Respira
Por Karina Rodríguez Matus
La minería a cielo abierto ha sido objeto de intensos debates debido a sus impactos ambientales, pero también desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico y social de muchas comunidades. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre la conveniencia de prohibir esta actividad o, por el contrario, la necesidad de adoptar un enfoque regulatorio que garantice la sostenibilidad, la responsabilidad y el bienestar de todos los involucrados, incluidas las consideraciones ambientales.
El origen de la minería a cielo abierto se remonta a prácticas de extracción de minerales que datan de la antigüedad. Civilizaciones como los egipcios, griegos y romanos ya empleaban técnicas rudimentarias para extraer metales preciosos y otros minerales visibles en la superficie. Sin embargo, su auge real comenzó a mediados del siglo XIX, impulsado por la Revolución Industrial. A medida que crecía la demanda de recursos minerales, los métodos a cielo abierto se perfeccionaron, convirtiéndose en la técnica elegida para la extracción de minerales como el cobre, el oro y el hierro.
La extracción a cielo abierto presenta diversas ventajas, como la accesibilidad a grandes reservas de minerales y la reducción de costos en comparación con la minería subterránea. Sin embargo, también ha suscitado importantes preocupaciones ambientales, especialmente en lo que respecta al impacto en el paisaje, la deforestación, la erosión del suelo y la contaminación de cuerpos de agua. Esta problemática ha llevado a una tendencia generalizada hacia la prohibición de esta técnica; por lo que es crucial analizar si esta prohibición es realmente necesaria o si, al implementarla, estaríamos limitando el desarrollo de proyectos que podrían generar impactos positivos que contrarrestan los efectos negativos asociados a la minería a cielo abierto.
No podemos ignorar que existen diversas regiones en nuestro país donde la minería a cielo abierto ha contribuido significativamente a su desarrollo, generando empleos directos e indirectos, fomentando la inversión en infraestructura y proporcionando recursos esenciales para diversas industrias. De este modo, se garantiza la autosuficiencia en minerales como el cobre y el hierro, que son fundamentales para el desarrollo industrial.
Por ello, establecer un marco regulatorio que asegure prácticas sostenibles en la minería a cielo abierto, en lugar de establecer una prohibición general, es fundamental. La regulación deberá considerar la implementación de tecnologías más limpias, la restauración de terrenos y una adecuada gestión de residuos. Una regulación efectiva contribuiría a minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente, logrando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del entorno.
Adicionalmente, la regulación podría facilitar la participación de la sociedad a través de mecanismos de consulta y colaboración con las comunidades locales. Trabajando de manera conjunta, es posible abordar y resolver las preocupaciones y aspiraciones comunitarias, construyendo relaciones armoniosas entre las empresas mineras y la población. Este enfoque participativo no sólo fortalecería la legitimidad de las operaciones mineras, sino que también promovería un sentido de responsabilidad compartida.
Un marco regulatorio claro y bien diseñado, que tenga en cuenta la realidad de la industria, puede fomentar la innovación. Las empresas se verían incentivadas a invertir en investigación y desarrollo para encontrar métodos más eficientes y de menor impacto en la extracción de recursos. Esto abarcaría la adopción de prácticas mineras más responsables y tecnologías que reduzcan el consumo de agua y energía, además de minimizar la generación de residuos.
La regulación, en lugar de la prohibición, también implica establecer estándares que las empresas deben cumplir. Esto incluye no sólo consideraciones ambientales, sino también aspectos relacionados con la salud y seguridad de los trabajadores, así como el impacto en las comunidades cercanas. Una regulación adecuada puede motivar a las empresas a adoptar prácticas de responsabilidad social más efectivas, beneficiando a las comunidades y fomentando un entorno de confianza.
Por ello, estamos convencidos de que, en lugar de prohibir, se debe regular, permitiendo realizar un análisis o estudio caso por caso y contribuir al desarrollo integral de las comunidades.
*Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Derecho Administrativo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así como con la especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana. Socia del despacho Rodríguez-Matus & Feregrino; especialista en minería, energía y proyectos de infraestructura. Profesora adjunta de Derecho Minero en la Escuela Libre de Derecho e investigadora honoraria en dicha institución, ha impartido cátedras en la Universidad Panamericana, la Universidad Anáhuac, y en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Integrante de las Comisiones de Legislación y Fiscal de la Cámara Minera de México, de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. Es co-coordinadora y autora del tomo de “Derecho Minero” de la Obra Jurídica Enciclopédica con motivo del Centenario de la Escuela Libre de Derecho, y co-autora de la “Ley Minera Comentada, Concordada y Correlación” publicada por parte de la Escuela Libre de Derecho y la Editorial Porrúa. Ha sido reconocida como abogado líder en México por Who’s Who Legal, Mining.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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