Leticia Bonifaz

Justicia ¿pronta y expedita?

La justicia federal tiene sus propios asuntos, pero dedica gran parte de su tiempo a atender los que llegan de impugnaciones a resoluciones de los jueces locales.

Por Leticia Bonifaz

Una de las razones que se han exigido para impulsar la actual reforma judicial, que pretende sustituir a los jueces de carrera por jueces electos popularmente, es que la justicia hoy es tardada y sí, no hay manera de decir que la justicia en México es ágil y que de ella se obtiene pronta respuesta.

La pregunta que debió hacerse desde el inicio es por qué es tardada. Una de las razones es el paso por las distintas instancias que tenemos para la solución de un conflicto. En los problemas más comunes, la puerta de entrada son los juzgados locales. Estos tienen competencia para resolver asuntos penales, civiles y familiares básicamente. En ellos se resuelven los problemas más frecuentes de las personas: ahí se ven divorcios, temas de pensiones alimenticias, herencias, problemas derivados de la celebración de contratos: de compraventas, arrendamientos, hipotecas, etcétera y, también, en la esfera penal, feminicidios, homicidios, robos, fraudes, etc. Cualquier resolución que emita un juez en estos temas puede ser revisada ahí mismo por una sala de tres magistrados. La parte inconforme normalmente recurre al Poder Judicial Federal mediante amparo. Esto hace que el proceso sea tardado, pero no es malo que haya instancias que revisen lo actuado.

Se ha intentado disminuir el número de los asuntos que atienden los juzgados locales a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos. En estos procesos las soluciones son más ágiles porque se suprimen algunas formalidades del procedimiento y se llevan ante mediadores especializados en conciliación. Desafortunadamente estos medios son poco usados, no se conocen mucho y no gozan del mismo nivel de confianza.

La justicia federal tiene sus propios asuntos, pero dedica gran parte de su tiempo a atender los que llegan de impugnaciones a resoluciones de los jueces locales. Esta reforma al Poder Judicial empieza con la instancia revisora y después va a ir hacia los juzgados locales.

En uno de los transitorios se establece que la mitad de los juzgadores federales de carrera será sustituida el próximo año por juzgadores electos popularmente y la otra mitad en el 2027, esto va a retrasar los asuntos en trámite porque los que lleguen sin experiencia judicial van a recorrer una larga curva de aprendizaje. No cualquiera puede ser juez como con ligereza se afirma.

Ser juez implica, además de vocación, una preparación específica para el desarrollo de habilidades muy concretas. A quienes hoy hacen carrera judicial les lleva más de una década ascender de oficial a juez. Aunque hay concursos abiertos en los que pueden participar externos, la mayoría llega de adentro después de haber aprendido a proyectar las resoluciones, a valorar pruebas y a argumentar.

Además de conocer la materia sobre la que se va a trabajar: civil, mercantil, penal, laboral, administrativo, la Ley de Amparo y los códigos de procedimientos respectivos, se requiere conocimiento de los Tratados Internacionales derivados del sistema universal y del interamericano y de la jurisprudencia de la Corte, y de la Corte Interamericana. Además, es indispensable una formación en teoría del Derecho, teoría de la argumentación, teoría de la prueba y tener la perspectiva de derechos humanos. Esto no se va a lograr de la noche a la mañana.

Los asuntos que estén en trámite derivados de revisión de resoluciones de jueces locales, si ya han tardado, tardarán más y quienes estén en espera de una resolución continuarán esperando largo tiempo en temas sensibles en que está de por medio la libertad o el patrimonio.

El panorama es poco alentador para quienes soliciten justicia. En la discusión actual se ha hablado poco de las afectaciones que tendrá esta reforma para la población, la que desafortunadamente, no va a contar con la justicia pronta y expedita que anhela.