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Emilio Lozoya es un delincuente confeso. Aceptó recibir millonarios sobornos en un caso que afectó gravemente al patrimonio gubernamental y que trasciende las fronteras del país. La culpa la tiene y la acepta, pero además cuenta con recursos para negociar su castigo. Lozoya es un bribón frente al que muchos se quitarían el sombrero, y su naturaleza le permite danzar por la vida con privilegios aunque sea confeso.

En pocas palabras, el bribón se comporta como tal, y si le abren la puerta, la cruza, lo que implica seguir con su vida de buenos restaurantes y finas amistades, claro. El problema es quién le abre la puerta. Dirán que fue el Poder Judicial, que no lo arraigó, pero no, quien le abre la puerta y lo mima con esmero es el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero.

Así que pongamos la lupa sobre él. Otra vez. Tenemos graves problemas con este Fiscal, en varias dimensiones, pero como hoy estoy en plan de síntesis, recojo tres: la personal, la institucional y la política.

Empecemos con la dimensión personal. Gertz es un personaje siniestro. Me desdigo… el adjetivo es fuerte y la carga es subjetiva. Corrijo: es un personaje cuestionable y lo argumento. ¿Cómo? Con su máximo nivel en el Sistema Nacional de Investigadores sin pasar por los primeros niveles y sin reunir los requisitos; con su impropia actitud parcial al acusar a su familia política por el improbable asesinato de su hermano enfermo y de 82 años; con su cruzada contra la Universidad de las Américas en Puebla y con los extraños préstamos que derivaron en un apartamento en una de las calles más caras de París. Todo esto quizá sea explicable, pero hasta ahora no lo ha sido, así que el adjetivo de cuestionable le queda bien.

A esto se le añaden los resultados de la fiscalía en un país con graves problemas de criminalidad e impunidad. No estamos hablando de un señor de la farándula que nos caiga mal. Estamos hablando del titular de la institución encargada de combatir esa criminalidad y esa impunidad.  En 2020 hubo 21 millones de víctimas en México de acuerdo con el INEGI, pero se denunciaron menos de 2 millones de delitos, frente a los cuales la fiscalía mostró su ineptitud. Se resuelven menos del 5% de las investigaciones.

¡No es extraño que el bribón les pase por encima! Si no pueden con las pequeñas ¿Cómo van a poder con las grandes? El informe anual de la fiscalía, adivinen, no está relacionado ni con la impunidad (delitos que se quedan sin castigo) ni con la criminalidad en el país. Lo que informa es quiénes fueron condecorados, en dónde se puso la ventanilla, cómo van a contar los delitos con las procuradurías estatales y qué hicieron en comunicación social. A grandes rasgos. En pocos trazos: tenemos una fiscalía que no funciona.

O bueno, sí, sí funciona. Es, a pesar de su autonomía normativa, una fiscalía muy cómoda para el régimen. Su función política no tiene tacha: si no hay que investigar (¡ni siquiera estoy escribiendo juzgar!) a un ex secretario de defensa acusado de narcotráfico, pues no se hace y ya. Si hay que pedirle al bribón que cena en el Hunan que acuse selectivamente a sus compinches, pues se le pide y se le deja ir a cenar pato. Si hay que reforzar la postura totalitaria de la titular de Conacyt, pues se acusa a los científicos de delincuencia organizada, y si no hay que perseguir a los narcos de Michoacán, Jalisco y Sinaloa, pues no se hace y punto.

En conclusión: tenemos un fiscal cuestionable, en una fiscalía que no funciona, con una labor política útil. Por eso el bribón cena pato.


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