Respira
Por Lourdes Molina
La reforma judicial es un hecho, más vale entenderla y ocuparnos para contrarrestar sus efectos. En ese sentido, surge la pertinencia del cuestionamiento de si la reforma protege o amenaza a las minorías y a la democracia en México.
En el contexto de la interrogante, se parte de la idea de que parte esencial de la democracia es establecer límites a las mayorías, que la Corte es parte del control que protege el valor de la democracia, salvaguardando la voz del pueblo.
La reforma propone cambios en suspensiones y los efectos de las sentencias de amparo: las suspensiones no pueden tener efectos generales cuando se trate de leyes, y los jueces de distrito no pueden conceder con efectos generales amparos cuando se trate de normas generales.
¿Con esta reforma se protege a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como mecanismo de control que protege a las minorías y la democracia?
Partiendo de que la corte no desaparece, la respuesta es que continúa como el órgano constitucional diseñado como mecanismo de protección a las minorías y la democracia, ya que no se impide solicitar la protección constitucional y también respeta la voluntad del pueblo, que se ejerce por medio de sus representantes electos por el voto popular. Así se materializa la división de poderes en un estado democrático, sin soslayar los derechos de las minorías ante el árbitro neutral, la SCJN, para que revise las decisiones de los otros poderes y autoridades y les restablezca sus derechos trastocados.
Sin que pase desapercibido que los modelos de política actual tratan a sus adversarios como enemigos, intimidan a la prensa, amenazan con impugnar los resultados electorales, intentan debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales, entre otros organismos, corriendo el riesgo de llegar al autoritarismo por medio de la reestructura, por ejemplo, de las reglas electorales, o de establecer mecanismos para nombramientos judiciales mediante la fórmula de elección y no de designación. Esto nos lleva a la siguiente pregunta:
¿Estamos ante la destrucción de las instituciones que se crearon bajo el discurso del fortalecimiento de la democracia para México, o frente a un nuevo diseño institucional para buscar el fortalecimiento de la democracia en México?
Tal pareciera que estamos ante la primera de las interrogantes, que estamos ante la destrucción de las instituciones que se crearon para fortalecer la democracia en México y el estado de derecho, con la finalidad de lograr un estado autoritario por medio del debilitamiento de las instituciones.
Considero que estamos ante un nuevo modelo de gobierno que requiere un nuevo diseño institucional. Bajo el discurso del partido en el poder, este busca fortalecer la independencia de México mediante autonomía económica como nación, con población económicamente fortalecida y con acceso a lo mínimo para una vida digna, es decir, una sociedad en armonía, producto de la paz social.
Sin embargo, el discurso del partido oficialista y de los impulsores de la reforma parece actualizar los cuatro indicadores clave del comportamiento autoritario. En la obra Cómo mueren las democracias, Levitsky y Ziblatt proponen como indicadores clave del comportamiento autoritario: el rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas del juego; negación de la legitimidad de los adversarios políticos; tolerancia o fomento de la violencia; y la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.
Comparto con los autores que la responsabilidad de evitar que lleguen personas autoritarias al poder, más que de la corte y los ministros, es responsabilidad de los partidos políticos y sus líderes, porque son los guardianes de la democracia. Esto implica mantener a los líderes potencialmente autoritarios fuera de las listas electorales, resistir la tentación de designar a extremistas en cargos relevantes a pesar de su popularidad, eliminarlos de sus filas, evitar alianzas con partidos y candidatos antidemocráticos, adoptar medidas para aislar sistemáticamente a extremistas lejos de legitimarlos, y evitar normalizar o respetar públicamente a figuras autoritarias, e incluso formar un frente común ante extremistas postulados como contrincantes electorales fuertes.
Partiendo de esa base, resulta pertinente plantearse la siguiente pregunta: ¿Es el caso en nuestro país? Y, ¿cuáles son los riesgos?
El contexto de la pregunta es en el sentido de que, para sostener la viabilidad de atribuir legitimidad democrática a los ministros, magistrados y jueces a través del voto popular, es necesario contar con instituciones democráticas en buen estado que permitan garantizar elecciones libres y universales con el piso parejo.
Se pone de ejemplo la elección pasada y se plantea el interrogante referido. Ya que, en base a la votación de la presidencia y el resto de candidaturas, el pueblo de México ha reiterado su deseo de intentar obtener un cambio en el modelo de gobernar, a pesar de factores como la inseguridad, que según números estadísticos no ha tenido mejoría en comparación con gobiernos anteriores. Esto es solo un ejemplo. En ese sentido, considero que son los mismos motivos los que llevaron al resultado de la reforma judicial y el cambio en el modelo institucional para que los funcionarios jurisdiccionales sean electos mediante el voto popular. El pueblo quiere otro modelo de justicia. Las preguntas son: ¿En qué contribuyó la justicia para que el pueblo no saliera en su defensa? Y, ¿estamos ante la destrucción de la democracia, debido a que se eliminarán los contrapesos y de esta forma serán silenciadas las minorías?
Les invito a que me acompañe en este análisis en la próxima edición.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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