Ahora que el nuevo plan de estudios de la SEP está en boca de muchos, vale la pena repasar algunos de los esfuerzos que ha hecho este país por lograr la alfabetización universal de los mexicanos.
De acuerdo con el censo de 1921, hace un siglo la población analfabeta mayor de 10 años en México rondaba el 65%. Para atacar este nada halagüeño escenario, la Constitución de 1917 estableció en su artículo 3º la importancia de la educación, asentando que debería ser libre y laica en todas las escuelas públicas o privadas, además de gratuita en las oficiales. Posteriormente, se impondría que la instrucción primaria fuera obligatoria, en aras de que ningún niño o niña mexicano se quedara sin escuela.
En realidad, el tema de la educación estuvo presente en los intereses de los diferentes gobiernos desde el siglo XIX, y muchos de ellos ensayaron diversas estrategias para alfabetizar a la población, ya fuera copiando modelos extranjeros o creando métodos propios para la enseñanza que pugnaban por mejorar la educación de los niños, pero la inestabilidad en todos los órdenes que acompañó al país durante esa centuria impidió que la mayoría de las iniciativas llegara a buen puerto. No obstante, fue durante el gobierno juarista cuando se crearía la Escuela Nacional Preparatoria y, ya en el ocaso del Porfiriato, la Universidad Nacional de México en 1910, que a la postre se convertiría en la UNAM. Ambas instituciones serían clave en el desarrollo de la educación media y superior del siglo XX, pero no serían suficiente para sacar al país del analfabetismo en el que estaba sumido.
Fue así que la cruzada por la educación infantil se convirtió en uno de los principales proyectos de desarrollo y justicia social del siglo XX. Ya se ha dicho que tras la Revolución se estableció el artículo 3º Constitucional en favor de la educación libre y gratuita, a lo que se sumó, en 1921, la creación de la Secretaría de Educación Pública bajo la dirección de José Vasconcelos, con mandato a nivel nacional. Su objetivo sería precisamente impulsar la creación de escuelas, ordenar los cursos, editar libros y construir las bibliotecas del país, medidas que, en conjunto, apoyarían la alfabetización de la población.
De manera romántica, Vasconcelos imaginó el proyecto literario Los Clásicos, que sería una colección de 100 obras de la literatura universal, que se entregarían a la población para que pudiera practicar las habilidades de lectura. Así, una vez que supiera leer, la gente podría acercarse a los textos de Goethe, Platón, Esquilo o Eurípides, entre otros muchos, para ampliar su cultura general. La iniciativa pretendía remediar un problema que se presentaba de manera cotidiana en el país, y era la situación de que, si los padres no sabían leer y escribir, lo más seguro es que, en la mayoría de esos hogares, no hubiera libros. Había pues que atender esa necesidad y llevarlos a las casas y bibliotecas de México. Quizá la iniciativa era buena, pero en términos prácticos la producción, distribución y comprensión de estos libros fue mucho más compleja que lo que imaginó el secretario.
Las buenas intenciones continuaron e, incluso, entre 1934 y 1946 se modificó el artículo 3º para establecer que, de acuerdo con la línea ideológica que seguía el gobierno, la educación que impartiera el Estado fuera socialista, además de obligatoria y gratuita, con todos los retos prácticos que la imposición de este esquema implicaría, pues, como ha sucedido muchas veces en nuestra historia, cada quien entendió y enseñó la educación socialista como pudo. Al final, este proyecto sería desechado también.
Entregar material educativo gratuito a los niños fue otra de las estrategias para auxiliar en la alfabetización durante décadas, pero no sería sino hasta 1959, cuando se creó la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito -CONALITEG- que consolidaría este esfuerzo de producir, editar y distribuir recursos a lo largo y ancho del país. Criticado por algunos y alabado por otros, con su creación el Estado asumiría a partir de entonces el monopolio sobre la educación y los contenidos que se ofrecían a través de estos libros en los que tendrían que estudiar todos los niños y niñas de México, independientemente de su condición social, económica o geográfica. Todos recibirían de manera gratuita y obligatoria los libros y aprenderían, en consecuencia, lo mismo. En ellos se basarían los maestros para enseñar y no habría necesidad de pedir material adicional para la educación. Sobra decir los peligros de ideologización o adoctrinamiento en potencia de esta práctica.
Con éstos y muchos otros esfuerzos, planes o reformas educativas, y al menos en términos cuantitativos, las cifras revelan una mejoría significativa en términos de alfabetización en los últimos cien años. La titánica tarea ha dado resultados toda vez que, para 2020, la población mayor de 15 años que no sabe leer y escribir en México, asciende a poco menos del 5% del total, lo que marca una gran diferencia con aquel 65% de hace un siglo.
Pero si bien las iniciativas por llevar y mejorar la educación en México han sido enormes, en términos cualitativos los resultados son muy cuestionados y evidenciados constantemente cuando se compara con la que se ofrece en países con condiciones similares a las del nuestro o se aborda el analfabetismo funcional que es también preocupante. Muchas razones hay para que sea así: falta de un proyecto educativo a largo plazo, carencia de capacitación de los profesores, un sindicalismo que ha mermado significativamente la calidad del magisterio, recursos limitados, falta de infraestructura y, quizá, hasta una falta de voluntad política verdadera para elevar la educación en el país. A todo esto, habrá que sumar el impacto del COVID que obligó a muchísimos niños a abandonar la escuela en el último par de años.
Finalmente, en tres años de gobierno de la 4T, ha habido tres cambios en la dirección de la SEP, sin que ninguna de esas administraciones haya dejado algo bien plantado. Ahora que han lanzado un nuevo plan de estudios, habrá que analizar si realmente es un buen proyecto educativo para nuestros niños. En todo caso, es de resentir que el que debiera ser el organismo más importante del gobierno, se haya convertido en un trampolín político, evidenciando que lo menos importante es la educación.
@LillianBriseno
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