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Por Marilú Acosta
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Zihuatlán (lugar junto a las mujeres, en náhuatl) es la zona del actual Estado de Guerrero y los vestigios más antiguos datan de hace 22 mil años. Su historia prehispánica es vasta. Los Olmecas sembraron el concepto del Hombre Jaguar, construyeron templos ceremoniales y dieron una estructura política, cultural y religiosa que los sacerdotes administraron, formando poco a poco el gobierno. Los Mezcala y Coixcas se asentaron aproximadamente en el siglo VIII, incorporando el modelo teotihuacano en la cerámica; se crearon espacios para el juego de pelota y se desarrolla la escultura en piedra.

Para el siglo XIV, eran varios pueblos los que convivían en la zona, disfrutando de la agricultura y desarrollando una fuerte presencia religiosa y militar. Algunos de estos pueblos coexistían de manera pacífica y otros estaban en guerra constante. Durante la expansión del Imperio Azteca, los Yopes nunca fueron sometidos, sin embargo los desgastaron a tal grado, que cuando los españoles llegaron a lo que hoy es Guerrero, los Yopes, entre otros, se sometieron voluntariamente ante Cortés.

Durante el Virreinato, la hacienda de Ayotzinapa (el lugar de las tortugas, en náhuatl) sostuvo la economía del municipio mediante la producción de maíz, frijol, algodón y caña. Esta hacienda se sitúa en la ciudad de Tixtla (harina o masa de maíz, en náhuatl), la cual para el siglo XIX, era uno de los centros más poblados y productivos del Sur de México. En Tixtla nació el 10 de agosto de 1782, a quien se le conoció como el Caudillo del Sur (Vicente Guerrero) y cuyo apellido y trayectoria dan nombre al Estado de Guerrero, creado el 27 de octubre de 1849. En 1851 Tilpa se convierte en la capital de Guerrero, pero una epidemia de cólera obligó a ceder esa función a Chilpancingo en 1853. Sin poder consolidarse como capital y en medio de pugnas por el poder, Tixtla deja de ser definitivamente la capital de Guerrero en 1872.

La historia de la región hasta el fin del Virreinato, ha sido una de evolución, desarrollo social, cultural y religioso, así como de una sólida expansión económica. Con la Independencia, la Revolución, la creación posrevolucionaria (1926) de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y la manipulación política de la desaparición de 43 normalistas; la región no ha logrado salir de la pobreza (económica, social, cultural, política y religiosa). El actual gobierno utilizó esta desaparición para fomentar la imagen de “lucha social” y de “primero los pobres”, sin embargo sus palabras nunca fueron seguidas de acciones.

Antes del 2014, cuando desaparecen los 43 normalistas, las Escuelas Normales de todo el país contaban con un presupuesto de entre 600 y 700 millones de pesos anuales. En 2015, el presupuesto fue de 1,195 millones de pesos. En 2018, último año de Enrique Peña Nieto, se les dio 928 millones de pesos. En 2019, primer año de AMLO, el presupuesto del gobierno de la lucha social, sólo aprobó 341.6 millones de pesos. En 2020 se les asignó 461 millones de pesos. En 2021, apenas 170 millones de pesos. En 2022, el presupuesto sube a 774 millones de pesos. El sexenio de Enrique Peña Nieto, en total, tuvo un presupuesto para las Escuelas Normales de 7 mil 382 millones de pesos, mientras que el de AMLO fue de 3 mil 776 millones de pesos, es decir, el movimiento de regeneración nacional, el partido humanista, el gobierno del pueblo, sólo destinó el 51% de lo que destinó el priista de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto.

Independientemente de que, en términos generales de crecimiento, lo peor que le ha pasado a la región (Guerrero) ha sido la Independencia, la Revolución, el crimen organizado y MORENA, ha sido sumamente perverso de toda la sociedad, nacional e internacional, la cantaleta de vivos se los llevaron y vivos los queremos. Rosario Ibarra de Piedra acuña esta frase completamente irracional, porque la muerte no regresa a nadie a la vida. Aplaudirle como defensora de los derechos humanos, mientras grita lo imposible, habla del nivel de razonamiento que tiene la sociedad. Impedirle a los ciudadanos tener un duelo saludable es de las acciones más ruines que pueden existir. Mantener vivos a los muertos es un abuso psicológico, espiritual, emocional, mental y físico; además de un problema legal. Dejen de utilizar a esas 43 familias como carne de cañón en un decadente y manipulador sistema político y social. A diez años sólo queda decir: que descansen en paz y que accedan a una verdadera justicia social con la expedición de 43 actas de defunciones que les den, por lo menos, certeza jurídica a sus deudos.


Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.


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