener con la industria nacional. Por ello, la necesidad de establecer mecanismos e instrumentos capaces de impulsar un desarrollo científico-tecnológico inclusivo y sostenible, que abarque desde los sectores sociales hasta los productivos, los cuales no están presentes, y que por el contrario en el caso de la industria han sido eliminados.
Ahora bien, tomando en cuenta que los sistemas nacionales de innovación en el mundo están integrados además de los organismos del Estado nacionales y locales por los sectores académico, científico, productivo y social a través de diversas instancias de gobernanza y coordinación, un tercer elemento de crítica a la ley es que no solamente han desaparecido con este gobierno, sino que han quedado sin ser incluidos en la propuesta de ley, entre ellos las Instituciones de Educación Superior y los representantes del sector productivo. Como es el caso del órgano central propuesto para el Conacyt (Consejo de Estado) y las políticas establecidas en la ley, que centralizan y dejan fuera a posiciones críticas como la academia, el sector privado y social, además de organismos de consulta autónoma establecidos en la anterior ley de ciencia y tecnología, los cuales incluso fueron desaparecidos al inicio de este gobierno como el Consejo General de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, la Confederación Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación y el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, del que varios de sus miembros han sido criminalizados. Lo anterior sin dejar de mencionar que estos actores han sido sustituidos sin razón alguna en la propuesta de ley, por diferentes secretarías de gobierno, así como por la inclusión del ejército y la marina.
Un cuarto aspecto, de señalamiento a la ley es que otro sector que ha sido abandonado e incluso dejado de lado en la toma de decisiones, son los organismos no gubernamentales , constituidos por académicos y expertos, que desde hace ya largos años han contribuido a la innovación social en actividades que van desde la elaboración de la memoria histórica en comunidades que les ha permitido recuperar usos y costumbres y prácticas productivas, pasando por la identificación y recuperación de especies animales y vegetales hasta la orientación y apoyo en la defensa de sus hábitats y territorios como es el caso de la península de Yucatán, en donde a pesar de que el plan nacional de innovación de 2020-2024 señala que ha sido establecido en “beneficio de la sociedad, los pueblos y el desarrollo nacional”, el proyecto del Tren maya, avalado por el conjunto del gobierno actual, se contradice de manera rotunda con el marco para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en que se apoya Conacyt.
Un sector que ha tenido importantes contribuciones para el desarrollo científico y tecnológico y aun humanista y social son los 28 centros públicos que fueron creados en diferentes momentos para impulsar el desarrollo local y nacional del país apoyados en su autonomía técnica y de gestión presupuestaria, -que en muchos casos contribuyen en proporciones altas al desarrollo presupuestario de los centros—en la propuesta de ley se pone en cuestión la libertad académica de sus miembros, además que se pretende supeditar como al resto de las instituciones de educación superior y de investigación a una llamada agenda nacional y a problemáticas establecidas solamente por Conacyt, sin la participación de los sectores académicos , sociales y productivos del país.
Un ejemplo de esto es lo que ha denominado la actual directora del Conacyt como el “ modelo mexicano de innovación” que incluye desde la vacuna Patria hasta los ventiladores (que aún carecemos de estos y no los hemos visto funcionar), pasando por las llamadas contribuciones a la soberanía alimentaria, que se reducen a algunos proyectos para sustituir al glifosato, hasta lo que denomina el agrupamiento “científico y tecnológico” del Bosque de Chapultepec, al cual se han dedicado importantes recursos desde esta dependencia. Limitaciones que se observan en las áreas establecidas por Conacyt, en donde no se consideran por ejemplo las tecnologías digitales y la industria 4.0, punta de lanza para la mayoría de las economías en el mundo, apoyada en la capacitación y educación de sus recursos humanos, de igual manera que tampoco se toman en cuenta los desafíos globales que afectan a la ciencia, la tecnología y la innovación como es el cambio climático y la migración, entre otros.
Otro sector que resulta afectado en términos de innovación y crecimiento son las entidades, muchas de las cuales se lograron desarrollar con apoyo federal y local, así como del Conacyt, a través de la creación de los sistemas locales de innovación, que han servido de apoyo a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento y vinculación, así como el desarrollo de vocaciones y capacidades locales para promover y fortalecer el desarrollo regional. A través de los fondos mixtos (FOMIX) actualmente desaparecidos, al igual que los de fomento regional (FORDECYT) que solamente en algunas localidades han podido ser restituidos en una escala menor por los gobiernos locales. De igual manera que han salido afectadas también por la desaparición de otros programas dirigidos al fortalecimiento sectorial, como también de programas para aumentar la productividad de las empresas.
Si bien hemos hecho referencia al sistema nacional de innovación, en el caso mexicano además, hay que señalar que estamos consciente de que cuenta con escasos recursos y con empresas poco dinámicas, de manera que el principal financiador ha sido el Estado, y el principal ejecutor la academia, por ello por una parte, es necesario que los recursos de las empresas sean estimulados y fortalecidos por las inversiones públicas, sostenidos en el impulso a la regulación e incentivos para las empresas para promover su participación. Y por otra parte, la necesidad de fortalecer los vínculos entre la investigación científica y el desarrollo tecnológico de las empresas a través de un conjunto de políticas que van desde enfoques específicos para cada sector que tenga en cuenta sus especialidades existentes y oportunidades. Un campo científico y tecnológico que se ha desarrollado en los últimos años en México es el biotecnológico, cuya influencia y aplicación no se reduce al sector agrícola, (su desaparición de las áreas apoyadas por el Conacyt con el argumento de que los transgénicos son dañinos por “los posibles daños a la salud” se ha hecho sin argumentaciones científicas de por medio). En el caso nuestro, este sector ha logrado tener avances importantes en términos de la capacitación de un gran número de recursos humanos -se cuenta con numerosos programas de especialización y posgrado-, del desarrollo de investigación e infraestructura tanto en las IES y centros públicos y privados, como también de pequeñas empresas que atienden una gran diversidad sectores que van desde la salud pasando por la agricultura hasta la solución de problemas tecnológicos de la industria.
Finalmente, un aspecto que habrá que retomar y que va de la mano de una ley de ciencia, tecnología e innovación es que debe ir a la par de una política industrial y tecnológica moderna distinta -de una apoyada en tecnologías atrasadas y contaminantes para el medio ambiente, como en el sector petrolero al que este gobierno ha dedicado miles de millones de pesos.
En suma para que tengamos una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación es necesario ampliar su institucionalidad a través de la integración y coordinación del conjunto de actores que conforman el sistema nacional de innovación, del incremento constante del presupuesto, apoyado tanto en el Estado como en el sector privado, de políticas explícitas soportadas en mecanismos e instrumentos claros, apoyada en normas de transparencia en el otorgamiento de recursos y estímulos, con un seguimiento y evaluaciones puntuales y precisas, de manera de que tenga una duración de largo plazo y que no esté sujeta a las discontinuidades de los ciclos políticos.
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