Opinión 51 | Columna Invitada

Trabajo sexual es trabajo

Las trabajadoras sexuales son marginadas, estigmatizadas y discriminadas como si fuera parte de su condición laboral.

Por Rosalba Mora Sierra

La diputada trans María Clemente García acaparó los juicios morales por la publicación de un video en su cuenta de Twitter ejerciendo su otro oficio: el trabajo sexual. Los grupos conservadores y las abolicionistas del trabajo sexual, con un discurso transodiante y contrario al libre desarrollo de la personalidad señalaron que no podía permitirse que desde la cámara baja se sostuviera un discurso a favor de la “trata, la cosificación de los cuerpos, el acoso y la violencia”.

Integrantes de la legislatura presentaron una queja y se declaró que dicha conducta sería investigada. Ante ello, María respondió que el trabajo sexual es trabajo, que ella estaba ejerciendo, como lo hacen otres diputades, su otro trabajo y que si eso estuviera prohibido, también debían renunciar a sus otros ingresos quienes tenían puestos en consejos administrativos o despachos jurídicos.

La diputada señaló que presentaría una iniciativa para regular el trabajo sexual como trabajo. Hasta aquí todo bien ante los señalamientos conservadores, pues la representación de grupos históricamente marginados como las mujeres trans y las trabajadoras sexuales parecía avanzar.

El trabajo sexual en América Latina y el Caribe ha estado en un limbo de irregularidad ya que no está tipificado en los códigos penales –a excepción de Puerto Rico donde es considerado un delito– pero tampoco está regulado como trabajo –a excepción de Brasil, Colombia y Uruguay–. Esto da pie a la discrecionalidad de las autoridades quienes detienen arbitrariamente y acosan a quienes lo ejercen. México no es la excepción.

Así, las trabajadoras sexuales son marginadas, estigmatizadas y discriminadas como si fuera parte de su condición laboral. Además, cobra relevancia la interseccionalidad que atraviesan las mujeres trans. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la región latinoamericana se ha reportado que alrededor del 90% de las mujeres trans ejercen el trabajo sexual.

Las condiciones en que lo ejercen, las coloca en una situación de riesgo en la que pueden ser víctimas de explotación sexual, trata, extorsión, violencia sexual e intentos de transfeminicidio tal como hace poco lo sufrió Natalia Lane. La falta de regulación también las deja fuera de cualquier prestación de seguridad social, lo que les impide atender preventivamente su particular riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS) siendo estigmatizadas posteriormente por su condición de salud.

Históricamente, sobre todo en la Ciudad de México, las regulaciones han representado un mayor estigma y cargas desproporcionadas para quienes lo ejercían. En los reglamentos de 1862 y 1865, bajo el argumento de “higiene pública”, las trabajadoras sexuales debían someterse a controles sanitarios, pagaban cuotas a las autoridades y se les encerraba cuando tenían alguna enfermedad venérea. La intención androcéntrica y patriarcal de la regulación era proteger a los clientes hombres y perpetuar un orden moral particular.

Por todo esto, la iniciativa presentada por una mujer trans trabajadora sexual que vive con VIH resultaba prometedora. Sin embargo, requiere una reformulación por su generalidad y su estigmatización contra quienes viven con VIH y otras ETS, ya que retoma la figura de “riesgo de contagio”, la cual ha sido criticada por ser utilizada para criminalizar y perseguir a las personas que viven con VIH.

La presencia de una persona que forma parte de un grupo en situación de vulnerabilidad no garantiza que tenga claridad para legislar sobre sus necesidades y la protección de sus derechos humanos. Será tarea de los asesores. Lo que no está a discusión es que la diputada tenga que justificar el ejercicio de su libertad sexual.

Lo importante de lo ocurrido en los últimos días es que se haya colocado en el centro la necesidad de una regulación que realmente proteja los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Esta es una oportunidad para que, a través de un ejercicio real de parlamento abierto, un tema que ha sido relegado y estigmatizado sea reformulado desde un enfoque interseccional para garantizar que el trabajo sexual se ejerza como lo que es, un trabajo que debe ser digno. Ojalá que desde San Lázaro no se pierda esta oportunidad.