Leticia Bonifaz

Crisis constitucional

El poder judicial va a seguir cumpliendo su papel de intérprete de la Constitución porque no puede renunciar a él.

Por Leticia Bonifaz

Tenemos una crisis constitucional a la vista. Algo que nunca imaginé en mi querido México. Las había estudiado en varios países sobre todo latinoamericanos, pero nunca creí que lo iba a vivir tan de cerca y, sobre todo, tan cerca de personas que quiero, estimo y admiro.

Al Poder Judicial le dediqué 8 años de mi vida, nada comparable con las décadas que llevan ahí muchos de los juzgadores que hoy tienen su futuro en vilo. Se podría pensar que con el espectáculo de la tómbola del domingo pasado todo quedó escrito, pero no es así. A la Corte le toca todavía pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las últimas reformas y de las leyes reglamentarias que están en proceso. También por los amparos promovidos por juzgadores, por las acciones de inconstitucionalidad presentadas, etcétera, etcétera.

El Poder Judicial estuvo en paro. Solo se estuvieron atendiendo los asuntos más urgentes. Se retoma la actividad, pero aún en resistencia. El proceso atropellado para la elección de junio va a continuar paralelamente a lo que vaya resolviendo la Corte y los Tribunales. ¿Qué van a hacer el legislativo y el ejecutivo cuando el judicial se pronuncie o cuando se pronuncien los organismos internacionales protectores de los derechos humanos? Ya se han visto acciones previas de resistencia. ¿Qué consecuencias podría tener esto?

El poder judicial va a seguir cumpliendo su papel de intérprete de la Constitución porque no puede renunciar a él. Con lo visto hasta hoy, yo no veo cómo va a terminar esta crisis porque rebasa el ámbito de lo jurídico. Hace rato que estamos en la arena de lo político que es un rol que no pueden jugar los Tribunales.

Fuera del mundo de los abogados y estudiosos del Derecho, el común de las personas no ve en qué les va a afectar la crisis en su día a día. Porque hablar del rompimiento de las reglas básicas del Estado de Derecho y de la vulneración de la independencia judicial suena abstracto, pero la crisis no solo va a ser un tema de choque entre poderes porque en el fondo están las personas que piden justicia y que se verán afectadas más temprano que tarde, no solo por el tiempo de duración de los procesos sino por la calidad de las resoluciones. La duración de los procesos por supuesto que afectará más a casos en donde están involucrados niñas, niños y adolescentes, las personas mayores y personas privadas de su libertad.

La premisa de que personas juzgadoras electas popularmente harán mejor trabajo que quienes dedicaron años haciendo la carrera judicial no es sostenible. Qué preparación previa se pedirá a los aspirantes a jueces y específicamente sobre la materia en la que habrán de trabajar. ¿Tendrán las y los jueces después de que sean electos cursos obligatorios en la Escuela de Formación Judicial? ¿De qué manera se irán especializando y conociendo de materias concretas como argumentación y teoría de la prueba?

En caso de consumarse la reforma, la curva de aprendizaje será muy larga hasta en tanto todo se estabilice de nuevo. ¿Una década? No será un proceso nada sencillo y sí tendrá un gran desgaste institucional. ¿Habrá vuelta atrás? Sigue siendo deseable. El país se merece una reforma seria, pensada, madurada y útil que resuelva el anhelado acceso a la justicia pronta y expedita.

Ya desde hoy muchas personas no recurren a ella por sus innumerables laberintos, pero éstos no se están simplificando. Solo se está pretendiendo sustituir a personas con experiencia por otras que no la tienen.

¿Qué pasará? ¿Van a buscar las personas, en algunas ramas en las que es posible, el uso de medios alternativos de solución de conflictos que hasta ahora no se han aprovechado?

Tendrá que haber algún cauce porque los conflictos, con o sin reformas, seguirán acumulándose.