Respira
Por Sonia Serrano
Hace unos días el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer el Índice de Competitividad Estatal 2023, un análisis sobre la situación de los estados en diferentes ámbitos. En el informe correspondiente a Jalisco llama sin duda la atención que el estado ocupa el último lugar en percepción de corrupción.
¿Qué quiere decir este indicador medido por el IMCO? Según explica, es “el porcentaje de la población urbana de 18 años y más que considera que las prácticas corruptas en el gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes”. La razón por la que Jalisco es la peor entidad es porqué 91% de los ciudadanos calificó como corrupto a su gobierno.
Los detalles que llevan a la población a considerar que su gobierno es corrupto son diversos y el estudio no llega a esa precisión de datos. Pero bastaría un repaso por los temas que han provocado crisis en la entidad para imaginarlos: el gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez es el que más deuda pública ha contratado. Es el estado que ocupa el primer lugar en desapariciones, en cuerpos rescatados de fosas clandestinas y uno de los primeros en sitios con inhumaciones clandestinas. A esto podríamos sumar la reestructuración del transporte que no ha mejorado las condiciones de movilidad, el programa de verificación vehicular que ha sido calificado como recaudatorio, o escándalos como el de el arrendamiento de maquinaria pesada por 3 mil 634 millones de pesos a un empresario con el que el gobernador Enrique Alfaro viajó a ver un partido de beisbol de los Lakers de Los Ángeles en 2019.
También podemos ligarlo con los datos que aparecen en el mismo informe de IMCO para Jalisco en la medición del estado de derecho. Es el penúltimo lugar en costos por delito, con 4 mil 771 pesos, además del número 24 en delitos no denunciados, con un porcentaje alarmante: 91.3%.
Incluso, en la presentación se destaca que Jalisco “empeoró en cinco de los ocho indicadores del subíndice Derecho, entre los que destaca el incremento en los costos del delito, los delitos no denunciados y la percepción de seguridad”. En este último, apenas el 20 % de la población adulta dijo sentirse segura en el estado.
IMCO detalla que en el subíndice de Derecho se mide “el entorno de seguridad pública y jurídica” de las entidades, ya que la seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública”. También precisa que “es determinante para la llegada de nuevas inversiones”.
El tema de la seguridad y la justicia se ha convertido en el dolor de cabeza para la actual administración. A pesar de la insistencia del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de que la mayoría de los delitos van a la baja, la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades ha elevado la cifra negra de delitos.
A lo anterior se suma la crisis en el Poder Judicial, donde el control desde el Poder Ejecutivo, especialmente en la primera instancia, ha llevado a una movilidad constante de los jueces de un juzgado a otro o de una materia a otra, para atender los asuntos según convenga a quienes tienen el manejo por órdenes o ante la complicidad del gobierno estatal.
La crisis del Poder Judicial ha quedado documentada en trabajos periodísticos de investigación e incluso se puede sustentar con los datos de la organización México Evalúa, que en noviembre del año pasado dio a conocer que, según el reporte “Hallazgos desde lo local 2021”, 95.4% de los delitos denunciados e investigados en la entidad quedaron impunes, “ya sea porque no se logró una reparación del daño, no hubo una salida anticipada o porque no existe una sentencia”. El porcentaje de impunidad varía según el delito, pero en el caso de desaparición forzada y secuestro llega a 100% y en extorsiones y homicidios dolosos a 99.7%.
El gobierno de Enrique Alfaro está ya en su cierre. Dentro de muy poco tiempo incluso comenzarán los movimientos de quienes pretenden buscar una candidatura de cara a 2024, así que difícilmente podrá enderezar el rumbo y buscar la salida del penoso sitio como el gobierno estatal más corrupto del país.
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