Respira
Por Sonia Serrano Íñiguez
Este fin de semana fue desvinculado del proceso que se seguía en su contra el ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, quien había sido procesado por abuso de autoridad, en el caso de los tráileres cargados con cadáveres sin identificar.
Cotero Bernal se convirtió en el primer señalado cuando, en septiembre de 2018 el entonces gobernador, el priísta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (asesinado el 18 de diciembre de 2020) decidió separarlo del cargo, tras el escándalo que incluso apareció en medios de comunicación internacionales.
Tres días antes del cese de Cotero, un tráiler con 157 cuerpos quedó varado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuando los cadáveres eran trasladados desde otro punto en el que se intentó guardarlos. Poco después se conoció que no era la única cámara de refrigeración móvil que se había contratado, sino que había otro más dentro de las instalaciones forenses. En total, en las dos cámaras, 322 cuerpos apilados.
En octubre de 2018 platiqué con Cotero Bernal sobre lo sucedido. En esa ocasión mostró la lista de mensajes que había enviado en diferentes fechas a sus superiores, en particular al ex secretario de Gobierno, Roberto López Lara, para informarle que los cuerpos almacenados en el Servicio Médico Forense ya no cabían en los refrigeradores y comenzaban a descomponerse en otras áreas de estas instalaciones. En todos, el mensaje había sido leído pero no había respuesta, a pesar que incluso había una fotografía con 19 cadáveres apilados y en bolsas negras en el piso.
Cotero Bernal ya había informado a la Junta de Gobierno del IJCF sobre la crisis, por lo que el entonces fiscal central, Rafael Castellanos tomó la decisión de rentar el primer tráiler, en mayo de 2016. En este se metieron los primeros 70 cuerpos, pero la violencia aumentó y los cuerpos llegaban diariamente de dos a tres decenas.
Ese primer vehículo estaba estacionado dentro del mismo IJCF, en una zona que se había destinado para los peritajes de vehículos. Con el paso del tiempo, algunas veces se apagaba la refrigeración, lo que provocó que los cuerpos comenzaran a descomponerse.
Las llamadas de desesperación al secretario de Gobierno, quien era presidente de la Junta de Gobierno continuaron. Según Cotero, lo recibía, pero solo dos o tres minutos, lo escuchaba y lo despedía con un “después lo vemos”.
Mientras, los cuerpos seguían descomponiéndose y entonces pidió el apoyo de la encargada de despacho de la Fiscalía General, Marisela Gómez Cobos, quien decidió que se rentara un segundo contenedor.
Del primer trailer comenzaron a surgir olores fétidos, por lo que esto se convirtió en un problema para trabajadores y ciudadanos que acudían a solicitar algún servicio o identificar un cuerpo, por lo que al llegar el segundo tráiler se decidió mover el primero a otro sitio. Fue al atender esa decisión que se atascó en un camino de lodo y así se descubrió la crisis.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que decidió vincular a proceso a Cotero Bernal. Tras dos años del proceso penal, finalmente un juez federal determinó que no había elementos para responsabilizarlo y que se debía emitir un nuevo auto, en el que se determine la no vinculación a proceso.
Cotero Bernal ha sostenido que la responsabilidad del resguardo de los cuerpos es de la Fiscalía del Estado y no del IJCF, que solo tiene las atribuciones en la realización de los peritajes. Sin embargo, esa nunca ha sido la línea de investigación.
El problema es que al no seguir una investigación basada en pruebas y en los hechos reales, se corre el riesgo de que este caso quede, como muchos otros, en la impunidad. El manejo indigno de los cuerpos, el riesgo de que algunos no hayan sido plenamente identificados y el comienzo de una crisis forense que lejos de resolverse crece cada día, podrían quedar simplemente como una muy mala anécdota.
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