Respira
Por Sonia Serrano
Una vez más las desapariciones de personas ponen una marca en la vida de los jaliscienses. Ahora, se trata de al menos siete jóvenes que laboraban para un call center y cuya ausencia fue denunciada por separado por cada una de sus familias, hasta que los datos les hicieron darse cuenta que había un lugar en el que habían coincidido.
Por el número de personas y la edad de las mismas, este caso se volvió significativo. Es de esos casos que sacuden y parecen fijar el punto de inflexión. Sin embargo, ya en otras ocasiones hemos estado en condiciones similares y, desafortunadamente no se registraron cambios.
Lo que hace significativas este tipo de desapariciones es que entre los ciudadanos se despierta cierta empatía. Las desapariciones sucedieron en plena Zona Metropolitana de Guadalajara, en colonias de clase media alta, en el día. Es decir, se dieron todas las condiciones para sentir que puede sucederle a cualquiera.
Por eso, una vez más se activó desde el gobierno del estado una estrategia de comunicación para dejar sobre la mesa la posibilidad de que los jóvenes formaban parte de “algo” que los puso en peligro.
La Fiscalía del Estado, que siempre guarda silencio ante las desapariciones, se apresuró a dar a conocer sus líneas de investigación, ligando al call center a un caso que se había informado por el gobierno de Estados Unidos. En marzo pasado, la Oficina de Control de Activos dio a conocer la existencia de 19 empresas mexicanas, ligadas a la delincuencia organizada, que se dedican a la extorsión y fraude, especialmente relacionado con el desarrollo inmobiliario. De esas empresas, diez están en Guadalajara.
Ante esa información de las autoridades estadounidenses, en Jalisco hubo silencio y ninguna acción. Por eso, si la desaparición de los jóvenes en el call center está ligada a este caso, se demuestra que las empresas, a pesar de estar plenamente identificadas, siguieron trabajando.
La información no sirvió a las autoridades para actuar, pero sí para construir una narrativa que les permitiera justificar la desaparición de los jóvenes. Sin que se abriera aún formalmente una investigación, se ligó el centro de trabajo a actividades delictivas, sin matizar si existían elementos para confirmar que las víctimas conocieran estas actividades.
Y lo que fue peor, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez declaró en la conferencia de prensa matutina que el tema estaba ligado a fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas. Lo grave de esta declaración es que la Federación no ha intervenido en las investigaciones y que seguramente la funcionaria federal solo tenía los datos que le proporcionó el gobierno de Jalisco, donde a esas alturas tampoco había conclusiones en la investigación.
Esta situación sorprendió a las familias de las víctimas, que en distintas entrevistas han confirmado que no habían visto ninguna señal relacionada con actividades ilícitas en el trabajo de los jóvenes. Además, uno de los desaparecidos apenas sería contratado y dos de ellos tenían unos tres meses en ese trabajo.
Pero al margen de las conclusiones que se logren en las investigaciones, si es que se llega a la verdad, la crisis de desapariciones en Jalisco se acentúa y, en particular, hay una alarma por la desaparición de jóvenes. Hace unos días el periódico El Informador publicó los datos de esta realidad: de diciembre de 2018, cuando Enrique Alfaro Ramírez asumió la gubernatura, a la fecha, han desaparecido en Jalisco 3 mil 503 personas entre los 20 y 29 años. Esa cifra ya es superior a la de toda la administración anterior que encabezó el priista, Jorge Aristóteles Sandoval, en la que desaparecieron 2 mil 547 jóvenes.
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