Respira
Por Laura Castellanos
El segundo piso de la autollamada Cuarta Transformación será construido sobre una República de fosas. Es el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero lo edificó siempre mirando hacia arriba, a las alturas, nunca hacia abajo, donde están las madres buscadoras postradas, cubiertas de tierra, escarbando dolorosas. Mucho menos se asomó al inframundo nacional que alberga los restos de las víctimas de desaparición forzada y muertes violentas acontecidas durante la estrategia de seguridad militarizada que lleva ya tres sexenios.
El primero, de Felipe Calderón, cerró con 122 mil 491 asesinatos y 16 mil 815 casos de desaparición. El saldo de Enrique Peña Nieto fue de 159 mil 308 homicidios y 32 mil 590 personas desaparecidas. López Obrador cierra rebasando por mucho a sus antecesores: 176 mil 406 muertes violentas al cierre de agosto de 2024, y 52 mil 222 casos de personas desaparecidas, los que triplican la herencia de Calderón. La cuarta parte corresponde a mujeres y niñas desaparecidas, cuyos casos se cuadruplicaron de 2006 a 2024. De idéntica manera, sus muertes violentas se duplicaron, pasando de las 9 mil 993 reportadas con Calderón, a más de 21 mil casos al cierre de agosto de 2024.
López Obrador le prometió al país verdad y justicia. El destinatario natural fue el amplio abanico de izquierdas mexicanas que, desde la década de los sesenta, sufrió un cúmulo de violaciones de lesa humanidad por enfrentarse, por vías pacíficas o armadas, a un aparato de Estado represor. Entre las principales demandas estaban esclarecer los hechos y enjuiciar a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y del periodo de contrainsurgencia de la década de los años setenta, con un saldo de entre 500 y más de un millar de casos de desaparición forzada, dependiendo de la fuente. En ambos hubo intervención del Ejército y de otros agentes del Estado.
Pero López Obrador decidió ahondar la impunidad. Estigmatizó a las madres y padres de los 43 estudiantes y a sus defensores nacionales e internacionales, descarrilando el proceso judicial de la investigación. No quiso recibir formalmente el informe Fue el Estado (1965-1990) del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que documentó la desaparición forzada de al menos mil tres personas, y en los dos casos absolvió mediáticamente a la institución castrense.
Con su reforma constitucional recién aprobada le dio el mando total al Ejército sobre la Guardia Nacional, garantizó el fuero militar, amplió sus atribuciones en tareas de seguridad y aumentó su financiamiento, sin mecanismos de fiscalización. De esta forma, el presidente ha dado el paso determinante para la militarización del país, mientras culmina su sexenio profundizando la crisis humanitaria por la multiplicación de fosas con restos humanos sin identificar.
El informe de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, presentado en agosto por la Universidad Iberoamericana, Artículo 19 y Data Cívica, revela que, durante el periodo de seguridad militarizada de 2006 a junio de 2023, las fiscalías locales registraron un total de 4 mil 565 fosas clandestinas con 6 mil 253 cuerpos de personas y 4 mil 662 fragmentos. De estas, 2 mil 705 fosas fueron reportadas hasta el primer semestre de 2023, durante el gobierno de López Obrador. Representan el 59.2% del total.
El presidente no solo se negó a ver el inframundo nacional. Hizo todo lo posible por desarticular los esfuerzos institucionales para investigar, buscar e identificar los restos descubiertos en las fosas. Wendy Selene Pérez Becerra, la periodista investigadora que elaboró la Plataforma Ciudadana de Fosas, me dijo en entrevista que su gobierno desmanteló el Centro Nacional de Identificación Humana, dejó de actualizar los reportes de las fosas clandestinas descubiertas, despidió a más de la mitad del personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y recortó 52 millones de su presupuesto, quedando en mil 98 millones. Además, advirtió que familias y colectivos han denunciado el rasuramiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD).
En contraste, narró que el presidente ordenó la búsqueda de los restos de un solo mexicano: Catarino Erasmo Garza Rodríguez, líder antiporfirista victimado en Panamá hace más de un siglo y del que había escrito un libro. Reveló que la operación fue financiada con 9.5 millones de presupuesto, duró tres años y participó personal de la CNB y de las Fuerzas Armadas. Finalmente, lo único que recuperaron fue un huesito de 5 centímetros. Qué afrenta para las más de 115 mil personas desaparecidas en el país y sus familias.
López Obrador hoy deja el poder sin haber tratado con verdad, justicia y dignidad a las personas desaparecidas y sus familiares. Es un legado que lo deshonra a él y a Morena por haber actuado de forma indolente. También es una manifestación de que el amplio abanico de izquierdas mexicanas quedó paralizado ante la negativa presidencial para cumplir sus promesas y frenar el incremento de casos de desaparición.
Es apremiante que Claudia Sheinbaum acepte el diálogo nacional que le solicitan madres y padres de los 43 y colectivos de personas buscadoras del país. Es fundamental, de igual manera, que las izquierdas mexicanas despierten de su pasmo para exigir a la nueva presidenta que cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos firmados por México. Es vital, igualmente, que la militancia y bancadas legislativas de Morena dejen de actuar acríticamente y con desmemoria. México despierta mañana en un nuevo sexenio en el que el Ejército ejercerá un desmesurado poderío. Si no hay consciencia de todo esto, México seguirá siendo una República de fosas.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Comments ()