Respira
Por Melissa Ayala
Este domingo, la atención de la ciudad se centró en el Autódromo Hermanos Rodríguez, no por los motores de la Fórmula 1, sino por un acto de protesta que se recibió como respuesta a la represión. Trabajadores del Poder Judicial tenían planeada una manifestación pacífica contra la reforma al poder judicial federal; sin embargo, a primera hora del domingo, dos juezas fueron encapsuladas por más de setenta elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Las dos juezas se encontraban con un megáfono, una manta con consignas y una bandera y en lugar de permitirse su protesta, muy rápidamente se encontraron rodeadas por la policía y por más que ellas señalaban que la constitución las protegía y se tenía el derecho a la protesta y manifestación, los elementos policiales no las dejaban de rodear, privándolas de su libertad sin razón alguna.
Ante esta situación, los trabajadores del Poder Judicial presentaron una demanda de amparo urgente, la cual fue atendida con celeridad. El juez concedió la suspensión de plano, ordenando que los manifestantes pudieran salir del encapsulamiento de inmediato. Este es un claro ejemplo de cómo el sistema judicial puede ser un contrapeso ante la arbitrariedad del poder y subraya la importancia de la independencia judicial en momentos de crisis.
El derecho a la protesta es esencial para el funcionamiento de cualquier democracia. Este derecho permite a los individuos y grupos manifestar sus opiniones y demandas ante el Estado. Sin embargo, en este caso, este tipo de actos provocan un efecto inhibidor.
El uso de la fuerza policial contra manifestantes no solo es una violación de derechos, sino que actúa como un poderoso mecanismo de control social que busca silenciar la disidencia. Esta represión sistemática, que se manifiesta a través de tácticas como el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y el encapsulamiento de grupos, crea un ambiente de terror que inhibe a los ciudadanos de ejercer su derecho fundamental a la protesta. Este enfoque represivo no sólo erosiona la confianza en las instituciones democráticas, sino que también fomenta una cultura de miedo que debilita la capacidad de la sociedad para organizarse y defender sus derechos. Así, el derecho a protestar se convierte en un privilegio reservado para aquellos que no desafían el statu quo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas y a distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al gobierno, a su situación particular, así como por el acceso y cumplimiento a los derechos políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, la Constitución de la Ciudad de México establece que la protesta social es un derecho individual y colectivo y que está prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública. Este derecho debería ser un pilar fundamental de la vida democrática, pero en la práctica, parece estar siendo vulnerado.
El silencio ante estas situaciones no es una opción viable aún si se está a favor de la reforma al poder judicial. La democracia se construye con la participación activa de todas, y es vital que se respete el derecho a la protesta como parte de este proceso. En este momento crucial, es necesario reafirmar que el derecho a protestar no solo es fundamental, sino que es un indicador de la salud de nuestra democracia. No podemos permitir que se silencien las voces que exigen justicia y dignidad.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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