Respira
Por Sonia Serrano
Durante los últimos años Jalisco se ha mantenido como el estado en el que más personas desaparecen. Sin embargo, la estrategia de las autoridades, lejos de basarse en un diagnóstico sobre lo que sucede, en particular con la desaparición de jóvenes, ha apuntado hacia un manejo de los números. Como si lo más importante, más allá de las personas, fueran precisamente los números.
Cuando se empezó a evidenciar el liderazgo de la entidad en la desaparición de personas, especialmente al alcanzarse la cifra de los 16 mil, en marzo de 2022, el gobierno de Jalisco decidió actuar sobre los números, en lugar de fortalecer las búsquedas.
Así, se hizo una “actualización” de la información que llevó a borrar de un plumazo decenas de casos, para dejar la cifra en arriba de 14 mil. Aún así, Jalisco se mantuvo en el primer lugar nacional.
Además, la administración que encabeza Enrique Alaro Ramírez decidió llevar su propio registro y se abrió el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), donde el control total de los datos lo tiene el gobierno de Jalisco.
Según la última actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, al 28 de agosto, en el estado hay 14 mil 889 desaparecidos, mientras que el Sisovid, en la actualización al 31 de julio, refiere 14 mil 78.
El gobierno del estado emitió un comunicado de prensa en mayo de este año para negar que “borre” a los desaparecidos, en el que aseguró que se trata de ajustes en los criterios de clasificación. Además, en el discurso de las autoridades se señala que cuando una persona es localizada se le da de baja del registro, además de que ha habido un proceso para eliminar los casos duplicados.
Lo cierto es que la plataforma todavía no permite, con los datos que se proporcionan, confirmar que la autoridad dice la verdad y que sí se contabilizan todos los casos.
Pero además del manejo de los datos, lo que más ha provocado molestia entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas es la inacción de la autoridad para la búsqueda de personas, salvo en aquellos casos en que la mediatización puede afectar su imagen. En esos sí actúan.
Incluso, en el esfuerzo más reciente de la autoridad, en el que se programaron reuniones con los colectivos, encabezadas por la secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, no se permitió un verdadero acercamiento y mucho menos se alcanzaron acuerdos.
Además, el gobierno del estado no ha realizado un diagnóstico de lo que sucede en el estado, por lo que tampoco hay acciones de prevención. Los análisis de datos que permiten llegar a conclusiones como una tendencia en la desaparición de jóvenes, provienen de trabajos académicos como el del Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, o de la revisión y recuentos de datos del ex rector de la UdeG, Víctor Manuel González Romero.
De esta forma Jalisco, líder nacional en desapariciones, carece de un diagnóstico, de datos certeros y de estrategias de búsqueda.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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