Respira
Por Rosario Sánchez*
Poco se habla sobre por qué la disponibilidad y el acceso a cuerpos de agua compartidos (ríos, lagos o acuíferos) entre los países es un tema que no hay que perder de vista en este 2023. El asunto es relevante porque los fenómenos meteorológicos relacionados con el cambio climático disminuyeron dramáticamente la disponibilidad hídrica en numerosas cuencas alrededor del mundo en las últimas décadas.
De hecho, el tema es tan relevante que la organización de análisis de riesgos Eurasia Group determinó, en un estudio publicado en enero de 2023, que existen diferentes conflictos geopolíticos potenciales en el mundo que podrían materializarse este año por las condiciones —cada vez más inestables— en las aguas internacionales compartidas o transfronterizas. Uno de estos se centra en la disminución de 21% en el caudal de agua suministrado por el Río Colorado, algo que afecta el oeste de Estados Unidos y el noroeste de México.
El tema para México cobra más importancia al analizar la cuenca del Río Bravo: el nivel de las presas internacionales y las obligaciones de México —de acuerdo con el tratado de aguas de 1944— muestran señales de agotamiento desde hace un par de años y las proyecciones de disponibilidad de agua en la cuenca no dejarán ver un mejor escenario en los años por venir.
A esto se suma que, el año pasado, organismos internacionales estimaron que en este 2023 existirá un incremento de la sequía extrema en diferentes áreas del planeta como el suroeste de Europa y América del Norte, siendo México y Estados Unidos de los más afectados, además de la región del Amazonas y Chile.
El asunto de las aguas compartidas entre países cobra importancia geopolítica porque ante la escasez, sobre todo de agua superficial, las aguas subterráneas compartidas proveen alrededor del 40% del agua potable en el mundo y esta aumenta en la misma proporción que incrementan las sequías en el planeta. Es decir, a mayor sequía, mayor la dependencia al agua subterránea, y por lo tanto, mayor la vulnerabilidad de los sistemas de aguas compartidas.
Son más de 640 cuerpos de agua subterránea compartidos alrededor del mundo, según un reporte publicado en 2021 por la UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial. En México se estima que compartimos 28 acuíferos con Estados Unidos, seis con Guatemala y uno con Belice.
El problema general radica en que las aguas subterráneas compartidas generalmente no están reguladas. Existen alrededor de 3,000 acuerdos internacionales que regulan los ríos compartidos (aguas superficiales), pero solamente hay siete a nivel mundial que “tocan” (no necesariamente regulan) las aguas subterráneas.
El caso de la frontera entre México y los Estados Unidos no es la excepción. No hay un marco regulatorio de aguas subterráneas transfronterizas. El tratado de aguas de 1944 no aborda su regulación y solo existe la referencia de la Minuta 242 de 1973 sobre el acuífero Yuma. Esta plantea restricciones al bombeo en ambos lados de la frontera para contrarrestar los altos índices de salinidad del afluente del Río Colorado. En otras palabras, no ha habido un nuevo acercamiento formal entre ambos países para retomar la temática en los últimos 50 años.
La gestión de los acuíferos transfronterizos a nivel mundial es una tarea pendiente —claro, con algunas excepciones como el acuífero Genovés; Nubian Sandstone, en África, y recientemente el Guaraní, en Sudamérica, entre los más importantes que ya han sido considerados en tratados.
Sean superficiales o subterráneas —y ante la presión mundial por la búsqueda de reservas para afrontar las condiciones de sequía persistentes— es clave señalar que la administración de aguas transfronterizas requiere del uso de diversas disciplinas como la hidrología, la hidrogeología y la geoquímica para comprender las condiciones de los sistemas de agua.
También requiere del derecho internacional para determinar reglas de uso compartido, diplomacia para el intercambio de información, generación de confianza, construcción de infraestructura social, comunicación efectiva que genere cooperación y hasta de la participación de organismos como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que recientemente gestionó una disputa entre Chile y Bolivia por el derecho de uso del caudal del río Silala.
Así que este 2023, la gestión de los cuerpos transfronterizos de agua debe ser un tema sobre la mesa de la agenda binacional. Les pongo solo un ejemplo en esta columna: los científicos estiman que la próxima aparición en el Océano Pacífico del fenómeno meteorológico conocido como El Niño traerá cambios sustanciales en los patrones de lluvia y temperatura a nivel mundial, así como en la demanda del líquido para actividades humanas y su uso como vía de comunicación. Esto significa que habrá aún más presión en la disponibilidad de reservas de aguas compartidas internacionalmente, sobre todo, las que no están reguladas.
En el caso de México, las condiciones de sequía persistentes de sus cuencas internacionales que han puesto de manifiesto los límites del tratado de aguas de 1944, y las estimaciones de escasez extrema en los próximos años, nos indica no solamente una alarma de seguridad hídrica y de vulnerabilidad social, sino de seguridad nacional que, hasta el día de hoy, no ha sido prioritario en la agenda binacional. El estatus quo o la negligencia, han sido la preferencia acostumbrada. Será solo cuestión de tiempo, y no mucho, que el nivel de escasez nos obligue a repensar nuestras prioridades.
* Es Investigadora Científica Senior, Instituto de Recursos Hídricos, Universidad de Texas A&M.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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