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Por Ivonne Melgar

Esta semana podría descarrilarse en la Cámara de Diputados la coalición de Va por México ante el incumplimiento del PRI de la moratoria constitucional, rompiendo las posibilidades de una alianza electoral hacia 2023 en estado de México y Coahuila y para el relevo presidencial en 2024.

Serán horas claves también en el Senado, donde el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, corre el riesgo de quemar sus naves con la oposición que el miércoles pasado cerró filas para acuerparlo.

En San Lázaro, PRI, PAN y PRD prometieron apenas el martes que serían una coalición firme para contener cualquier reforma constitucional del presidente López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral (INE), la militarización y la persecución política por parte del gobierno.

“La Cámara de Diputados será el centro neurálgico de una embestida oficial. Si tocan a uno, respondemos todos”, advirtió el dirigente priista y diputado federal, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien la fiscalía de Campeche le abrió un expediente por presunta corrupción cuando fue gobernador y solicitó su desafuero.

Ese 30 de agosto rondaban en el ambiente los amagos de Morena y PT de que también habrá una investigación judicial en contra del jefe de la bancada del PAN, Jorge Romero, por presuntos negocios inmobiliarios que habría realizado como alcalde y diputado local.

Pero el 1 de septiembre, a pesar de la descortesía de llegar 90 minutos tarde a entregar el Cuarto Informe, ya que antes debió ir al mensaje de Palacio que el presidente López Obrador empalmó con la cita parlamentaria, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue recibido con apapachos en un pleno sin reclamos ni consignas adversas ni pancartas. Parecía el parlamento de Dinamarca.

La sorpresa de ese día fue el intercambio de palmadas y susurros al oído entre el funcionario y el dirigente del PRI.

Sin embargo, el viernes 2 de septiembre, los diputados del PAN y del PRD se llevaron una sorpresa mayor cuando vieron en la Gaceta Parlamentaria que la diputada priista Yolanda de la Torre había presentado una reforma constitucional para ampliar de cinco a nueve años plazo en que el presidente de la República puede utilizar las Fuerzas Armadas para la seguridad pública, dándole así un respiro a la Guardia Nacional (GN) hasta 2028.

Si esa iniciativa prospera, la coalición electoral de Va por México podría quedar sepultada. Y el presidente López Obrador tendría un éxito doble: haber roto al bloque opositor y una alternativa constitucional para que la GN siga como él quiere, sin el riesgo de controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras en el Senado, donde en las próximas horas se someterá a debate y votación la reforma que los diputados de Morena, PT y PVEM aprobaron el sábado para adscribir la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional, el jefe de Morena, Ricardo Monreal, se encuentra en una disyuntiva que podría marcar sus aspiraciones presidenciales y la suerte de la oposición en esa Cámara.

Si se somete a la línea de Palacio Nacional y apoya la reforma secundaria que ya calificó de inconstitucional, el coordinador parlamentario habrá faltado a su palabra de abogado y académico de la UNAM, condiciones desde las cuales cuestionó la iniciativa de López Obrador.

Consecuentemente, Ricardo Monreal terminaría de romper el boleto que le han ofrecido los líderes del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural en el Senado para reconfigurar desde ahí la correlación de fuerzas del Congreso.

La idea es que a sus 51 votos se sumen al menos 10 de la autoproclamada 4T dispuestos a seguir al presidenciable que no quieren en Palacio y que, de romper con Morena, podría convertirse en un prospecto de la oposición.

Todo eso estará en juego esta semana.


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