Respira
Por Lourdes Molina
Si, en teoría, la mayoría ha decidido que los jueces sean electos mediante voto popular, la pregunta es: ¿en qué contribuyó la justicia para que el pueblo no saliera en su defensa? Está demostrado objetivamente que México requiere límites al poder gubernamental, corrupción, derechos fundamentales, seguridad, justicia -entre otros-; si bien ningún país en América tiene bajos niveles de impunidad, México encabeza el listado, prueba de ello son las disculpas públicas de autoridades como medida de reparación por violaciones al deber de respeto, garantía de derechos humanos y judiciales y protección judicial, para brindar la protección más amplia a la dignidad personal en México.
Ésto no es nuevo, en la XIV Cumbre Judicial Americana en Brasilia 2008, nuestro país reconoció esta situación y se comprometió en ocuparse sobre inseguridad, delincuencia, impunidad, deficiente acceso a la justicia, considerado freno para el desarrollo del país.
Sin embargo, el resultado de encuestas sobre procuración e impartición de justicia evidencian que México no ha logrado cumplir sus compromisos internacionales en tema de procuración e impartición de justicia, no obstante las acciones que llevó a cabo en materia de reformas: Penal en 2008, en Derechos Humanos en 2011, en materia mercantil en 2012, y la más reciente en 2023, en materia procesal familiar y civil. A pesar de ello está demostrado que las personas persisten en conferir el menor nivel de confianza a las autoridades encargadas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
La perspectiva ciudadana es que México tiene baja adherencia al estado de derecho, a diferencia de Uruguay, Costa Rica y Chile, con los mejores resultados en Latinoamérica en corrupción, orden, seguridad y justicia. Dinamarca legalmente limita al gobierno, y tiene los niveles de corrupción más bajos del mundo; Finlandia respeta derechos fundamentales de sus habitantes, es eficiente en justicia penal; Singapur resultó el mejor en seguridad. Entonces sería interesante investigar qué hicieron estos países para logarlo, especialmente Singapur, después de haber ocupado lugares cómo México y lograron revertir la inseguridad.
Por desgracia, la justicia penal en México en 2023 en general observó estancamiento: nueve estados descendieron en los factores de eficiencia y eficacia en los sistemas de procuración e impartición de justicia, respeto al debido proceso, presunción de inocencia, igualdad y no discriminación, trato digno, defensa adecuada, y acceso a juicio público ante jueces competentes e imparciales.
También se afectó la justicia abierta y digital que facilitaría acceso al ciudadano por medios remotos o colaborativos, y por quinto año consecutivo, la mayoría de los Estados, el indicador peor evaluado fue la efectividad en investigación policial y del ministerio público; falta de denuncia de delitos o de integración de carpetas de investigación, en 2021 alcanzó 93.2% nacional, homicidios registran incremento en 20 Estados y con el debilitamiento de los pesos y contra pesos, como prensa, sociedad civil, activistas, y población en general.
Internacionalmente la evaluación sobre impartición de justicia, en los indicadores de independencia judicial, confianza en la policía, índice de estado de derecho, protección de derechos humanos y 5 homicidios dolosos por cada 100 personas, los países mejor evaluados son: Finlandia, Noruega y Suiza y los cinco peor evaluados fueron México, Brasil, Colombia, Nigeria y Guatemala.
Las debilidades de México son: independencia judicial, obtuvo 3.2 puntos de 10, frente a 9.5 de los mejores, confianza policiaca 2.9 frente 4.8 de promedio general, índice de estado de derecho, -0.6, frente 2.0 del máximo, protección de derechos humanos con -1.21 frente al máximo de 2.53; y 20 homicidios dolosos por cada 100 habitantes, contra 0.4 de los tres mejores.
Así tiene sentido que lo más preocupante para la población sea la inseguridad, por encima del aumento a precios al consumidor y desempleo; las autoridades en las que menos confía el ciudadano son seguridad pública, fiscalía y poder judicial, la confianza ciudadana en autoridades judiciales es menor del 40%.
Queda demostrado, la justicia le debe mucho a la ciudadanía, no es justa para todos, el ciudadano de escasos recursos imposibilitado para contratar abogado -salvo materia penal y familiar- no puede acudir a un juzgado reclamando derechos, y los que acceden, generalmente sus juicios son largos, ineficientes, parciales; salvo que tenga herramientas cómo relaciones con funcionarios o el recurso económico para invertir lo suficiente en los juicios para que la justicia sea pronta, expedita y se sostengan los derechos que por ley corresponden, porque no necesariamente se paga por obtener resultados que no se tiene derecho, sino que muchas de las ocasiones se tiene que pagar para que se sostenga la justicia. Así llegamos a la siguiente pregunta: ¿estamos ante la destrucción de la democracia, debido a que se eliminarán los contrapesos y de esta forma serán silenciadas las minorías? Considero que no necesariamente. En la siguiente edición recordaremos que no siempre ha sido tan ineficiente la justicia en México, de hecho, gran parte de sus años de gloria se dieron en la época de Don Benito Juárez y hasta antes del Porfiriato, y resulta que en dicha época los funcionarios judiciales eran electos por voto popular. Los esperamos en la tercera parte de este análisis.
*Lourdes Molina es doctoranda en el programa de Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos con Especialidad en Derecho Civil, por la Universidad Autónoma de Baja California , es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana; ha sido juez primero civil y juez décimo de lo civil especializada en materia mercantil, secretaria proyectista y secretaria de acuerdos de primera instancia; y abogada litigante; docente e instructora del Poder Judicial local y federal.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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