Respira
Por Sonia Serrano
El 16 de julio se cumplió un año de la muerte de Luz Raquel. Fue quemada viva en un parque de Zapopan, Jalisco. En los meses previos, había presentado denuncias por el acoso de unos de sus vecinos, quien estaba molesto por el excesivo ruido que hacía el hijo de Luz Raquel, quien tiene una variante de autismo.
Posterior a su muerte, la Fiscalía del Estado de Jalisco mostró videos y dio a conocer datos para insinuar que Luz Raquel se prendió fuego a sí misma, que tenía problemas mentales y no abrió otras líneas de investigación.
Lo que siguió para su familia en los meses posteriores ha sido un recorrido exigiendo justicia y que el hijo de Luz Raquel, Bruno, tenga acceso a los servicios de salud que necesita. Las respuestas no han llegado.
El 11 de julio pasado, el Supremo Tribunal de Justicia del estado decidió no renovar el contrato laboral de Blanca Paredes. El argumento fue que los magistrados de la sala en la que trabajaba no la querían con ellos, porque no tenía el perfil necesario. Esto, a pesar que tiene dos maestrías.
Blanca era pareja del ex magistrado del tribunal, José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien fue captado por las cámaras de la casa de ambos mientras abusaba sexualmente de la sobrina -menor de edad- de Blanca. Los padres de la joven denunciaron los hechos y empezaron los procesos contra el ex funcionario judicial, quien tuvo que dejar el cargo, perdió sus derechos como académico de la Universidad de Guadalajara y actualmente está prófugo porque hay una orden de aprehensión en su contra.
Pero todo esto también marcó el inicio de la pesadilla para Blanca, quien enfrentó primero un juicio que avanzó apresuradamente en el que Covarrubias le peleaba la custodia de los dos hijos que tienen. Luego, vinieron las restricciones económicas para sus hijos y, finalmente, la pérdida de su empleo.
Blanca ha protestado en dos ocasiones con huelga de hambre en Casa Jalisco, donde vive el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. En la primera, después de unos días, el mandatario finalmente salió a atenderla y le prometió su apoyo, lo que no ocurrió. En la segunda, fue desalojada con violencia por la policía.
Los días 6 y 7 de julio, Laura Lucía fue visitada en la cárcel por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, tras conocer su expediente y darse cuenta de las irregularidades y las violaciones a sus derechos humanos, decidió atraer el caso.
Laura presentó una denuncia penal el 24 de enero de 2022 en la Unidad de Delitos contra Mujeres y Delitos en Razón de Género de la Fiscalía del estado en contra de Ignacio G., director general de la empresa Operadora de Servicios Mega, por abuso y hostigamiento sexual. Este caso no avanzó y finalmente la Fiscalía del Estado decidió no actuar por considerar que pasaron más de seis meses desde que fue víctima del delito.
Operadora de Servicios Mega es la empresa contratada por el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez para el arrendamiento de maquinaria pesada del programa A toda Máquina, por el que se pagarán 3 mil 634 millones de pesos. En 2019, el dueño de la empresa, Guillermo Romo fue captado en una transmisión de un partido de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles, acompañado en las primeras filas por el mandatario y la diputada federal Mirza Flores, apenas unos días después de ganar la licitación.
Al mismo tiempo que la denuncia de Laura no avanzaba, el 28 de septiembre de 2022 fue detenida por el presunto delito de administración fraudulenta, denunciada por Ignacio G., a quien ella denunció por acoso. El juez le determinó prisión preventiva.
Las audiencias del juicio principal y del amparo que ella promovió se han suspendido en varias ocasiones con distintos pretextos, como el que la misma empresa no dispone de las pruebas para acreditar el quebranto económico o que rechazan que la firma de Laura sea la que aparece en las actuaciones y no se nombra por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a un perito que lo revise.
Así, este mes cumplirá 300 días en la cárcel, lejos de sus hijos y su esposo.
Estos tres botones de muestra prueban que en Jalisco la justicia con perspectiva de género no existe y menos si quien está del otro lado es el poder.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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