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Por Ivabelle Arroyo

Una cosa es la reforma judicial, que altera profundamente la composición del sistema político mexicano al alterar los ejes de independencia del Poder Judicial y otra es modificar la Constitución para que nadie pueda oponerse a una reforma constitucional.

Lo escribí bien: nadie. 

Nos dicen que es para que los jueces no se opongan a la voluntad del Pueblo, pero es para que los partidos políticos, gobiernos estatales y actores como fiscales, legisladores locales, ombudsman y ciudadanos no se opongan a lo que Morena pone en la Constitución. 

Morena, con sus legisladores, está pasando por encima de todos estos actores al negarles la posibilidad de solicitar protección contra abusos legislativos.

¿Creían que eran los jueces los que reclamaban? No. Los jueces nunca han tenido la posibilidad de oponerse a una reforma constitucional. Los que se oponen son ciudadanos que se amparan contra abusos, fiscales y gobiernos que ven sus competencias invadidas, partidos políticos que gritan que no les dejaron leer la iniciativa… ¿Ante quién reclaman ellos, con amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad? No ante la Presidenta, sino ante un juez. O un ministro. O jueza o ministra pues.

El Poder Judicial decide si estos quejosos tienen razón o no, y lo hace de forma que no haya atropellos: si a un juez se le va la mano, el quejoso puede apelar (no al mismo juez, sino a otro) y hay tribunales colegiados donde las decisiones las toman por mayoría y no un sólo juez, lo mismo que el Pleno de la Corte, donde puede haber ministros con visiones distintas para proteger a un ciudadano que primero se quejó de una norma y luego de un juez y luego de un tribunal colegiado. 

Morena engaña al reformar la Constitución y decir que la blinda contra jueces corruptos y mafiosos. En realidad la blinda contra todos los demás: los que podían tocarle la puerta a un juez.

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